Patti será sometido a juicio oral



El juez Ariel Lijo consideró que el ex comisario y fallido diputado nacional debe ser sometido a juicio por haber colaborado en ocultar a un militar prófugo, acusado de delitos de lesa humanidad.

El futuro político del ex comisario Luis Abelardo Patti es cada vez más negro. El juez federal Ariel Lijo decidió someterlo a juicio oral por la ayuda que le brindó a un teniente coronel que era buscado por la Justicia en una causa por violación a los derechos humanos de la última dictadura militar. El ex intendente de Escobar, investigado y denunciado en media docena de casos emblemáticos de la dictadura, “colaboró –según el juez– mediante su influencia” y “poniendo a disposición una persona” en el “encubrimiento” del militar. La resolución puede jugar como agravante para la definición del futuro de su banca en el Congreso de la Nación, que está en manos de la Corte Suprema.
La causa de Lijo se abrió en el año 2003, como un anexo al expediente que investiga la Justicia en el marco de los desaparecidos y las víctimas de la llamada Contraofensiva Montonera. En esa causa, la Justicia ordenó el 8 de julio de 2002 la detención del teniente coronel Jorge Horacio Granada, al parecer un amigo personal del ex comisario.
El juez federal Lijo pudo comprobar esa hipótesis a lo largo de la investigación que cerró con la elevación a juicio oral. Según dejó escrito en la resolución, Luis Patti “colaboró para que Jorge Horacio Granada –quien se encontraba prófugo– eluda las diversas acciones desarrolladas por fuerzas de seguridad para lograr su captura”.
En los hechos, Patti prestó ayuda a una persona para que logre mantenerse en “situación de libertad clandestina”, sintetizó el juez. Los datos surgieron del cruce de una comunicación telefónica entre el número celular de Granada y un celular de la Municipalidad de Escobar usado por el ex intendente. La grabación se tomó el 7 de agosto de 2003.
Durante el proceso, el ex comisario pudo hacer su descargo y dio cuenta de su versión sobre esa charla. “... Se podría decir que somos amigos...”, le dijo luego al juez para explicar por qué decidió atenderlo. Sobre la base de esa amistad, explicó, quiso brindarle ayuda e incluyó una asistencia económica. En el mismo descargo advirtió, además, que “desconocía” que su amigo estaba prófugo. Luego de aquella charla, la Justicia detuvo finalmente a su amigo Granada, momento en el que –según quedó dicho en el expediente– Patti, inconforme, intentó comunicarse con el juzgado para solicitar su alojamiento en una unidad de detención militar y no en una cárcel común.
El último 5 de julio, el fiscal Oscar Ricardo Amirante, a cargo de esta causa, había solicitado formalmente la elevación a juicio y calificó su conducta de encubrimiento. En esa línea, se pronunció ahora Lijo, que pasará el expediente a la Secretaría General para que realice el sorteo y designe un tribunal para la etapa oral.
Pero más allá de la causa, Patti es blanco de otras causas emblemáticas por delitos de lesa humanidad por su actuación en la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Parte de esas causas son los procesos por el fusilamiento de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi y el homicidio de Gastón Gonçalves. En ese contexto, quienes siguen las causas en su contra entienden que el caso Granada puede convertirse en una bisagra: una acusación menor por el tipo de delito –el encubrimiento–, pero simbólica.
Desde que el Congreso Nacional comenzó a impulsar la impugnación de su banca de diputado, el ex comisario se defendió mencionando su situación en la Justicia. Recordó que no tenía condenas firmes y no se equivocó. Aunque el Congreso consiguió impugnarlo el 23 de mayo con 164 votos a favor, el 13 de septiembre la Cámara Nacional Electoral rechazó la decisión del Congreso y del juez de primera instancia. A criterio del tribunal, el Congreso sólo puede hacer uso del derecho de juzgar a sus miembros cuando media un delito de lesa humanidad. Pero la excepción no alcanzó a Patti porque para los camaristas el delito tiene que haber sido juzgado y condenado. El caso ahora está bajo análisis de la Corte Suprema. La causa Granada va por una vía distinta, pero cuando llegue a la instancia oral y pública puede terminar en la condena que exigió la Cámara Nacional Electoral.
(Fuente: Página 12)

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Marcha en Rosario por Jorge Julio López


Organismos manifestaron en Rosario por la "urgente aparición de López", el albañil bonaerense testigo clave en el juicio a Etchecolatz. En Santa Fe aparecieron volantes anónimos amenazadores.
Distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, sociales y políticas se concentraron ayer en la Plaza 25 de Mayo para reclamar la aparición con vida de Jorge Julio López, el albañil de 77 años testigo principal en la causa contra el represor Miguel Etchecolatz. Funcionarios provinciales, concejales, autoridades municipales y ciudadanos en general se sumaron al pedido de "urgente aparición" del testigo que está desaparecido desde hace una semana. En Santa Fe en tanto aparecieron frente a la Casa de Derechos Humanos ﷓que integran las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos﷓, volantes anónimos que advertían: "Jorge López: desaparecido 30.001. ¿Quién será el 30.002".

La convocatoria local realizada por los organismos de derechos humanos se llevó a cabo a las 18. La ronda fue encabezada por las Madres Norma Vermeulen, Elsa Massa y Elida Lopez, y detrás de ellas las banderas de HIJOS Rosario, APDH Rosario, Museo de la Memoria, Coordinadora de Trabajo Carcelario, ATE Rosario, Movimiento Evita Rosario, Empleados de Comercio, Asamblea de Jubilados, CeProDH, Frente Santiago Pampillón, entre otros. Estuvieron presentes el concejal Juan Rivero, la diputada del ARI Alicia Gutiérrez y el edil del ARI Nire Roldán.

"Ante el intento de frenar la lucha contra la impunidad, debemos estar todos unidos: por eso nos movilizamos para denunciar la desaparición del compañero y a exigir su aparición con vida", explicó Juane Baso de HIJOS.

De igual modo desde el Movimiento Libres del Sur de Santa Fe, un homónimo Julio López (Barrios de Pie) llamó a "sumarse a la enérgica búsqueda de su paradero junto a los organismos de DDHH y las organizaciones populares, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, y participar como ciudadanos, para no tener el primer desaparecido en democracia". Para el dirigente "no es casual que quienes hacen de la inseguridad una bandera para reclamar un aumento represivo de la mano de conocidos procesistas, no tengan nada para decir ante esta angustiante situación".

El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino, repudió un "acto intimidatorio" contra la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, donde arrojaron volantes anónimos: "Jorge López: desaparecido 30.001. ¿Quién será el 30.002", decía el mensaje amenazador. "Esta es una actitud mafiosa digna de sectores que aún operan con total impunidad", denunciaron los organismos. Pochettino fue el primero en el gobierno de Jorge Obeid en condenar el ataque y aseguró que "ya se habían instrumentado todas las medidas pertinentes para el esclarecimiento del hecho y protección de los integrantes de la entidad".

Los dirigentes de la Casa de Derechos Humanos ﷓ubicada en calle Primera Junta, entre Urquiza y Francia﷓ convocaron anoche a una conferencia de prensa para denunciar el episodio que atribuyeron a "sectores que aún operan con total impunidad" en Santa Fe. Pochettino manifestó su "profunda preocupación ante la falta de noticias sobre el paradero" de López.

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Por la aparición de Julio López


Reunión y conferencia de prensa en ATE Rosario a las 18hs

Invitamos a todos quienes en estos 30 años se hayan sentido parte de la lucha por el juicio y castigo a los genocidas, a juntarnos para evaluar la situación de la desaparición del compañero Julio López, y la posibilidad de organizar una movilización unitaria para demostrar que la sociedad está deicida a poner fin a la impunidad.

Invita Madres y Abuelas de plaza 25 de Mayo, H.I.J.O.S Rosario, querellantes de las causas contra el terrorismo de estado, organizaciones sociales, gremiales y políticas


Julio López fue uno de los testigos claves del reciente juicio a Miguel Etchecolatz, desapreció de su domicilio en la madrugada del domingo último, su familia desconoce donde se encuentra y la policía junto al Estado Nacional lanzaron una intensa campaña de búsqueda.
H.I.J.O.S. denuncia y expresa su preocupación por la desaparición de Jorge Julio López, ex detenido-desaparecido, testigo querellante en el juicio oral contra el ex Director de la Policía de Buenos Aires Miguel Etchecolatz.
El compañero López, de 76 años, fue testigo principal en la causa que culminó con la condena por genocidio a reclusión perpetua de Etchecolatz. Durante el juicio, Jorge Julio López atestiguó sobre su secuestro en octubre de 1976 por la “patota” de Etchecolatz, sobre la tortura que sufrió durante su detención y sobre la ejecución de otros detenidos en los centros clandestinos Destacamento policial de Arana, “Pozo de Arana” y la Comisaría Quinta de La Plata (Policía de la Provincia de Buenos Aires).
El lunes 18 de septiembre López debía presentarse durante los alegatos de las querellas contra Etchecolatz.

Tememos que su desaparición se trate de represalias por su testimonio en el mencionado proceso. Encontramos particularmente preocupante que un compañero víctima de desaparición forzada durante la dictadura, sea desaparecido nuevamente 30 años después, justo cuando se enfrenta valerosamente a sus agresores en búsqueda de justicia.

Miguel Etchecolatz fue condenado a cadena perpetua por “homicidio calificado, privación de la libertad y aplicación de tormentos” ocurridos “en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983” en tanto que Director de la policía de la Provincia de Buenos Aires durante esta época. Es la primera vez que se introduce en fallo de la justicia argentina la figura del genocidio para los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar en Argentina.
Comunicamos que el VIERNES 22 A LAS 17 hs se realizará una manifestación FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA, para que se arbitren y agilicen todos los medios para saber qué pasa con nuestro compañero.
Contacto 156434799

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Desapareció un testigo de la causa contra Etchecolatz


Buscamos a nuestro compañero Julio López


COMUNICADO DE PRENSA

Nuestro compañero Julio López, ex detenido-desaparecido, testigo y querellante en el juicio oral que está llevando a cabo contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, se encuentra con paradero desconocido desde el martes 19 de septiembre.

Julio tiene 76 años, testimonió sobre su secuestro, sucedido en octubre de 1976, llevado a cabo por una "patota" que integraban, entre otros, Etchecolatz. Estuvo detenido-desaparecido en los centros clandestinos Destacamento policial de Arana, "Pozo de Arana", y Comisaría Quinta de La Plata.

Debía presentarse para presenciar los alegatos de las querellas contra el represor en el edificio de la Municipalidad de La Plata, y al no comparecer se descubrió su ausencia desde muy tempranas horas.

Ante esta situación, que se prolongó durante todo el día, se realizó la presentación de un Habeas Corpus, denuncias en diferentes organismos estatales y medios de comunicación, y se está llevando a cabo una ardua búsqueda en la ciudad de La Plata.

Solicitamos ayuda e información sobre su paradero.


Ante cualquier información, rogamos se comuniquen inmediatamente a los teléfonos:

Nilda Eloy: (0221) 453-3136
Luciano Sívori: (0221) (15) 561-0248
Guadalupe Godoy: (011) (15) 5113-1589

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“Etchecolatz fue condenado por delitos cometidos en el marco del genocidio”


EL EX COMISARIO MIGUEL ETCHECOLATZ DEBRÁ CUMPLIR PRISIÓN PERPETUA POR ASESINATOS, SECUESTROS Y TORTURAS

La lectura de la sentencia fue interrumpida por una lluvia de pintura roja que llegó al represor, que seguirá detenido en la cárcel de Marcos Paz. Es la segunda condena por crímenes de la última dictadura después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Etchecolatz, que se presentó como un “detenido político”, ya tiene otra cita en tribunales.


Por Werner Pertot (Página 12)

De traje y chaleco antibalas, con el rostro pálido y duro como una calavera, el ex director de Investigaciones de la policía de Ramón Camps, Miguel Osvaldo Etchecolatz, se sentó en el banquillo. El presidente del Tribunal Oral Federal 1, Carlos Rozanski, le pidió al público que le permitieran leer la sentencia hasta el final. Pero no pudo. “Condenando a la pena de reclusión perpetua...”, alcanzó a decir, antes que toda la sala se uniera en un único grito, liberando la tensión acumulada. El cordón de policías y penitenciarios que rodeaba al represor levantó los escudos, pero no pudo evitar la lluvia de bombas de pintura roja. Etchecolatz se retiró entre los gritos de “asesino”. Ya no volvería sino su abogado, para escuchar el resto de la condena por seis asesinatos y ocho secuestros y torturas, que lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, lo envió a una cárcel común y señaló, por primera vez, que todos sus crímenes fueron “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”.

El fallo de los jueces Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo es el segundo que condena a un represor tras la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad que dictaminó la Corte Suprema. La primera fue la de Julio Simón, alias “El Turco Julián”. El 4 de agosto de 1976 fue sentenciado a 25 años por el secuestro y asesinato de José Poblete y Gertrudis Hlaczik. En el caso de Etchecolatz, es su tercera condena por delitos en la dictadura: la primera vez se amparó en la ley de obediencia debida y por la segunda gozaba de prisión domiciliaria. El beneficio le fue revocado por el Tribunal Oral 3 cuando se comprobó que guardaba una 9 milímetros de Fabricaciones Militares en su casa. Tras la nueva condena –esta vez, de cumplimiento efectivo– el periplo del represor en los tribunales no concluyó: fue citado a declarar hoy por la Cámara de Apelaciones en el caso del actual embajador de España, Carlos Bettini, que tiene cuatro familiares desaparecidos.

Bombas de fósforo

Bajo un cielo soleado y con Bob Marley de fondo, la jornada empezó con una vigilia de organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales y estudiantiles que se instalaron entre las flores del jardín de la Municipalidad de La Plata, donde transcurrió el juicio. Entre la gran mayoría de jóvenes, estaban los familiares de las víctimas por las que fue juzgado Etchecolatz. Con su bastón blanco, estaba María Isabel Chorobik de Mariani –a quien todos conocen como “Chicha”– suegra de Diana Teruggi, que fue asesinada el 24 de noviembre de 1976. Ese día la casa que compartía con Daniel Mariani fue bombardeada por un operativo conjunto de la Armada, el Ejército y la Policía bonaerense, que tuvo al frente a Etchecolatz. Terrugi cayó junto al limonero del patio, protegiendo con el cuerpo a su bebé, Clara Anahí, a quien todavía busca su abuela.

También estaba Nilda Eloy, que en el juicio relató su paso por seis centros clandestinos de detención. Etchecolatz encabezó el grupo de tareas que la secuestró y se entrevistó con ella mientras estaba desaparecida. Años más tarde, lo reconoció por televisión. Aunque se mantuvieron en reserva, esperaban la sentencia los familiares de Patricia Dell’Orto, que fue asesinada en el pozo de Arana. “No me maten, quiero criar a mi nenita”, gritó mientras la arrastraban. Un disparo silenció cada uno de sus gritos. En el juicio, la escena fue revivida por un sobreviviente que la presenció: el albañil de 76 años, Julio López, por quien todos preguntaban en el juicio (ver aparte). Patricia y Ambrosio habían desaparecido en el circuito Camps al igual que las tres enfermeras, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado.

“Después de muertos”

Por la tarde, las nubes se cerraron como una condena, mientras en el Salón Dorado transcurrían los alegatos de la defensa, que pidió la absolución del represor. “No hay una sola prueba que vincule al ex comisario”, aseguró el abogado Luis Boffi Carri Pérez, mientras que su colega Adolfo Casabal Elía consideró que “otros países han terminado con las guerras intestinas y en Argentina seguimos con resentimiento”. A su lado, Etchecolatz estaba sentado torcido. Al mediodía, había pedido retirarse alegando “razones de salud”, como hizo durante todo el juicio.

El ex policía de 77 años se transfiguró a la hora de decir sus últimas palabras. “Debo exponer en mi doble condición de prisionero de guerra y detenido político”, dijo con una voz cascada y sepulcral que fue subiendo el volumen. “Este juicio ha sido instalado como un rompecabezas para niños bobos o grandes avivados. Ustedes van a condenar a un enfermo. Como dijo Borges, ustedes no son el juez supremo, que nos espera después de muerto”, les señaló a los magistrados. “No sé rendirme y después de muertos tendremos mucho que hablar”, les advirtió. “No es este tribunal el que me condena, sino que son ustedes los que se condenan”, concluyó Etchecolatz. Y los jueces pasaron a un cuarto intermedio.

Pintado de rojo

El espacioso y barroco Salón Dorado se colmó de militantes de organismos de derechos humanos. Entre el público, se pudo ver al secretario de Derechos Humanos de Nación, Eduardo Luis Duhalde, y su par en la provincia, Edgardo Binstock. También estaban las dirigentes de izquierda Patricia Walsh y Vilma Ripoll. La tensión apretaba cada garganta, cuando Etchecolatz volvió a entrar, rodeado de siete penitenciarios e innumerables policías. Le quitaron las esposas, pero no el chaleco antibalas, que finalmente no lo protegió de las bombas de pintura.

El jefe del operativo quedó con la cabeza pintada de rojo, mientras seguía dando instrucciones por su walkie talkie. “¡Bastaaaa!”, gritaron varias Madres de Plaza de Mayo, mientras agitaban sus brazos para que se volvieran a sentar. Rozanski los sermoneó: “Les pedí que me dejaran terminar. Es evidente que si son agredidos, el juicio no es como debe ser. Nosotros le dimos garantías a la defensa...”.

–¿¡Y qué garantía tuvieron nuestros viejos!? –le respondió un militante de H.I.J.O.S. subido a una silla, mientras sus compañeros levantaban un bosque de fotos de desaparecidos.

Finalmente, el juez pudo terminar de leer la sentencia –cuyos fundamentos se conocerán el martes 26– ante un abogado hundido en una marea policial. Los militantes de H.I.J.O.S. estallaron en gritos, cantos, lágrimas, abrazos. Algunos se acordaban de Julio López. Otros llamaban a sus abuelos. Y todos coreaban: “Vas a la cárcel, Etchecolatz, no es el Estadoooo es la lucha populaaaaar”.

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Ya son 238 los detenidos por violaciones a los derechos humanos

Nota correspondiente a la publicación del día Sábado de 16 de Setiembre de 2006 - Agencia Télam

15:10 - POLITICA DICTADURA MILITAR Ya son 238 los detenidos por violaciones a los derechos humanos Solo en el último trimestre, 27 personas fueron apresadas. Es un síntoma del avance de la Justicia tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el país hay 959 causas que investigan estos delitos ocurridos durante el terrorismo de Estado.

Por Rubén Furman
Como un síntoma indudable del avance de la Justicia tras la anulación de las leyes de de Obediencia Debida y Punto Final, otros 27 ex represores acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar fueron detenidos en el último trimestre. Con ellos, según un registro que lleva la Procuración General de la Nación, la nómina suma ya 238 detenidos, en el marco de las 959 causas que en todo el país investigan las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.En esa lista de detenidos figura el ex número dos de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, quien en la semana próxima sería sentenciado a prisión por seis asesinatos y decenas de secuestros y tormentos por los que es juzgado por el tribunal oral federal de La Plata. Las llamadas "leyes del perdón", dictadas durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, fueron anuladas por la Corte Suprema de Justicia hace quince meses luego de un pronunciamiento masivo del Congreso alentado desde el Gobierno, lo que removió -tras 18 años- los obstáculos para la aplicación de justicia penal efectiva. Por la naturaleza de los crímenes cometidos en esa época: secuestros, tormentos, asesinatos y miles de desapariciones; tras la indagatoria la mayoría de los imputados son detenidos, como explicó el jueves último la defensa del ex jefe carapintada y ex intendente de San Miguel, Aldo Rico. El cabecilla de los alzamientos militares que desembocaron, precisamente, en la sanción de las leyes del perdón, fue indagado por el juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, por su presunta participación en el secuestro de los militantes peronistas Delia Kennedy y Américo Sady, desaparecidos desde 1976, pero el magistrado no encontró mérito suficiente y los dejó en libertad. Ese hecho está incluído en la megacausa 4012 caratulada "Riveros, Santiago y otros s/ privación ilegal de libertad, homicidios y otros", en la que se investigan la represión cuando ese ex general era jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo entre 1975 y 1979, y en los partidos de San Martín, San Isidro, Vicente López y otras localidades de zona norte. En ese marco, el magistrado había dispuesto a comienzos de semana las detenciones de los represores Osvaldo Jorge García, César Amadeo Fragni, Raúl Horacio Harsich y Alberto Angel Aneto por el secuestro, tortura, robo y desaparición del adolescente Floreal Floreal, que forma parte de la megacausa. A Riveros, ya preso por el robo de bebés nacidos en cautiverio, la Cámara de Casación Penal le anuló el viernes el indulto con que lo benefició durante su primera presidencia Carlos Menem, lo que constituye un importante antecedente sobre cómo evolucionará la cuestión. Hace diez días, el juez federal Norberto Oyarbide anuló los indultos que también beneficiaron al dictador Jorge Videla, y a sus ministros de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y de Interior, Albano Harguindeguy, por el secuestro de dos empresarios, en 1977. La caída de los indultos, promovida por el Gobierno a través de la Secretaría de Derechos Humanos, es un tema sobre el cual la palabra final la tendrá la Corte Suprema. Entre los ex represores detenidos en los últimos meses hay figuras conocidas, como el ex agente de inteligencia militar Raúl Guglialminetti, quien llegó a integrar la custodia presidencial de Alfonsín y ahora está procesado en la "causa Suarez Mason". También el general retirado Eduardo Cabanillas, que con el grado de capitán estuvo asignado en la SIDE y en el centro de detención de Automotores Orletti. En la nómina de 238 detenidos hasta la semana pasada está incluido también al ex sargento de la federal Julio Simón, alias Turco Julián, primer condenado a 25 años de prisión tras la anulación de las leyes por el secuestro y homicidio del matrimonio Poblete-Hladzcik. El jueves último, también la justicia federal de San Luis ordenó las detenciones, ya concretadas, del coronel (r) Miguel Angel Fernández Gez y del mayor (r) Hugo Franco, jefes de zona y de la policía puntana acusados del asesinato de una Graciela Fiochetti en 1976. Otras cuatro detenciones aun no fueron concretadas Este desempolvamiento de causas alcanzó a hechos emblemáticos, como el asesinato del obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, en la cual aún no hubo procesamientos ni detenciones; y la causa por el secuestro y asesinato, en 1982, de los jefes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, en la cual está involucrado el ex comisario Luis Patti.

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16 de septiembre Mantenimiento de la memoria

H.i.j.o.s restauró la obra de plaza Eva Perón

El 16 de septiembre, al conmemorarse nuevos aniversarios de la instauración de la dictadura fusiladora y la noche de los lápices, la agrupación H.i.j.o.s restauró el álbum público que instalara en la plaza Eva Perón el año pasado.




La obra intenta exponer los hilos de continuidad que unen a la dictadura que derrocó al presidente Juan Perón el 16 de septiembre de 1955, con la dictadura instalada a partir del 24 de marzo de 1976.




El texto de la primer hoja:

El 16 de junio de 1955 aviones de la Marina bombardean la plaza de mayo y la casa Rosada. El intento golpista que mata a 350 personas, es un preludio de lo que se concretaría con el derrocamiento del presidente Juan Perón, perpetrado el 16 de septiembre de ese año.



El texto de la segunda hoja:

A partir del golpe de estado –que barre con las conquistas laborales y sumerge al país en la dependencia económica–, comienza una subterranea resistencia contra la proscripción del peronismo, la represión y la entrega.





El texto de la tercer hoja:

En los años sesenta nuevas generaciones se suman masivamente a la lucha contra el régimen militar. En un escenario de violencia, impuesto por la dictadura, nacen nuevas organizaciones que empiezan a poner en jaque a la dictadura comandada por Juan Carlos Onganía.





El texto de la cuarta hoja:

Luego de que la presión popular obligara al presidente de facto Agustín Lanusse, a realizar el llamado a elecciones en 1973, el poder militar nuevamente irrumpe con un golpe el 24 de marzo de 1976, desatando el terrorismo de estado más cruento de la historia argentina. Treinta mil detenidos desaparecidos, torturas, robos de bebes a las prisioneras. Se incrementa la deuda externa atando al país a la dependencia del poder financiero internacional, se destruyen las empresas públicas y se aniquila la industria nacional a favor de las multinacionales.



Noche de los Lápices:

El 16 de septiembre de 1976 son secuestrados y desaparecidos seis jóvenes de la Unión de Estudiantes Secundarios de entre 16 y 18 años. Su reclamo pasaba por el medio boleto escolar, su compromiso era el trabajo solidario en las villas miseria de la ciudad de La Plata.

La fecha es recordada hoy como el día del estudiante.

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Guerrieri, Fariña, Amelong y Constanzo, a juicio oral

Preparan pedido para imputados en la causa Quinta de Funes

Lo decidió Sutter Schneider, juez que además prorrogó por un año la prisión preventiva del represor Lo Fiego


Javier Felcaro (La Capital)

El magistrado federal Nº4 de Rosario, Germán Sutter Schneider, se apresta a llevar a juicio oral a cuatro imputados en la causa por la que se investiga el funcionamiento del centro clandestino de detención Quinta de Funes durante la última dictadura militar. Además, prorrogó por un año la prisión preventiva que cumple el represor José Lo Fiego.

Sutter Schneider, según pudo saber La Capital, elevará a la instancia oral los casos por los que fueron arrestados y procesados los ex tenientes coroneles Oscar Pascual Guerrieri y Jorge Fariña, el ex teniente Juan Daniel Amelong y el civil Eduardo Tucu Constanzo, en el marco del primer expediente reabierto en 2004, tras comenzar como un juicio por la verdad histórica.

Pero el trámite demandará tiempo: el magistrado, una vez que considere terminada la etapa instructoria, deberá notificar a la fiscalía, las querellas y las defensas. Y antes del inicio de las audiencias públicas los vocales del tribunal oral tendrán que analizar la causa.

El caso de los también encartados Luciano Jáuregui (ex general), Carlos Sfulcini (abogado, en libertad) y Walter Pagano (otrora agente de Inteligencia del Ejército) quedará para una segunda etapa porque aún restan medidas judiciales por adoptar.


Otros 24 meses
En tanto, si bien Lo Fiego (alias el Ciego o Mengele) lleva más de dos años preso sin sentencia condenatoria en el marco de la causa Feced, el juez prorrogó, a través de una resolución fundada, la detención del ex policía provincial.

El Pacto de San José de Costa Rica recomienda liberar a los procesados que cuentan con más de dos años de cárcel, aunque la ley permite extender ese plazo frente a delitos graves o investigaciones complejas.

Lo Fiego había sido encartado en el 2004 por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas en 17 casos, en concurso real por torturas en 44 ocasiones y seguida de desaparición forzada de personas en tres oportunidades.

Al año siguiente, el entonces juez federal subrogante Carlos Vera Barros lo responsabilizó de haber integrado una asociación ilícita agravada y amplió su procesamiento.

En una de sus últimas (y maratónicas) declaraciones espontáneas en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900, Lo Fiego insistió en que fue coaccionado por sus superiores para perpetrar los delitos de lesa humanidad que se le endilgan.

Lo Fiego es un oscuro ícono de la patota de Agustín Feced, el comandante de Gendarmería que condujo la represión ilegal bajo el control operacional del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario.

Paralelamente, continúan en rebeldía y con orden de captura seis imputados en la megacausa que engloba las violaciones a los derechos humanos cometidas en el sur santafesino.

Entre los que están prófugos desde hace dos años se encuentran Carlos Dippy Moore y Carlos Ulpiano Altamirano. El juez pidió que se los busque dentro y fuera del país.

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Restitución de un desaparecido uruguayo


Encuentro con la historia del hermano desaparecido

Cuatro hermanas del uruguayo Dardo Rutilio Betancourt viajaron de ese país y Suecia para recibir los restos del tupamaro fusilado por el Ejército argentino en 1974. Los huesos fueron identificados por el Equipo de Antropología Forense.


Por Camilo Ratti (Página 12)
Desde Córdoba

El viernes en Catamarca fueron entregados a sus familiares los restos de Dardo Rutilio Betancourt, el ciudadano uruguayo identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Fusilado por el Ejército argentino el 12 de agosto de 1974 y enterrado junto a otras cinco personas como NN, su historia es parecida a la de muchos de su generación: abrazó la causa revolucionaria y terminó siendo víctima del terrorismo de Estado de la década del ’70. Hijo de campesinos, en plena efervescencia sesentista se integró al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro cuando todavía no tenía veinte años, por lo que fue perseguido y metido preso. Una vez liberado, viajó en 1972 hacia Cuba e ingresó clandestinamente en la Argentina para pelear con la guerrilla del ERP. Cuatro de sus cinco hermanos, también víctimas de la dictadura oriental, viajaron desde Suecia y Uruguay para encontrarse con él y cerrar una larga y dolorosa pesadilla que llevaba más de treinta años sin respuestas.

Fue en el aeropuerto de Carrasco, en el ’72, la última vez que sus padres y hermanos vieron a Rutilio. Salía de prisión por su actividad en Tupamaros y el gobierno oriental le había dado la posibilidad de irse del país. Todavía Uruguay no estaba en dictadura, pero faltaba poco. Rutilio tomó un avión rumbo al Chile de Allende y de ahí otro hacia Cuba, donde estuvo casi un año entrenándose “para combatir al imperialismo”.

Sin contactos con su familia y con el Plan Cóndor en sus primeros pasos, el joven guerrillero ingresó clandestinamente en la Argentina para pelear junto al ERP en los montes tucumanos. Pero iba a morir allí cerca, en Catamarca, cuando la organización que lideraba Santucho intentara fallidamente copar el Cuartel Aerotransportado 17. Después de combatir durante un día entero contra el Ejército y la policía, Rutilio y otros quince combatientes se entregaron por falta de armamento. Acordaron con los jefes del operativo militar una rendición, pero no fueron respetados.

Según testimonios y escritos incorporados a la causa que se tramita en la Justicia federal catamarqueña, cerca de catorce guerrilleros fueron fusilados y cinco de ellos enterrados como NN en el cementerio de la capital. En julio de este año, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Laboratorio Lidmo confirmaron que uno de esos cuerpos era el de Dardo Rutilio Betancourt, nacido en 1950 en Rosario, una pequeña ciudad uruguaya.

El viernes pasado, sus huesos fueron entregados a sus cuatro hermanas, que viajaron desde Suecia y Uruguay para encontrarse con su hermano desaparecido. “Fue un vecino nuestro que lo identificó en una foto de un diario de Buenos Aires el que nos avisó. Pero en aquellos años nosotros no teníamos posibilidades de confirmar nada. Hacía un año que estaba la dictadura y el ambiente era irrespirable”, cuentan a Página/12 Elsa, Yolanda, Mabel y Nibia, todas víctimas del terror en Uruguay.

Hijos de una familia campesina humilde muy “concientizada”, los Betancourt siempre participaron en política. “Todos integramos el Movimiento Tupamaro, menos Elsa, que militó junto a Familiares. Desde distintos lugares fuimos parte de esa generación revolucionaria. Rutilio en el aparato militar, nosotras desde un ámbito más político”, dice Yolanda, directora de una escuela primaria en Suecia, el lugar que eligió para el exilio antes del golpe de Estado en su país. “Mi hermano era una persona de una gran sensibilidad social y desde chiquito mostraba un compromiso”, agrega Mabel, melliza del recientemente identificado, que después de estar presa también partió a Suecia antes de la dictadura, y que hoy sigue radicada en el país nórdico trabajando de docente.

Después de que Rutilio dejara obligadamente Uruguay a principios de los ’70, lo único que supieron de él fue de una carta que les llegó. “Era de una carta escrita en códigos, donde nos contaba cosas de su vida y sus objetivos. Eso fue lo último que supimos de él, hasta el día del combate en Catamarca, cuando este vecino lo reconoció en la foto de un diario porteño”, recuerda Elsa, que vivió en Uruguay en los peores años de la dictadura y que recién viajó a Suecia cuando Nibia, la otra hermana que estuvo presa, recuperó su libertad a principios de los ’80. “La información estaba muy compartimentada y por eso no sabíamos que Rutilio estaba en la Argentina peleando con el ERP”, relata Nibia, una maestra jubilada que padeció siete años de cárcel en las peores condiciones.

Aunque las experiencias de cada una fueron diferentes, las cuatro coinciden en que el reencuentro con Rutilio les ayudó a armar el rompecabezas familiar. “Tenemos sensaciones encontradas, porque estamos felices de poder confirmar su muerte, pero también están la tristeza y la bronca de saber cómo murió. Lo que lamentamos es que mamá murió diez días antes de confirmarse la muerte de su hijo, algo que no la dejó en paz hasta su último día.”

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El diputado Juan José Álavarez fue miembro de la SIDE en la dictadura



“Un excelente elemento que no defraudará la confianza”
Así definió a Juan José Alvarez el ministro de Interior de la dictadura Albano Harguindeguy al recomendarlo en la SIDE. El diputado aseguró, en 1981, que quería entrar a la Secretaría de Inteligencia para “servir a la patria”. Hizo cursos de subversión y contrasubversión. El legajo.

Por Victoria Ginzberg (Página 12)

”Conozco desde hace más de cinco años al candidato y lo considero un excelente elemento que no defraudará la confianza que en él se deposite. Un fuerte abrazo.” La carta, fechada en mayo de 1981 y firmada de puño y letra por el general Albano Harguindeguy, entonces ministro del Interior, estaba dirigida al general de división Carlos Alberto Martínez, secretario de Inteligencia del Estado. No sería difícil conseguir el puesto con semejante recomendación. Fue así como el ex ministro de Justicia y por entonces estudiante de Derecho Juan José Alvarez –ahora diputado del grupo “El General”– se convirtió en agente de la SIDE. Allí revistaba bajo el alias de Javier Alzaga.

En 1981 había pasado la etapa más dura de la dictadura. Los secuestros, asesinatos y torturas ya no eran tan frecuentes –aunque no inexistentes–, pero las denuncias sobre los crímenes cometidos por los militares que se empezaban a difundir en el país y, sobre todo, en el exterior, amenazaban la continuidad del gobierno militar. En mayo de ese año, Alvarez se presentó como postulante a agente de Inteligencia. Según se desprende de la carta que él mismo escribió a sus “futuros superiores”, uno de sus objetivos era “servir mejor a nuestra patria”. Entre los “datos aportados por el postulante” figura en su legajo que “el Sr. Alvarez desea ingresar a este organismo por sentirse identificado con el proceso militar actual”.

El 25 de agosto pasado Alvarez fue una de las primeras voces que acompañaron al ex ministro de Economía Roberto Lavagna al entonar la marcha peronista en el bar El General, del que tomaron el nombre para su grupo los peronistas no kirchneristas Eduardo Camaño, Francisco De Narváez, Jorge Sarghini y el mismo Alvarez. Pero para el ex ministro de Justicia, en 1981 ésa era una melodía lejana y desconocida. En ese entonces el diputado se definía como “apolítico” y trabajaba como gerente de ventas en la empresa de su papá, que se dedicaba a la exportación e importación. Se consideraba un buen lector y deportista y quería terminar su carrera de abogacía en la UCA, que había abandonado unos años antes.

El “contrato de locación” entre la Secretaría de Inteligencia y Alvarez se firmó el 1º de julio de ese año. Un año después pasó al plantel básico, donde estuvo hasta que presentó su renuncia el 17 de julio de 1984.

Quien primero presentó a Alvarez ante la SIDE fue su suegro, el coronel (R) del Comando de Remonta y Veterinaria Pedro Mercado, representante olímpico del país en saltos hípicos.

Mercado –involucrado por el policía Rodolfo Peregrino Fernández en el secuestro de la trabajadora social Lucía Cullen (ver aparte)– se esforzó por dejar bien parado a su yerno en el momento de presentar su informe ante la SIDE: aseguró que su porte o postura era “destacada y correcta”, que su pulcritud era “esmerada” y su vestimenta “sobria y correcta”. Describió sus modales como “finos y correctos” y calificó su nivel cultural como “superior”, su temperamento como “aplomado” y a Alvarez mismo como “franco y leal”.

Pero un buen espaldarazo se lo dio el entonces ministro de Interior, Albano Harguindeguy. La semana pasada, el juez federal Norberto Oyarbide anuló el indulto que, junto al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, le había evitado a Harguindeguy ser investigado por los secuestros del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto. Por su cargo en el ministerio, Harguindeguy fue responsable de todos los campos clandestinos de detención que funcionaron en las delegaciones de la Policía Federal en el interior y Capital Federal.

El policía Peregrino Fernández –que fue asistente del represor– aseguró que el ministro del Interior había formado una brigada operativa que se dedicaba a secuestrar personas y que “manejaba personalmente los hechos referentes a la Iglesia”. Harguindeguy está procesado en la causa en la que se investiga el Plan Cóndor. Estuvo preso, pero actualmente espera el juicio en libertad porque fue beneficiado con la excarcelación. En su recomendación para Alvarez, Harguindeguy atestiguó que el estudiante de abogacía, a quien conocía desde hacía más de cinco años, era “un excelente elemento que no defraudará la confianza que en él se deposite”.

Las gestiones de Mercado y Harguindeguy dieron resultado y el diputado juró “por su honor” que se comprometía a “guardar fidelidad y lealtad para con la patria, el organismo que revista y en el desempeño de sus funciones y tareas”. El siguiente paso fue conocer la Ley “S” (secreta) 20.195 que establecía que “todas las actividades que desarrolle la Secretaría de Inteligencia del Estado, como asimismo su organización, funciones y documentación, son calificadas en interés de la Seguridad Nacional de ‘estrictamente secreto y confidencial’”.

Autobiografía

La burocracia que hay que tolerar para convertirse en agente no es menor. Es así que Alvarez debió llenar una extensa declaración jurada de historia personal confidencial, aunque pudo saltearse los casilleros destinados a los miembros de las Fuerzas Armadas. En esa planilla informó que cursó la escuela primaria y secundaria hasta cuarto año en Emaus y que terminó el último año en el Instituto Anglo Argentino. Se preocupó en destacar que tenía “contactos en el extranjero porque durante los dos últimos años había trabajado con su padre en exportaciones e importaciones y trató con comerciantes de Japón, Hong Kong, Taiwan y Estados Unidos”.

Contestó que no había sido miembro del PC u otras organizaciones comunistas ni de alguna organización totalitaria. También respondió “no” a una pregunta que parecía estar fuera de lugar. “¿Es usted o ha sido miembro en nuestro país o en el extranjero de alguna organización, asociación, movimiento o grupo o combinación de personas que propugnan el derrocamiento del gobierno o que ha adoptado la política de propugnar o aprobar la comunión de actos de fuerza o violencia para denegar a otras personas los derechos que tienen según la Constitución, o que tratan de alterar la forma de gobierno por medios inconstitucionales?”, cuestionaba la SIDE, ella misma integrante de una “combinación de personas” que había adoptado “la política de propugnar o aprobar la comunión de actos de fuerza o violencia para denegar a otras personas los derechos que tienen según la Constitución”. Alvarez dijo que no y, al parecer, era la respuesta correcta.

Otros datos de interés para la Secretaría fueron la religión: “católica apostólica romana”, el estado civil: “casado” (estar separado o divorciado implicaba dar muchas explicaciones), los idiomas que hablaba o entendía correctamente: “ninguno” y los deportes que practicaba. En este último punto Alvarez se esmeró. Marcó natación, tenis, tiro de pistola, rugby y fútbol y se describió como aficionado al polo y la equitación. En las últimas elecciones, seguramente influyó el suegro, polista y amante de las artes ecuestres.

Su declaración patrimonial incluía sólo la casa en la que vivía en Hurlingham y una hipoteca en el Banco Provincia. No tenía depósitos bancarios ni en caja de ahorro y seguro y, en relación al dinero en efectivo, respondió “lo normal”.

En la carta a sus “futuros superiores” Alvarez expuso sus “temores” e “incertidumbres” respecto de la decisión que estaba tomando al solicitar, a sus 25 años, convertirse en agente de Inteligencia en plena dictadura. “Temores de, primero, no entrar e incertidumbres de una vez en mi lugar de trabajo, cuál será éste y si estaré realmente capacitado para no defraudar”, escribió el diputado (ver aparte).

Carrera

El alias que como espía tenía que usar para ocultar su identidad seguía la vieja costumbre de coincidir con las iniciales del nombre verdadero. Una vez convertido en Javier Alzaga, a Alvarez no le fue mal.

Sus superiores lo consideraban un “excelente analista” que se destacaba por su “criterio, iniciativa y conocimientos específicos y generales”. En tres evaluaciones lo calificaron con diez en todas las variables: rendimiento, iniciativa, cooperación, disciplina, cultura general y criterio. En 1983 tuvo que repartir sus estudios de abogacía con algunos cursos. “Encuadramiento legal SIDE, Teoría de la Subversión y Contrasubversión, Documentación, Evolución Histórica de Occidente, Introducción a la Contrainteligencia, Introducción a la Inteligencia, Representación Argentina Geográfica y Técnicas de Trabajo.” En todos tuvo buenas notas, pero se destacó en Introducción a la Contrainteligencia.

En 1984, con su diploma de abogado en la mano y su experiencia acumulada, presentó la renuncia por “razones de índole particular”. Casualmente, o no tanto, ese mismo año se convirtió en asesor del bloque de diputados del PJ. La biografía que figura en su página de Internet indica que “su trayectoria pública se inicia con la democracia”. Efectivamente, la trayectoria anterior, hasta hoy, se había mantenido en secreto.

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También se anula el indulto a Videla


Otro al que le llegó la hora.

Un juez declaró inconstitucional el indulto que Menem le dio en 1990. Así el líder del golpe de 1976 puede ser juzgado por el insólito caso del cautiverio de dos empresarios que no hicieron negocios con Hong Kong

Videla fue condenado en 1985 por torturas, 66 homicidios, 306 secuestros y 26 robos.
El juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer inconstitucional el indulto que beneficiaba al ex dictador Jorge Rafael Videla, y que había salvado al primer presidente de facto tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 de la prisión perpetua a la que había sido condenado en 1985 por 66 homicidios, 93 casos de torturas, 306 secuestros y 26 robos. Ahora Videla deberá continuar cumpliendo la condena, además de pagar otras culpas. El magistrado anuló el decreto 2.741 firmado el 30 de diciembre de 1990 por el ex presidente Carlos Menem un día después de haber anulado el polémico perdón presidencial al ex superministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y al ex ministro del Interior Albano Arguindeguy. Ahora, los tres ex jerarcas de la última dictadura militar pueden ser enjuiciados por el secuestro y privación ilegal de la libertad de Federico Gutheim y su hijo Miguel, dos empresarios que fueron arrestados por orden del Poder Ejecutivo el 5 de noviembre de 1976 y que pasaron cinco meses en cautiverio presuntamente por no acatar la directiva oficial de hacer negocios con Hong Kong.
“Es una primordial responsabilidad de gobierno consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República”, rezaba el decreto número 2.840/76, firmado por el entonces presidente Videla y sus ministros Martínez de Hoz y Harguindeguy. Aquel instrumento dejó presos a disposición del PEN a los dueños de la algodonera Sadeco SA: se pretendía que la firma cumpliera unos contratos con el entonces enclave colonial británico en China para que el Ministerio de Economía pudiera avanzar sobre esos mercados.
De acuerdo al expediente judicial, el juzgado federal número 2 rechazó los hábeas corpus que se presentaron en su favor de los Gutheim. Así, padre e hijo pasaron por la alcaidía del Departamento Central de Policía y por la cárcel de Caseros. Aun presos, tuvieron reuniones con funcionarios que trataban de convencerlos de que cerraran el trato. Finalmente el 6 de abril de 1977 fueron puestos en libertad por otro decreto.
Por el insólito caso, la Fiscalía había ya formulado un pedido de diez años de prisión para Videla cuando Menem le concedió el indulto.
El ex dictador tiene hoy 81 años y está bajo arresto domiciliario en otras causas por delitos de lesa humanidad, como el Plan Cóndor y robo de bebés. Si la decisión tomada por Oyarbide queda firme, el proceso por el secuestro de los empresarios continuará desde el mismo punto en el que tuvo que interrumpirse y llegaría pronto a un veredicto.
“El juez entendió que la reapertura de la causa no implica doble juzgamiento para Videla porque no va a haber un proceso distinto o una nueva acusación sino que seguirá adelante el mismo proceso con la misma acusación”, explicó la resolución a la hora de rechazar argumentos en ese sentido de la defensa del ex dictador.
Para anular el indulto con que se favoreció a Videla durante el menemismo, el juez utilizó similares argumentos a los usados anteayer, cuando dictó una medida similar respecto de Martínez de Hoz y Harguindeguy.
El magistrado entendió que la privación ilegal de la libertad de la que fueron objeto los empresarios se enmarca en delitos de lesa humanidad “imprescriptibles y por ende no indultables”.

Desde La Rioja y contra los “subversivos”

El ex presidente Carlos Menem cuestionó la decisión de la Justicia de anular los indultos que él concedió durante su primer gobierno, pero no por haber avanzado sobre su malogrado plan de “reconciliación nacional” sino por haber quitado el beneficio a ex integrantes de la última dictadura militar pero no a los “subversivos”.
“Dejar sin efecto los indultos para un sector de la comunidad y mantener los indultos para otros, para los subversivos, me parece un desacierto total, absoluto”, enfatizó Menem. Luego de que se dispusiera la anulación de los indultos para el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y para el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, Menem defendió esas medidas, dictadas durante su gobierno.
En declaraciones periodísticas formuladas en La Rioja y difundidas ayer por la mañana en radios porteñas, Menem sostuvo que gracias a los indultos “se vivió en paz durante diez años”. Incluso arriesgó que “se llegó a calmar los espíritus”.
El ex jefe de Estado y actual senador nacional explicó que luego de “las leyes que dictó el gobierno del doctor (Raúl) Alfonsín, de obediencia debida y punto final”, su gestión “puso en vigencia el indulto, que estableció justicia para todos, para los militares que combatieron la subversión y para los subversivos”.
“Muchos montoneros fueron beneficiados por el indulto que yo dictara oportunamente”, advirtió.

El hijo, convencido de la inocencia total de su padre

El hijo y abogado del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz dijo ayer estar “convencido” de que derivará en un “sobreseimiento” la investigación judicial que involucra a su padre en el secuestro de dos empresarios durante la última dictadura. “Él ha sido de las personas más investigadas durante la historia argentina, tuvo más de una docena de causas judiciales y en ninguna de ellas se comprobó delito alguno”, afirmó el primogénito Martínez de Hoz, que como es tradición de la familia de hacendados, también se llama José Alfredo.
Martínez de Hoz hijo recordó ayer que incluso la Cámara Federal, en esta causa ahora reabierta, había dicho que su padre “era ajeno a los hechos”.
Ante ello, el letrado garantizó que el ex superministro “volverá a estar como estuvo siempre a disposición de la Justicia”.
“Creo que sería positivo para la Argentina, para las instituciones, que esta causa se resuelva conforme a derecho y que se deje a los jueces actuar libremente de presiones políticas”, disparó el hijo de Martínez de Hoz, quien aseguró que su padre “jamás pidió la detención de nadie”.
Más aún, según dijo “categóricamente” al referirse al secuestro de los Gutheim, su padre “no firmó el decreto de la detención”. Y la tercera firma en cuestión, que sigue a la del ex dictador Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy –supuso– “debe haber sido la del secretario de la Presidencia”.
Además, Martínez de Hoz hijo afirmó que los indultos otorgados a su padre y a Albano Harguindeguy, en el marco de la causa por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, para el ex ministro de Economía fueron “superfluos” y, que “le vinieron para la mona”.

La calle opina

Rodolfo Mattarolo
Subsecretario de Derechos Humanos

“La inconstitucionalidad de los indultos está en la línea de la Justicia federal, que declaró que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. La Secretaría entiende que si el artículo 29 de la Constitución Nacional dice que el Congreso no puede otorgar facultades extraordinarias, el Poder Ejecutivo tampoco puede indultar a acusados de actos despóticos, y el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim corresponde al accionar del terrorismo de Estado”.

Daniel Sabsay
Constitucionalista

“Los indultos adolecieron de un grave problema de inconstitucionalidad, ya que se trataba de personas procesadas y no de personas sentenciadas con condena firme. Si se indulta a un procesado, además de interferir en la actividad del Poder Judicial, se está suponiendo que la persona es culpable. Hemos tenido una posición muy firme sobre la inconstitucionalidad de los indultos, ya que se estaba sentando un precedente peligroso a futuro”.

Tati Almeida
Madres Línea
Fundadora

“Esta es la punta del ovillo. Seguiremos exigiendo esa justicia legal, porque jamás la tomamos por mano propia para que vayan a juicio todos los genocidas con sus cómplices civiles y religiosos. Las Madres celebramos esta medida y sería muy ingrato desconocer que este logro se debe a la lucha inclaudicable por justicia, así como a una decisión política que tomó el presidente Néstor Kirchner y que no hallamos en 20 años de gobiernos democráticos”.

Ricardo Gil Lavedra
Ex ministro de Justicia

“La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los indultos a Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy no es novedad porque la Corte Suprema de Justicia ya lo había establecido con la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. En los casos de indultos sobre delitos de lesa humanidad, es inequívoco tomar esa medida porque ya la Corte Suprema lo estableció cuando anuló las leyes”.

Fuente: Diario El Ciudadano

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Procesaron a Menéndez



El ex comandante del III Cuerpo fue responsabilizado por torturas a un detenido que luego perdió los riñones

El represor Luciano Benjamín Menéndez (alias Cachorro), ex comandante del III Cuerpo de Ejército, y un gendarme que colaboró con él fueron procesados como supuestos coautores de torturas a un preso político en la dictadura militar, que a raíz de ello quedó rengo y perdió los riñones, por lo que luego fue trasplantado.

La jueza federal Cristina Garzón de Lascano ordenó el procesamiento de Menéndez, ya procesado con prisión preventiva en otras causas por violaciones a los derechos humanos, y del ex sargento de Gendarmería Miguel Angel Gómez (Gato), sobre quien hasta ahora no se conocía su vinculación con la represión ilegal.

La víctima es Raúl Ernesto Morales, que fue detenido por policías el 22 de marzo de 1976 (dos días antes del Golpe) en Santa Rosa de Calamuchita, de donde fue trasladado a la capital cordobesa y alojaron en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, conocido como D-2.

Hasta el 31 de agosto habría estado detenido a disposición de la Justicia federal y desde esa fecha hasta el 25 de noviembre de 1978 a disposición del Poder Ejecutivo nacional.

En el D-2 fue salvajemente golpeado y torturado, lo que le produjo la fractura de dos costillas y la dislocación de la muñeca derecha. Por la aplicación de un tormento que consistía en una especie de torniquete en la pierna izquierda, sufre en la actualidad de renguera en esa pierna.

En la Penitenciaría de barrio San Martín, Morales también fue golpeado y torturado, incluso en una oportunidad recibió una golpiza tan grande que lo obligó a dormir boca abajo por el intenso dolor de riñones que padecía.

Como consecuencia de esos tormentos, Morales tuvo graves daños en los riñones, que le provocaron una nefroesclerosis renal que terminó destruyendo esos órganos. La hermana de la víctima fue quien donó uno de sus riñones para que Morales no muriera.

Fuente: Diario La Capital

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Oyarbide declaró la inconstitucionalidad del indulto para Martinez de Hoz


La Justicia, cerca del ideólogo de la dictadura

El ex ministro de Economía de la última dictadura militar podría ser detenido junto al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy. Acusados del secuestro de los empresarios Gutheim con el fin de extorsionarlos, habían sido beneficiados por los indultos dictados por Carlos Menem en 1990.

No resulta extraño que el último escalón de una investigación judicial finalice en el autor intelectual. A veintitrés años del fin de la dictadura militar, el mentor del plan económico que dio sustento al golpe militar del 24 de marzo de 1976 podría terminar sus días en prisión. Aficionado a la caza mayor, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz probablemente termine cazado. El juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer la inconstitucionalidad del indulto con el que lo había beneficiado Carlos Menem en 1990. De esta manera podría ser procesado por su responsabilidad en el secuestro extorsivo que sufrió el empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto. Detenidos durante cinco meses a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, los Gutheim fueron presionados para concretar una exportación a Hong Kong. Esto le facilitaba a Martínez de Hoz el acceso a créditos millonarios. El magistrado también declaró la inconstitucionalidad del compañero de cacería de Martínez Hoz, el por entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy.

De esta manera quedaron sin efecto los sobreseimientos que ambos habían conseguido en diciembre del ’90, cuando Menem firmó los decretos que los beneficiaron con los indultos. Sobre ambos ya había sido dictada la prisión preventiva. Una medida que también había alcanzado a Jorge Rafael Videla. En los tribunales se repetía ayer que el indulto que benefició a Videla es un tema sobre el que Oyarbide decidirá en los próximos días.

Tanto Martínez de Hoz como Harguindeguy continuarán libres. La medida será apelada por los defensores y de esta manera comenzarán el lento camino que los llevará primero a la Cámara Federal, posteriormente a la Cámara de Casación y por último a la Corte Suprema de Justicia. En Comodoro Py se afirmaba ayer que los fundamentos a los que recurrió Oyarbide son similares a los que emplearon sus colegas Rodolfo Canicoba Corral, Sergio Torres y la Cámara Federal porteña en los casos de violaciones a los derechos humanos investigados en las causas del Primer Cuerpo y de la ESMA.

Basándose en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esos casos se afirmó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y por lo tanto no pasibles de ser indultados por la voluntad presidencial. Dos salas de la Cámara Federal porteña confirmaron esa declaración de inconstitucionalidad en dos de los diez decretos de indulto firmados por Carlos Menem. En esos casos, los camaristas sostuvieron que los indultos son inconstitucionales porque son contrarios a los tratados internacionales ratificados por la Argentina. Tratados que obligan a perseguir y sancionar los delitos de lesa humanidad.

“El Poder Ejecutivo se arrogó en la dictadura la potestad sobre la fortuna y vida de los ciudadanos, que según el artículo 29 de la Constitución no pueden quedar a merced de un solo poder del Estado”, fue uno de los argumentos a los que llegó Oyarbide al desmenuzar el caso y que fueron repetidos ayer en los pasillos de Comodoro Py.

En noviembre de 1976 los Gu-theim fueron arrestados y puestos a disposición del PEN por un decreto que llevaba la firma de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. La apelación a consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden público, así como preservar los permanentes intereses de la República formaron parte de los considerandos del decreto con el que se justificó la detención de los dueños de la algodonera Sadeco SA. Eran otros, los intereses que se pretendían garantizar detrás de esa detención. La dictadura culpaba a los empresarios por el incumplimiento con contratos de exportación algodonera a Hong Kong. El gobierno militar buscaba acceder a ese mercado para obtener millonarios créditos.

Los Gutheim habían sido detenidos el 5 de noviembre de 1976. Recuperaron su libertad cinco meses después: el 6 de abril de 1977. En ese tiempo deambularon por el Departamento de Policía y por la cárcel de Caseros. Aun estando detenidos, fueron entrevistados en varias ocasiones por funcionarios de la dictadura militar que trataron de convencerlos para que cerraran el acuerdo comercial con Hong Kong.

Cuando fueron indultados, tanto Martínez de Hoz, como Harguindeguy habían recibido prisión preventiva. El ex fiscal Ricardo Molinas había reclamado diez años de prisión para Videla. En todos los casos los cargos eran por privación ilegal de la libertad e intento de extorsión. El caso de los Gutheim salió de archivo luego de que la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Secretaría de Derechos Humanos reclamaran la inconstitucionalidad de los indultos.

En diálogo con este diario, Rodolfo Yanzón, abogado de la Liga, sostuvo que “van a reclamar la detención de Martínez de Hoz y de Harguindeguy”. Para el abogado “la dictadura no fue sólo militar sino civil. Hay que avanzar sobre las implicancias económicas que ella produjo”. No es el de los Gutheim el primer caso en el que la búsqueda de un lucro económico aparecía encubierto por un hecho represivo. En el caso de los Gutheim también se vislumbra la búsqueda de otro tipo de rédito. Luis Alen, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, aplaudió la inconstitucionalidad firmada ayer por Oyarbide. “Es un paso adelante para terminar con la impunidad. Para avanzar sobre los responsables civiles. Hasta ahora no se había investigado a quienes impulsaron el golpe desde lo intelectual, a quienes se beneficiaron de él. La política neoliberal que subyacía a ese golpe fue responsable del genocidio. Por ello no es casual que la mayoría de los desaparecidos hayan sido trabajadores y militantes que resistían ese modelo”.

Uno de los pilares en la defensa de Martínez de Hoz, la tribuna de doctrina fundada por Bartolomé Mitre, afirmó a principios de julio en uno de sus editoriales que había una persecución contra Martínez de Hoz. Luego de señalar que se violaba el derecho de la cosa juzgada, de la prescripción y otros beneficios legales, La Nación aseguró que se pretendía vincular “la gestión económica con los delitos de lesa humanidad”. Con el paso de los años, todos aquellos que tuvieron roles destacados durante la dictadura se presentan más inocentes de lo que eran. Hace dos años, Martínez de Hoz negó que los grupos económicos y sus economistas buscaran a los militares para aplicar su plan. Incluso aseguró que un gobierno democrático tenía más posibilidades de llevar adelante su plan. Allí calificó a Menem y a Domingo Cavallo como los continuadores de su obra.


Fuente: Página 12

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Martínez de Hoz: Una familia bien...


Un nombre y sus dos apellidos

Por Susana Viau (Página 12)
Su nombre y sus dos apellidos, por variadas y no siempre buenas razones, se emparentan con la historia argentina desde 1788, cuando el primer José Martínez de Hoz, un rico comerciante acusado de tráfico de esclavos, asistió en calidad de “vecino importante” al cabildo abierto del 22 de mayo de 1810. Aquel José Martínez de Hoz no tuvo hijos, pero como al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, convirtió en heredero al vástago de su hermana, Narciso Alonso Martínez. Narciso multiplicó los panes y los peces, adquirió grandes extensiones de campos y devino accionista del Banco Nacional. Su primogénito, que retomaría para la posteridad el nombre de José Martínez de Hoz, presidió el Banco Provincia y, casi más importante, fundó el Club del Progreso, el Jockey Club y la Sociedad Rural. Se delineaba un rumbo: campos y bancos. Sin embargo, fue el penúltimo de la descendencia, “Josecito” para los íntimos, el que logró lo que ninguno de los suyos había conseguido antes: que el apellido Martínez de Hoz perforara el minúsculo universo de las elites locales y se hiciera popular asociado a “la tablita”, a los negocios sucios a costa del Estado y a la reforma financiera. En fin, a una catástrofe colectiva.

“Josecito” reunía todas las condiciones para hacerse acreedor a un futuro promisorio. Creció rodeado de bon vivants y de mujeres interesadas en embellecer la vida del prójimo: su abuela, la uruguaya Julia Helena Acevedo Larrazábal, orientó su exquisita sensibilidad a la botánica y escribió “Itinerario de mis flores”, un volumen dedicado a explicar el riego de las hortensias y las ventajas del suministro de caldo bordelés a ciertas especies. El abuelo Miguel Alfredo del Corazón de Jesús, mientras tanto, se interesaba por los pura sangre y seguía con atención la construcción del castillo que, camino a Mar del Plata, sería el orgullo de la familia. “Josecito” no se durmió en los laureles de la fortuna paterna: estudió derecho, se graduó con las máximas calificaciones, estudió inglés en Cambridge y asistió a encuentros jurídicos vinculados a problemas agrarios en Florencia. En realidad, el derecho no era para él, sino la puerta de entrada a la verdadera vocación: la economía. La patria lo reclamó pronto: ministro de Economía de Salta, secretario de Agricultura y Ganadería de José María Guido, luego ministro de Economía del mismo presidente y hasta titular de la Junta Nacional de Granos.

No obstante, esos pasajes por áreas del estado nacional y provincial no eran sino el ensayo, los aprontes para la gran performance. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 lo convocó al sacrificio. La cabeza de la Revolución Argentina lo conminaba a dejar la seguridad de la actividad privada para aventurarse al mal pago de la cosa pública. “Josecito” se encomendó al cielo y aceptó. El día anterior a su jura como ministro de Economía renunció al directorio de la Italo, la compañía de electricidad que alumbraba a los hogares de la Nación. Pero “Josecito” tenía una virtud, la fidelidad, y la nueva tarea no le haría echar en el olvido sus conchabos anteriores. Por eso, un mes después de asumir el cargo, el 27 de abril de 1976, creó la comisión que debía aconsejarle qué hacer con la eléctrica y el 30 de abril firmó la designación de dos representantes del Estado en la empresa. El, paladín de gestión privada, hizo de tripas corazón y llevó adelante la compra de la empresa por parte del Estado. Sus enemigos dirían más tarde que le había hecho perder al país 350 millones de dólares. A la operación de salvataje la llamaron “negociado”, una palabra que olía a carne y a conservadores. Un rumor similar corrió en torno a la revisión de la ley 11.287, sancionada durante el gobierno de Alvear. La “máquina de impedir” sostenía que se trataba de una derogación “a medida”, que llevaba dedicatoria y se refería a una familia, los Martínez de Hoz y sus propiedades Comalal y Malal-Hue. Se equivocaban. La medida respondía a una íntima convicción: que el impuesto al “enriquecimiento patrimonial a título gratuito” y destinado al “tesoro escolar” atentaba contra la unidad de la familia, espina dorsal del cuerpo social. Eso dijo el ministro.

“Josecito” empezaba a ser, para sus compatriotas, “Joe”. Bajo cualquiera de las dos denominaciones sus ideas no admitían las medias tintas. Josecito-Joe era un hombre de palabra. Por eso le molestó tanto lo que entendió como una grave falta de Federico Gutheim y su hijo Miguel, propietarios de la empresa Sadeco. Los Gutheim, por un imprevisto y extraño impedimento administrativo, no habían podido concretar la exportación el cupos de algodón pactado con una sociedad de Hong Kong. El general Albano Harguindeguy , amigo de Josecito-Joe en las buenas y en las malas (compartían entre otras muchas cosas el entusiasmo por la caza mayor), ministro del Interior, ordenó el arresto de los Gutheim, que quedaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por “incumplir un contrato comercial”. Agustín Jaime Pazos, subsecretario de Comercio Exterior de “Josecito”, contó después en sede judicial que el arresto de los industriales textiles se había gestado en el ministerio de Economía. El ex comisario Jorge Colotto dio para ello una explicación verosímil: relató que los Gutheim habían sido presionados para compartir su cupo con la firma multinacional Dreyfus y se habían negado. Juan Alemann, secretario de Hacienda de la dictadura, puso en blanco sobre negro el rol de instrumento descartable que el gran capital había adjudicado a los militares golpistas y le cargó la romana a Harguindeguy: “Eran los métodos del gobierno porque había un accionar del terrorismo”, argumentó, para agregar que “el incumplimiento de ese contrato perjudicó la imagen de Argentina en el exterior”.

El advenimiento de la democracia agregó a los títulos y honores de Josecito-Joe cuatro procesamientos: junto a Videla por presuntas irregularidades en la compra de Austral Líneas Aéreas; solito con su alma en una causa por infracción al artículo 265 del Código Penal (Italo) y en otra por administración fraudulenta (deuda externa); el cuarto, “por instigación a la privación ilegítima de la libertad” (caso Gutheim) lo compartió con sus camaradas Harguindeguy y Videla. A Josecito-Joe nadie podría sacarle de la cabeza la sospecha de que, si bien su perseguidor era el juez federal Martín Irurzún, los hilos de su desgracia los movía el jurista y funcionario radical Enrique Paixao. Gracias a él, suele mascullar, iba a pasar 77 interminables días en la Unidad Penitenciaria 22, muy lejos del cuarto piso “G” del Cavanagh, el edificio art déco de la Plaza Francia, y mucho más distante del castillo escocés, cercano a Mar del Plata, que vendió en 2004 al banquero Andrés Garfunkel. “Josecito” entiende que la historia no ha sido justa ni con él ni con los suyos porque la del 76 no fue una dictadura “no había un general que buscaba perpetuarse y hacía lo que quería. El poder estaba dividido en tres partes iguales entre las tres fuerzas armadas”. Curiosa reflexión la de Josecito, que tampoco se sintió cómodo con el indulto en el que lo incluyeron a último momento. El quería el sobreseimiento. Parece improbable, pero ahora puede aprovechar para demostrar su inocencia. Su hijo, abogado de la citi y llamado como él, José Alfredo Martínez de Hoz, ha prometido que “el proceso a mi padre será para la justicia argentina lo que el caso Dreyfus a la justicia francesa”. Habrá que verlo.

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Detienen a Cabanillas, ex comandante en Rosario


LA CAUSA GELMAN Y LOS HOMICIDIOS Y TORTURAS EN EL CENTRO CLANDESTINO AUTOMOTORES ORLETTI

El ex comandante del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario general retirado Eduardo Rodolfo Cabanillas fue detenido en la causa en la que se investigan los hechos ocurridos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, imputado del homicidio, entre otros, del hijo del escritor Juan Gelman, indicaron anoche fuentes tribunalicias.
Cabanillas había sido relevado de la comandancia del II Cuerpo de Ejército en 1999, por decreto del entonces presidente Carlos Menem, tras haber sido denunciado por el propio Gelman por participar en la apropiación de su nieta.
Antes de dejar su puesto de comandante en Rosario, Cabanillas provocó una tensa situación con el jefe de la fuerza en ese entonces, teniente general Martín Balza, al rebelarse ante la decisión de su superior de pasarlo a disponibilidad. “Yo he sido puesto en funciones por un decreto del gobierno nacional, así que debo ser relevado por quien corresponde”, sostuvo Cabanillas en aquella oportunidad, en un último intento por minar la autoridad de Balza. Antes, Cabanillas había distribuido entre los oficiales del II Cuerpo una publicación que financió la fundación Aunar titulada Subversión: la historia olvidada. El libro criticó duramente al gobierno de Menem, a los empresarios, a los medios de comunicación y a los partidos políticos por su postura frente a la represión ilegal desatada por la última dictadura militar.
Durante su estancia en Rosario, Cabanillas negó siempre que haya estado involucrado en las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el centro de detención Automotores Orletti.
En tanto, pese a la reserva con que se maneja el juez federal Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo la causa, ayer trascendió que a Cabanillas se lo responsabiliza por los homicidios agravados de cinco de las víctimas del centro de detención Orletti cuyos restos fueron hallados en octubre de 1976 dentro de tambores sellados, rellenos con cal y cemento, que habían sido arrojados al río Luján.
Las fuentes indicaron que el militar retirado –en el momento de los hechos era capitán– también tendrá que hacer frente a la imputación por la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 29 personas que permanecieron cautivas en Automotores Orletti que funcionaba en el porteño barrio de Flores, bajo la conducción de la Side.
De esta manera, Cabanillas agrega su nombre a la lista de detenciones ya ordenadas por Rafecas en la búsqueda de los responsables de ese centro clandestino que ya incluye a Rubén Visuara, teniente coronel retirado; al comodoro Néstor Guillamondegui, también retirado; al ex agente de la Side Honorio Martínez Ruiz y al ex agente del Ejército Raúl Guglielminetti.
Desde la Side, Cabanillas actuaba como superior inmediato del fallecido Aníbal Gordon, quien comandaba Automotores Orletti, y a su vez dependía de los ya apresados Guillamondegui y Visuara. La escala de mandos encontraba su pirámide en el fallecido general Otto Paladino, responsable de la central de inteligencia durante la dictadura y donde Gordon era el encargado de Automotores Orletti. La investigación se produce en el marco de la megacausa por las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito del I Cuerpo de Ejército, reabierta tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.

Fuente: Diario El Ciudadano

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"Los gobiernos sólo realizan lo que los pueblos piden con autoridad y firmeza" Scalabrini Ortiz