Escrache a Bisordi: entrevista con H.i.j.o.s.


“Bisordi favorece a los acusados cuando son militares”


Alvaro Pierola, abogado de la agrupación H.I.J.O.S., explica por qué “escracharán” al juez Alfredo Bisordi, acusado de entorpecer los juicios contra los represores. Es la primera vez que este tipo de protesta apunta a un miembro del Poder Judicial.


Por Laura Vales

La agrupación H.I.J.O.S., con la adhesión de cuarenta organizaciones sociales y de derechos humanos, escrachará este sábado al presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, en su casa de Villa Pueyrredón. Como en todos los escraches, los militantes recorrieron el barrio donde vive el camarista para contarle a la gente de la zona a quién tienen como vecino. Alvaro Pierola, integrante de H.I.J.O.S. y abogado en causas abiertas por violaciones a los derechos humanos, cuenta cómo será este escrache que inaugura una modalidad nueva: por primera vez, el señalado no es un represor.
–¿Por qué Bisordi?
–Con los escraches, H.I.J.O.S. intenta echar luz sobre una situación que no se conoce, o que es muy oscura. En este caso elegimos a Bisordi porque es el presidente de la Cámara de Casación, la máxima instancia en asuntos penales antes de la Corte Suprema, y como tal el organismo que ha venido recibiendo desde la reapertura de los juicios a los represores todos los incidentes que se presentan en todos los juicios a nivel nacional. Lo que hemos visto es que la Sala IV de Casación ha retrasado ostensiblemente todas nuestras causas, con criterios claramente reaccionarios.
–¿Cuáles son esos criterios?
–La Sala IV de la Cámara favorece a los imputados cuando son militares acusados de delitos de lesa humanidad, otorgándoles el beneficio de la excarcelación. Los mismos jueces, frente a personas imputadas por delitos comunes, que no tienen la gravedad de los de lesa humanidad, las mantienen en la cárcel con prisión preventiva. Nosotros no estamos a favor de la prisión preventiva, creemos que la libertad es un bien supremo y que cualquier imputado tiene derecho a esperar en libertad el inicio del juicio oral, pero en estos casos se trata de imputados que siguen cometiendo el delito, porque las privaciones ilegítimas de la libertad y las desapariciones forzadas se siguen cometiendo mientras no den información fehaciente sobre dónde están los desaparecidos y no se cese en esta situación.
–¿Cómo les fue en la recorrida por el barrio?
–La semana pasada estuvimos volanteando en el centro de Villa Pueyrredón y además recorriendo casa por casa para explicarle a la gente quién es su vecino, porque el escrache es fundamentalmente eso. Esta semana seguimos pegando afiches, también en los tribunales de Comodoro Py y en la Facultad de Derecho. Tuvimos una recepción muy buena porque el tema está instalado por los medios. Encontramos que en muchos casos los vecinos no sabían que el tipo vive ahí, pero su apellido y su nombre les sonaba; eso te facilita el espacio para dar el mensaje.
–¿Qué cuentan en esas visitas?
–Además de lo que ya hablamos, damos otros datos sobre sus antecedentes, por ejemplo, que se incorporó al Poder Judicial en el gobierno de Onganía. En él vemos representada la parte del Poder Judicial comprometido con la impunidad. Durante la última dictadura militar fue secretario del juez Norberto Giletta, en un juzgado que se hizo conocido por rechazo masivo a los hábeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos. Ya en democracia, llamó “delincuente terrorista” a una ex detenida en la ESMA. Y el Senado le dio el acuerdo para que ocupara un lugar en la Cámara de Casación. Creemos que Bisordi hoy representa un sector de la sociedad que viene jugando por lo bajo y en silencio a un interés: que los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos no tengan condena. Han sostenido sistemáticamente maniobras obstructivas en el manejo de las causas, en lo que parecería una connivencia con los defensores de los imputados.
–¿Dónde y a qué hora es el escrache?
–El sábado a las 15. Nos reunimos en la estación Pueyrredón del ex ferrocarril Mitre, ramal Suárez. Es la última estación antes de cruzar la General Paz. Desde ahí vamos a hacer una pequeña marcha, de unas doce cuadras, para intentar llegar a la casa de Bisordi, ubicada en Condarco al 4800.
–Bisordi los ha acusado de actuar bajo las órdenes de Kirchner. ¿Qué le contestaría?
–Que basta con conocer qué es H.I.J.O.S. y cuál ha sido su rol en la lucha desde hace 12 años. H.I.J.O.S. nace con un postulado básico de juicio y castigo, y lo ha sostenido desde entonces. Nosotros no somos una fuerza de choque de ningún gobierno, ni mano de obra dirigida por nadie, tenemos una trayectoria y banderas que sostenemos. Además, hay que contar que a la denuncia de la demora en las causas en Casación la venimos haciendo hace un año y medio, esto no es algo nuevo para nosotros. En abril de 2006, integrantes de todo el país de la red nacional de H.I.J.O.S. fuimos a una reunión del Concejo de la Magistratura a plantear el retardo en todas las causas. Fuimos después a una entrevista con (el procurador Esteban) Righi para intentar buscar celeridad y criterio en los dictámenes de los fiscales de Casación, que también tienen actitudes que dejan mucho que desear. Es decir que nuestro planteo no viene de dos meses a esta parte sino de mucho tiempo atrás.

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Escrache al juez Bisordi (Info y afiche)


Porque hace décadas que luchamos por el Juicio y Castigo a los genocidas. Porque una ves conseguida la Inconstitucionalidad de las Leyes de Impunidad en el 2003, nos encontramos con nuevos obstáculos para lograr la condena a todos los responsables del Terrorismo de Estado.
Porque uno de estos obstáculos nos lo plantea la justicia cómplice de la Cámara Nacional de Casación Penal.
¿Por qué Bisordi?
Con jueces como Bisordi, esta Cámara es culpable de perpetuar la impunidad, se pone de espaldas al pueblo y al servicio de los poderosos.
Alfredo Bisordi, presidente de dicha Cámara, durante el terrorismo de estado fue secretario de Norberto Giletta –juez de la dictadura que rechazaba los habeas corpus de los familiares de los compañeros desaparecidos–; se asumió públicamente a favor del Terrorismo de Estado y hoy paraliza, intencionalmente, las causas por violaciones masivas a los derechos humanos.
Escrache
Porque jueces cómplices que dejan libres a quienes asesinaron, torturaron, desaparecieron y robaron niños no pueden formar parte de la Justicia convocamos al ESCRACHE A BISORDI:
El Sábado 28 de abril a las 15 hs. en la estación V. Pueyrredón (de la Ex Línea Mitre ) para de allí marchar a su cueva, en Condarco 4863.

BASTA DE CAJONEAR CAUSAS: DESTITUCION Y JUICIO POLITICO DE LOS JUECES COMPLICES DE LA DICTADURA
CARCEL COMUN, EFECTIVA Y PERPETUA A LOS GENOCIDAS Y SUS COMPLICES
-APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LOPEZ

No olvidamos - No perdonamos - No nos reconciliamos.
H.I.J.O.S. Red Nacional

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Una sentencia reparadora e inesperada


La Corte bonaerense dispuso que la siderúrgica SIDERCA tendrá que hacerse cargo de una indemnización a la viuda de Orlando Bordisso, desaparecido en junio de 1977. La sentencia se funda en la ley de accidentes de trabajo, ya que el delegado fue secuestrado en el trayecto entre la planta y su casa. La empresa puso trabas a la demanda.


Por Mariana Carbajal
En un fallo sin precedentes en el ámbito bonaerense, la Suprema Corte de la provincia ordenó a la empresa Siderca, del grupo Techint, pagar a la viuda de un empleado desaparecido durante la última dictadura una indemnización establecida por la entonces vigente ley de accidentes de trabajo, debido a que el secuestro ocurrió en el trayecto entre la planta metalúrgica y su casa. La sentencia beneficia a la viuda del obrero Oscar Orlando Bordisso. En ese momento, se desempeñaba como delegado sindical. Su desaparición se produjo el 18 de junio de 1977, poco después de las cinco de la mañana, tras haber finalizado su turno en la fábrica y cuando se dirigía en bicicleta a su domicilio. “La reconstrucción de los hechos fue lograda más allá de la reticencia de la empleadora, quien prefirió negar que Bordisso hubiere trabajado en aquella fecha”, destacó el alto tribunal. Siderca además argumentó que había prescripto el período para demandar el resarcimiento. La Corte bonaerense dejó sentado que ese plazo recién debe empezar a computarse a partir del momento en que la viuda obtuvo el certificado de fallecimiento presunto –esto sucedió en 1995– y no desde el día en que ocurrió el hecho.
El monto de la indemnización no trascendió. La sentencia fue firmada en el acuerdo del miércoles último de la Suprema Corte de la provincia y se basa en el voto de Hilda Kogan, al que adhirieron los demás integrantes del tribunal que intervinieron en el caso: el flamante presidente del cuerpo Daniel Soria, Francisco Roncoroni, Luis Genoud y Eduardo De Lázzari.
El fallo confirmó la sentencia del Tribunal de Trabajo de Campana. En esa ciudad está la planta metalúrgica de Siderca, adonde trabajaba Bordisso y se desempeñaba como delegado sindical, según confirmó a Página/12 su viuda, Ana María Cebrymsky. La empresa que deberá indemnizarla es propiedad del grupo Techint, actualmente integrante de la alianza comercial Tenaris-Siderca.
Cuando desapareció Bordisso tenía 40 años y tres hijos pequeños, que hoy tienen 46, 43 y 36 años. “Por todos lados hice denuncias, pregunté y golpeé puertas. Pero siempre la respuesta fue negativa. Nadie nunca supo decirme nada sobre él. Acá en Campana desaparecieron muchos”, contó Cebrymsky, una enfermera que acaba de jubilarse. La mujer nunca pudo establecer qué sucedió con su esposo. Tampoco recuperó su cuerpo. Tiene seis nietos.
En la sentencia se expuso que Bordisso fue “víctima de un delito aberrante cuya ejecución, si bien continuada, tuvo inicio en las circunstancias definidas por la ley laboral para atribuir la responsabilidad indemnizatoria del empleador”. El denominado accidente in itinere, es aquel que se produce “en sitio ubicado en el itinerario comprendido entre el lugar de trabajo y su domicilio”, según define el fallo.
Para justificar la condena a Siderca, la Corte provincial rechazó el planteo de la empresa referido a que el transcurso del tiempo y razones de seguridad jurídica hacían que la viuda perdiera el derecho a promover el reclamo. En relación con este punto, el Alto tribunal juzgó que el inicio del plazo de prescripción se debe situar en la fecha de la sentencia civil que declaró el fallecimiento presunto por la desaparición forzada de Bordisso (18 de agosto de 1995) y no el momento en que el trabajador fue secuestrado (año 1977). A la vez, recordó que el inicio de la acción tendiente a la declaración de fallecimiento presunto reglada por la ley 24.321 de Desaparición Forzada de Personas “es imprescriptible, por lo cual su promoción no se halla sujeta, como es lógico, a plazo alguno”. “Lo señalo así, y más allá de la diversidad del ámbito de la acción, porque me parece evidente que aun tratándose, en este caso, de una disputa de intereses aparentemente singulares, no cabe prescindir del análisis de las circunstancias que revelan la presencia de un interés público, intenso y valioso, que reclama soluciones asentadas en la verdad y la justicia”, puntualizó Kogan.
En el fallo se destaca el contexto histórico en el que se produjo el gravísimo hecho y se cuestiona la postura de la empresa. “La pretensión de la demandada, en fuga de la realidad –el contexto en que se situaron los hechos ventilados en la causa– configurada por una sociedad sumergida por los delitos más aberrantes, no es aceptable, y tanto menos cuando, ante la evidente confrontación axiológica, instala dogmáticamente la opción por la tutela de un interés patrimonial cuya entidad menor, en ese cuadro, se exhibe algo más que evidente”, escribió Kogan en su voto, al que adhirieron los demás ministros.
La causa se inició en noviembre de 1995, a partir de la demanda de la señora Cebrymsky contra Siderca SA en procura del cobro de las indemnizaciones por la muerte de su esposo al amparo de la ley 9688 de accidentes del trabajo, derogada parcialmente con posterioridad. El Tribunal del Trabajo de Campana hizo lugar al reclamo. Pero Siderca presentó ante la Corte provincial recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de la ley. La metalúrgica argumentó que la desaparición del obrero no constituyó un accidente in itinere debido a que la calificación de “forzosa” de la desaparición de Bordisso “pone de resalto que obedeció a causas extrañas al trabajo”. Su planteo fue rechazado.
En su voto, la ministra Kogan no evaluó la posibilidad de que Siderca tuviera algún grado de complicidad con la desaparición del obrero, pero sí hizo especial hincapié en “la reticencia de la empleadora” a reconstruir el secuestro –seguido de muerte– ocurrido en la madrugada del 18 de junio de 1977. “Prefirió negar que Bordisso hubiere trabajado en aquella fecha y, consecuentemente, que hubiere egresado a las cinco horas del 18 de junio 1977 y, asimismo, luego de negar que la desaparición forzada del trabajador se hubiere producido ‘en sitio ubicado en el itinerario comprendido entre el lugar de trabajo y su domicilio’, argumentó que aquélla se produjo fuera del horario y aun del itinerario denunciado en la demanda”, destacó Kogan.
El relato de compañeros de trabajo de Bordisso permitió descubrir la verdad. En ese sentido, la Suprema Corte señala que declaraciones de testigos confirman que, “habiendo concluido la jornada de trabajo, Bordisso se retiró del establecimiento, para emprender el recorrido habitual a su domicilio, cual era: Avenida Mitre hasta la calle San Martín, y luego por ésta hasta Ameghino, donde vivía”, en la ciudad de Campana. Como cada día el trayecto lo emprendió en su bicicleta. Nunca llegó a destino.

Fuente: Página 12

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Citan a declarar al presidente de la Cámara de Casación Penal Alfredo Bisordi

Pasado mañana, a las 9, el presidente de la Cámara de Casación Penal Alfredo Bisordi tendrá que exponer ante el Consejo de la Magistratura su descargo por las acusaciones en su contra por demorar las causas que investigan el terrorismo de Estado. La denuncia fue presentada por el abogado Rodolfo Yanzón en representación de los querellantes y poco después el presidente Néstor Kirchner sumó su crítica en el mismo sentido por la actitud dilatoria de los camaristas.
Bisordi le envió una carta a la titular de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, la diputada oficialista Diana Conti, en la que reclama su derecho de recusar a algunos miembros de ese cuerpo.
El presidente de la Cámara de Casación repitió durante el fin de semana en una entrevista con Radio Rivadavia que durante la dictadura militar no había tanta injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial como ahora. En su pedido por escrito a Conti, el camarista le reclama que “disponga las medidas de seguridad imprescindibles para el desarrollo regular del acto y el respeto debido a mi integridad física, de cuya eventual afectación la hago política, civil y penalmente responsable”.
Yanzón reclama el juicio político de Bisordi, Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Capolupo por dilatar los trámites judiciales de forma tal de beneficiar a los represores acusados de delitos de lesa humanidad.

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La Cámara Federal de Rosario y la Asociación ilícita

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió beneficiar a cinco represores detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, cambiando la figura penal que se les aplicara. Así la asociación ilícita pasó de ser agravada que prevé de 5 a 20 años de prisión; a simple que admite de 3 a 10 años de cárcel. La resolución beneficia a Ramón Genaro Díaz Bessone (Comandante del II Cuerpo de Ejército desde 3/9/75 al 12/10/76), a Mario "el Cura" Marcote, a Rubén "El Ciego" Lo Fiego, a Ricardo Chomiky y a Ramón Rito Vergara, todos procesados por homicidio, violación y torturas en la Causa Feced.

La asociación ilícita es una figura claramente diferenciada en dos artículos del Código Penal que resultan medulares al momento de entender este fallo. El artículo 210 señala que "será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión".

En tanto el artículo 210 Bis dice que "se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características:

a) Estar integrada por diez o más individuos.

b) Poseer una organización militar o de tipo militar.

c) Tener estructura celular.

d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo.

e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país.

f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad.

g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior.

h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos".

Fácilmente el lector podrá diferenciar que en el primer caso cualquier banda delictiva puede ser tipificada de este modo, mientras en el restante artículo, la figura encuadra claramente en la denominada "Patota de Feced". Sin embargo para los camaristas Fernando Lorenzo Barbará, Edgardo Bello, Carlos Carrillo y Guillermo Toledo, el cabía el cambio de figura.

Según explicó Nadia Schujman, abogada patrocinante en esta causa y militante de HIJOS "la Cámara analizó la prueba colectada y confirmó la figura de la asociación ilícita, pero sin ningún otro tipo de explicación que los argumentos de los defensores que planteaban la no aplicación del artículo 210 bis, argumentando que algunos procesados se les aplicaba una ley y a otros otra, por lo que resolvió unificar provisoriamente aplicando la asociación ilícita simple. Lo hizo sin dar ningún tipo de argumento jurídico, y es grave porque decide revocar una figura legal por otra menos grave en cuanto a la pena, y no se mete con la prueba. Es que la Cámara no dice que no se da el tipo penal, y no dice que no existen pruebas en autos para que se den los extremos del 210 bis que es una figura penal que por ser más agravada requiere mayores acciones típicas de los imputados.El fallo no dice nada de esto y no se mete con cuestiones jurídicas de fondo, sino que directamente dice que como es cuestionado por distintos aspectos, se resuelve que provisoriamente empareja para todos la figura del artículo 210", dijo la militante de HIJOS.

"Y es grave -agregó- porque los distintos fallos de Cámara vienen reconociendo que estos hechos se dieron en el marco del terrorismo de Estado, y está probado desde la Causa 13 que es el Juicio a las Juntas que todo se cometió dentro del terrorismo de Estado. Y la traducción jurídica de esto es reconocer la existencia del 210 bis, porque implica reconocer que los distintos poderes del Estado estuvieron al servicio de los que pasó en nuestro país: secuestrar, asesinar y torturar a miles de personas, para lo cual se utilizó toda la infraestructura del Estado: el Ejército, la policía, la inteligencia. Esto sin hablar de la connivencia del Poder Judicial".

Según Schujman la diferencia entre el encuadre de la asociación ilícita simple y la agravada es notable. La primera "es una banda común de delincuentes, con más de tres personas, asociadas para cometer delitos, mientras la otra son personas que atentaron contra la constitución nacional, que tenían una organización, que tenían armas, que estaba formada por gente de distintas fuerzas, es decir que tenían conexión entre provincias del país. Es decir todo hechos por demás de probados.

-¿Este cambio de calificación puede abrir la puerta para que algunos de los represores recupere la libertad en los próximos tiempos?

-En lo inmediato creo que no, porque este tema tiene que pasar por la Cámara de Casación que tiene un criterio mayoritario, de corroborar si existe peligrosidad procesal por parte de los procesados antes de otorgarles la libertad o mantenerlos en prisión preventiva. Esto no tiene nada que ver con el monto de la pena que se aplica, es decir la gravedad de los delitos.

-¿Cuál es la lectura que hace de este fallo?

-La lectura que hacemos es de desconcierto. No entendemos la motivación de la Cámara para este cambio porque cuando uno va leyendo la resolución parece encaminarse a la confirmación de la figura, y de repente termina pasando de un tipo penal a otro provisoriamente. En verdad esto se puede decidir en la Cámara de Casación o en el juicio oral, pero ellos tienen una responsabilidad como tribunal de alzada, de calificar el delito según la prueba que corresponde. Y no se pueden deslindar de esa responsabilidad diciendo que es provisorio y emparejan a todos para abajo.

Fuente: José Maggi Rosario 12

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Patti al banquillo


El ex subcomisario Luis Patti –confeso asesino de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, secuestrados en Rosario en mayo de 1983–, fue citado para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga si brindó protección a un ex oficial del ejército cuando el militar estaba prófugo de la Justicia.
El diputado que no fue.
El fallido diputado enfrenta un juicio por encubrimiento a cargo del juez Ariel Lijo, quien consideró en septiembre del año pasado que el ex comisario debe “ser sometido a juicio por haber colaborado en ocultar a un militar prófugo, acusado de delitos de lesa humanidad”.
La causa de Lijo se abrió en el año 2003, como un anexo al expediente que investiga la Justicia en el marco de los desaparecidos y las víctimas de la llamada Contraofensiva Montonera. En esa causa, la Justicia ordenó el 8 de julio de 2002 la detención del teniente coronel Jorge Horacio Granada, un amigo personal del ex comisario.
El ex intendente de Escobar, es investigado y está denunciado en media docena de casos emblemáticos de la dictadura.
En esta causa se investiga según el juez si “colaboró mediante su influencia” y “poniendo a disposición una persona” en el “encubrimiento” del militar. La resolución puede jugar como agravante para la definición del futuro de su banca en el Congreso de la Nación, que está en manos de la Corte Suprema y de su actual candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
El año pasado, Lijo expresó en el expediente que Patti prestó ayuda a una persona para que logre mantenerse en “situación de libertad clandestina”. Los datos surgieron del cruce de una comunicación telefónica entre el número celular de Granada y un celular de la Municipalidad de Escobar usado por el ex intendente. La grabación se tomó el 7 de agosto de 2003.
Durante el proceso, el ex comisario pudo hacer su descargo y dio cuenta de su versión sobre esa charla: “... Se podría decir que somos amigos...”, le dijo luego al juez para explicar por qué decidió atenderlo. Sobre la base de esa amistad, explicó, quiso brindarle ayuda e incluyó una asistencia económica. En el mismo descargo advirtió, además, que “desconocía” que su amigo estaba prófugo. Luego de aquella charla, la Justicia detuvo finalmente a su amigo Granada, momento en el que –según quedó dicho en el expediente– Patti, inconforme, intentó comunicarse con el juzgado para solicitar su alojamiento en una unidad de detención militar y no en una cárcel común.
El preso que será.
Más allá de esta, Patti es blanco de otras causas emblemáticas por delitos de lesa humanidad por su actuación en la Policía Bonaerense durante la última dictadura. Parte de esas causas son los procesos por el fusilamiento de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi y el homicidio de Gastón Gonçalves. En relación a la causa de los dos militantes asesinados en 1983, desde la agrupación H.I.J.I.O.S Rosario, interpretan que “la demora del Juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Russo, no son casuales, sino que intentan estirar los plazos y chicanear lo más posible, para cuidar el pellejo de Patti.” Pero también afirman que “no vamos a detener nuestro trabajo hasta que el ex comisario esté donde tiene que estar: en una cárcel común”

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Todos con los docentes por Fuentealba

(Comunicado H.I.J.O.S.)
La indiferencia es un pacto con la impunidad

Repudiamos enérgicamente la represión sufrida por los compañeros docentes en la provincia de Neuquén, no es casual que quienes fueron responsables de la destrucción de la educación publica y el desmantelamiento de las escuelas hoy sean quienes siguen persiguiendo y asesinado a los trabajadores, son los mismos gobiernos neoliberales que fueron y son cómplices del genocidio.
Son los mismos que como Jorge SOBISCH, reeditan las practicas represivas de la dictadura militar y fundamentan su accionar en la teoría de los dos demonios cuando habla de enfrentamiento entre dos bandos. Son los mismos que refugiándose en las estructuras de poder avalan la impunidad que les es funcional a sus intereses.
Ellos son los responsables de la impunidad, de la muerte del compañero Carlos Fuentealba, de la desaparición de Julio Lopez.
Si creemos en la vida, la justicia, la libertad, la democracia deben ser palabras con sentido toda la sociedad, todos tenemos que movilizarnos, exigir, y luchar. No podemos hacer otra cosa, la indiferencia es un pacto contra la impunidad.

Convocamos a participar de la movilización organizada por los docentes de Amsafé Rosario el lunes 9 ed abril a las 10, en Laprida y Córdoba.

Exigimos Juicio y castigo a Jorge Sobisch y los responsables materiales de la brutal represión en Neuquen

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Escrache en Paraná al médico Hugo Moyano


En el marco del 12 Congreso de la Red Nacional de H.I.J.O.S, se realizó el sábado 7 de abril,
un escrache al torturador entrerriano Hugo Moyano.
¿Quien es el Dr. Hugo Moyano?
Durante la ultima dictadura cívico militar el Dr. Hugo Moyano se desempeñó como agente civil del servicio penitenciario de Entre Ríos, a cargo del suboficial (R) Jose Anselmo Appelhans.
El Dr. Moyano fue TORTURADOR dentro de los centros clandestinos que funcionaron en la unidad penal N 1 de Paraná. También tomaba parte durante las largas sesiones de tormentos a los detenidos, decidiendo sobre la vida y la muerte , marcando el tiempo de las picanas. Otras de sus "tareas" era registrar el estado clínico de los presos.
En sus informes Moyano omitía el estado deplorable en que los compañeros regresaban de las cesiones de torturas.
Con el regreso de la democracia, en 1983, el "Dr." Hugo Moyano fue denunciado por ex presos políticos y familiares de desaparecidos por los crímenes cometidos durante la ultima dictadura militar. La nefasta ley de "Obediencia debida" promulgada por el ex presidente radica Raul Alfonsin beneficio a Moyanos Y muchos otros represores permitiendoles evadir la justicia por mas de 20 años. Luego de muchos años de lucha inclaudicable conseguimos conseguimos junto a los organismos de derechos humanos y a la militancia de miles de compañeros en sus organizaciones que estas nefastas leyes de impunidad sean derogadas y luego declaradas insconstitucionales. Hoy no existe ningún impedimento legal para juzgar el genocidio cometido por lo milicos y sus còmplices , sin embargo, los que tendrían que juzgar estas atrocidades siguen mirando para otro lado. Esta complicidad le permite a Moyano seguir en libertad , disfrutar de sus vacaciones en las piletas del club nautico y continuar ejerciendo su profesiòn de medico otorrinolaringologo, atendiendo en su consultorio de
la calle 9 de julio 329 e incluso desempeñarse como jefe de otorrinolaringologia del Hospital San Martin de Paranà.
¿Puede alguien que participo de un plan sistemático de exterminio de personas ser funcionario del estado y cuidar la salud de nuestros hijos?

¿Que es el Escrache?
El escrache es una herramienta para denunciar la impunidad que nos sigue golpeando. Consiste en "marcar" públicamente la casa de los genocidas, para mostrar a la sociedad donde se esconden los asesinos d nuestro pueblo.
El escrache no es un fin en si mismo, sino que es un medio, como tantos otros, para exigir juicio y castigo a los genocidas y sus complises. El escrache intenta crear una condena social que ejerza presión sobre los que tengan que juzgar y condenar legalmente a los asesinos como Moyano.

Consignas del escrache
A donde vayan los iremos a buscar
Juicio y castigo a Hugo Mario Moyano y a todos los genocidas y sus
cómplices
Aparicion con vida ya de Jorge Julio Lopez
Restitucion de la identidad de nuestros hermanos apropiados
30.000 compañeros detenidos, asesinados y desaparecidos presentes .

H.I.J.O.S. RED NACIONAL
Multi sectorial de D.D.H.H. (Paranà)

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Los genocidas y la prisión domiciliaria


Cuando los represores tienen coronita

En la cárcel de Marcos Paz están alojados ex miembros de las fuerzas armadas y de seguridad por causas de terrorismo de Estado. Pueden hablar por un teléfono interno y sus visitas no son requisadas.

Por Adriana Meyer

Para el Servicio Penitenciario Federal “todo preso es político”, como cantaba el Indio Solari, pero en un sentido literal. La subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense informó a la Justicia que el director de Seguridad de la cárcel de Marcos Paz ordenó a su personal tener “trato privilegiado” con los ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad encarcelados allí por crímenes vinculados con el terrorismo de Estado, a quienes definió como “presos políticos”. Así se lo hizo saber al juez federal Arnaldo Corazza, que investiga la desaparición del testigo Julio López, en una carta en la que describió, además, que los detenidos “tendrían acceso a un teléfono interno del complejo”. Esa carta ratificó las sospechas que tenía el magistrado desde que se hizo cargo del caso respecto de los conciliábulos que pudieran tejer allí los represores. Y le dio motivos para la requisa que se realizó el 23 de marzo, según afirmó a Página/12 el propio juez.

Los resultados de ese operativo –en el que se comprobó que usan una línea interna del penal, y se secuestraron papeles personales del ex comisario Miguel Etchecolatz y otros represores– y estos datos aportados por un organismo oficial confirman que los módulos 1 y 2 de Marcos Paz se parecen mucho a una cárcel VIP, tal como vienen denunciando diversas organizaciones de derechos humanos. De hecho, una carta personal secuestrada a uno de los represores dice: “Nos tratan con respeto, nos llaman ‘el grupo de los famosos’”. Edgardo Binstock, secretario de Derechos Humanos bonaerense, expresó a este diario que “al parecer la ideología de algunos de los que conducen esa cárcel es similar a la de los que están presos, y esto es como mínimo delicado”. Por su parte, el Ministerio de Justicia, responsable del Servicio Penitenciario Federal (SPF), informó que abrió un sumario interno tras tomar conocimiento de estos hechos.

La primera en advertir sobre los riesgos de que los represores convivan en su cautiverio fue Nilda Eloy, sobreviviente de los campos de exterminio y testigo junto a López en el juicio contra Etchecolatz. “Hay que buscar en Marcos Paz”, afirmó la mujer en uno de los primeros actos por el albañil de 77 años, desaparecido desde hace seis meses y medio. Desde entonces las abogadas Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, que representaron a López en aquel proceso, vienen pidiendo que se investigue qué sucede puertas adentro del penal. Tanto el fiscal federal Sergio Franco como el juez Corazza solicitaron al Ministerio de Justicia nacional que tome las medidas necesarias para evitar que el ex comisario y quienes fueron miembros de su patota compartan el mismo espacio. Les inquietaba la frase del chofer de Etchecolatz, Mario Guallama, luego de que su jefe cayera preso: “Nos vamos a reagrupar y vamos a pasar al frente”.

El 14 de marzo, Corazza recibió la carta de la virtual número dos de Binstock, Sara de Cobacho. La funcionaria la elaboró luego de verificar dos denuncias anónimas recibidas en la secretaría que planteaban situaciones irregulares en Marcos Paz. “En enero de 2006 el director de Seguridad del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, prefecto Héctor Altamirano, ordenó al personal del penal que estos detenidos debían tener ‘trato privilegiado’, extendiéndose el mismo a las visitas que reciben. Y en este sentido el prefecto habría aclarado que no eran presos comunes sino que los definió como ‘presos políticos’”, redactó Cobacho según consta en la carta a la que tuvo acceso Página/12.

La funcionaria describió que “durante el transcurso de 2006 las visitas de estos detenidos no ingresaban por la puerta correspondiente sino por la del personal, sin tener ningún tipo de requisa y sin cumplir con los horarios estipulados. Además, entraban con teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dinero, en algunos casos sumas que superaban los mil pesos”. Cobacho admitió que hacia fines de 2006 esta situación “cambió parcialmente”, pero sostuvo que “la requisa siguió siendo incompleta y menos minuciosa que con las visitas de los presos comunes, dado que sólo se revisan bolsos y paquetes, por lo que es posible que puedan ingresar algunos de estos elementos ocultos debajo de la ropa”.

No menos llamativo es el párrafo que sigue. “Estas personas reciben asiduamente visitas de personas que se identifican como miembros de Fuerzas Armadas y de seguridad.” Ese fue uno de los objetivos del procedimiento solicitado por Corazza al SPF, los libros de guardia para revisar quiénes se acercan a llevarles cigarrillos, entre otras cosas, a estos reos. La subsecretaria también alertó que “estos detenidos no están alojados en celdas sino en los módulos 1 y 2 de la enfermería, y en este lugar la guardia se encuentra en el exterior, por lo que no existe vigilancia constante sobre las actividades de los mismos”.

La abogada Bregman destacó que algo similar sucede con el represor Alfredo Astiz, detenido en la base naval de Zárate, porque “tiene acceso al río y sale a una oficina del 4º piso Hospital Naval”. Según la letrada, “esto es lo que pasa con las prisiones en bases militares, y por eso insistimos en que a los represores hay que darles cárcel común y efectiva”.

¡Aló Marcos Paz!

La carta de Cobacho concluye que los represores detenidos en Marcos Paz “tendrían acceso a un teléfono interno que permite comunicarse con otros internos del penal” y del que “sería factible realizar llamadas al exterior”. Esto fue comprobado durante el operativo del 23 de marzo y está siendo analizado por el juez Corazza. Sus investigadores buscaban determinar de qué manera se comunican los represores con el exterior, dado que nada surgía de la intervención de las líneas telefónicas públicas para los presos. Durante la requisa fueron secuestradas tarjetas para cargar teléfonos celulares pero no encontraron ningún teléfono móvil, lo cual indujo a los querellantes a sospechar que estaban avisados. Incluso, hay quienes hablan de un aviso con “tres días” de anticipación. Sin embargo, Etchecolatz no imaginaba que los efectivos del SPF, de la SIDE, la federal y la bonaerense se iban a llevar su agenda personal. “Se puso como loco en ese momento”, reconstruyó este diario. Los organismos de derechos humanos que siguen el caso emitieron aquel día una dura queja contra la Policía Federal, a la que acusaron de haber filtrado el dato.

Al día siguiente de que recibió la carta de Cobacho, el juez Corazza la envió por fax al Ministerio de Justicia de la Nación, según consta en la foja 1026 del expediente. Los funcionarios del ministro Alberto Iribarne dijeron a Página/12 que a partir de entonces se inició “un sumario interno”. Y recordaron que en noviembre pasado el director del SPF Hugo Soza impartió directivas para “determinar la posible tenencia de elementos no permitidos, tales como teléfonos celulares, atento a las amenazas denunciadas por medios periodísticos, por parte de aquellos detenidos por violaciones a los derechos humanos alojados en el Complejo Penitenciario Federal II”. Pero los hechos relevados por la gente de Binstock demostrarían que algo falló en la cadena de mandos.

“Nos informaron que tenían un trato privilegiado y sin control, y cierta libertad de movimientos, por lo tanto es clara la vinculación con el caso López, porque desde el inicio el tema central acá fue Etchecolatz y su entorno”, indicó el secretario de Derechos Humanos bonaerense. Ayer, el ministro Iribarne aseguró que “ratificando el criterio presidencial de cárcel común para los detenidos por crímenes de lesa humanidad, Marcos Paz estará pronto en condiciones de alojar a 70 represores”. Para la abogada Godoy, “esto es un diálogo de sordos porque desde hace años venimos reclamando cárcel común, pero todo indica que en Marcos Paz persisten privilegios”.


Fuente Página 12

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Protección a testigos

Entre demoras y trabas burocráticas

Por Miguel Jorquera

El juez federal de La Plata Arnaldo Corazza pidió al Ministerio de Justicia de la Nación la utilización “urgente” del programa de protección de testigos para las personas que deban declarar en causas que investiguen delitos de lesa humanidad, hasta ahora sólo previsto para los casos de secuestros extorsivos. El magistrado relató en un escrito las dificultades burocráticas con que se topó la Unidad Fiscal Especial para brindar protección a dos testigos en causas que involucran a represores ligados a la Policía Bonaerense. Después de la desaparición de Jorge Julio López, se incrementaron los pedidos de protección, pero los testigos han preferido el sistema de monitoreo a través de pulseras electrónicas (que se destina a delincuentes con prisión domiciliaria) y de teléfonos celulares, antes que la vigilancia de la propia bonaerense. La Cámara de Diputados aprobó el año pasado la incorporación al sistema de protección a los denunciantes y testigos en causas por violaciones a los derechos humanos, pero el Senado aún no lo trató.

La solicitud del magistrado hizo lugar al pedido del fiscal federal Sergio Franco, que reclamó la aplicación del programa nacional previsto en la ley 25.764 para incluir “medidas de seguridad para los testigos y sus familiares” en causas por delitos de lesa humanidad y la “combinación” con los programas provinciales. “La desaparición de Jorge Julio López –que investiga Corazza– ha concitado una considerable demanda de distintos testigos solicitando protección, ya sea por el hecho mismo de ser testigos o en función de haber recibido algún tipo de amenaza o intimidación”, dice el escrito dirigido al Ministerio de Justicia.

Allí, Corazza también describió las dificultades que atravesó el ministerio público para dar protección a dos testigos –identificados con las siglas WD y AGS–, en causas donde se investiga la participación de ex altos mandos de la bonaerense en violaciones a los derechos humanos. En el primero de los casos, la policía provincial derivó la tarea a la Federal, porque el Ministerio de Seguridad bonaerense argumentó que los programas provinciales no contemplan “custodias domiciliarias”. En el segundo, se pidió directamente la custodia a la Federal, pero el Ministerio de Interior manifestó que “el requerimiento excede de las competencias específicas asignadas” a esa fuerza de seguridad.

En su argumentación, el juez afirmó que los hechos que se investigan se dieron en un contexto de “prácticas sistemáticas y generalizadas de desaparición y exterminio implementadas respecto de las personas ilegítimamente privadas de libertad, la que es comprensiva sin dudas del plan de desaparición y ocultamiento de pruebas para facilitar la impunidad”. Por eso señaló que en “el deber de investigar este tipo de delitos se encuentra ínsita la obligación de proteger de manera adecuada a los testigos”.

Corazza sugirió la aceptación de mecanismos que agilicen las solicitudes judiciales con ejemplos tan simples como la “posibilidad de adelantar el trámite vía fax u otro medio de comunicación que se estime adecuado” para una “más rápida y expedita tramitación” de los pedidos de protección. La mención a la ley 25.764 de protección de testigos, es porque la misma prevé la protección en casos de “secuestros” y “privación ilegal de la libertad”, cuestiones que para los miembros de la Justicia federal platense “comprenden claramente los casos solicitados”.
Fuente: Página 12

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EE.UU. deportaría al ex represor Barreiro

Por falsear una visa

Ana Baron

El ex mayor del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro quedó preso ayer en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de una breve audiencia ante el juez Jones de la Corte Federal de Alexandria, quien le negó la libertad bajo fianza.

Barreiro, que está buscado por la Justicia argentina por violación de los derechos humanos cuando era el jefe del centro de detención La Perla en Córdoba durante la última dictadura militar, fue detenido el domingo pasado en The Plaines, Virginia. Michael Keagan, del Departamento de Seguridad interior, explicó a Clarín que, además, Barreiro ha sido acusado de obtener la visa de modo fraudulento.

De acuerdo con el agente del Departamento de Seguridad, obtener una visa de manera fraudulente es en Estados Unidos un delito que puede implicar una sentencia de hasta 10 años y la deportación. Keagan dijo que habrá que esperar que termine ese proceso legal para iniciar el trámite de extradición hacia la Argentina.

Por su parte, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Julie Meyers, dijo que "no descansaremos en nuestro esfuerzo de asegurarnos de que los violadores de los derechos humanos comparezcan ante la Justicia y salgan de nuestras comunidades", luego de asistir a la audiencia. También estaba presente en la audiencia el cónsul argentino Jorge López Menardi. Sea como sea, es muy difícil que Barreiro logre salir de la cárcel en mucho tiempo. La Embajada argentina en Washington está siguiendo muy de cerca el caso y ayer estaban esperando que llegara el pedido de extradición desde Buenos Aires.

Durante la audiencia Barreiro no parecía muy preocupado. Llegó a EE.UU. en 2004. Sus abogados deben decidir ahora si apelan la decisión del juez Jones en una corte de Virginia con jurisdicción para los casos de inmigración.

Mientras tanto, la Embajada de EE.UU. en Argentina emitió un comunicado que dice que el embajador Earl Wayne se mostró complacido por la estrecha colaboración que tuvo con los jueces del Juzgado Federal Nº 3 de la provincia de Córdoba, gracias a la cual "se puedo hacer efectiva esta acción legal". El comunicado recuerda que durante su reciente visita a la Argentina, el subsecretario para Asuntos Interamericanos, Nicholas Burns, expresó su "admiración y apoyo a los esfuerzos" del Gobierno argentino tendientes a defender los derechos de las víctimas del gobierno militar. De hecho, el presidente Néstor Kirchner visitó La Perla el último 24 de marzo, al cumplirse el 31ø aniversario del golpe de Estado de 1976.
Fuente : Clarín

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Los represores que estuvieron en las Malvinas

- Teniente Alfredo Astiz.

Se infiltró en el grupo de familiares de desaparecidos que se reunían en la iglesia de Santa Cruz, entre quienes estaba la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor. Torturó, entre otros, a Carlos Lordkipanidse, Lázaro Gladstein, Carlos García, Amalia Larralde y a los secuestrados de Santa Cruz. Participó del traslado de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, que continúan desaparecidas. Antes de que se aplicara la ley de obediencia debida eludió la condena judicial por el secuestro de la joven sueca Dagmar Hagelin, a quien hirió por la espalda y llevó a la ESMA. Tras pasar todos estos años en libertad –en actividad y ascendiendo aunque siendo blanco de sucesivos escraches– fue detenido en la investigación de lo ocurrido en ese centro clandestino. Algunos de sus apodos eran “Cuervo”, “Angel”, “Rubio” y “Gonzalo”, y su sosías, Alberto Escudero. En Malvinas dirigió un grupo denominado Los Lagartos, que ocupaban una guarnición en el archipiélago Georgias del Sur y cobró notoriedad al rendirse ante las tropas inglesas “sin disparar un solo tiro”.

-Oficial Julio César Binotti.

Nacido el 19 de agosto de 1954 en Santiago del Estero. Llegó a la ESMA después de la guerra de Malvinas, donde participó del conflicto armado, fue apresado por Gran Bretaña y luego condecorado en Argentina “por su gran valor y serenidad al conducir a sus hombres”. Fue jefe de los sectores de operaciones y de logística del GOEA (Grupo de Operaciones Especiales de la Armada), nombre reciclado del grupo de tareas entre 1982 y 1983. Se sospecha que participó del operativo de secuestro de René Haidar, sobreviviente de la masacre de Trelew que permanece desaparecido. Víctor Basterra lo fotografió en 1982, vestido con uniforme de la Policía Federal. Actuó en tareas de logística y en secuestros. Fue beneficiado con la ley de punto final. Sus apodos fueron “Cascardo”, “Ciscardo” y “Fernando”.

- Coronel Horacio Losito.

Procesado por la masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados 22 presos políticos en diciembre de 1976. Fue agregado militar en Roma, pero lo relevaron del cargo en octubre de 2003 por orden del presidente Néstor Kirchner, quien se hizo eco del reclamo de las víctimas. Estuvo preso un mes por orden del juez chaqueño Carlos Skidelsky hasta que la Cámara Federal de Resistencia lo liberó, tras lo cual volvió a su puesto en la embajada argentina en Italia hasta que el actual gobierno lo hizo volver. Ya había sido beneficiado por la ley de obediencia debida.



- Teniente Antonio Pernías.

Torturó con picana eléctrica y quemaduras de cigarrillo a Carlos García, Graciela Daleo, Ricardo Coquet y María Milia de Pirles, entre otros, a quienes además les hizo un simulacro de fusilamiento. Tuvo prisión preventiva rigurosa acusado de haber cometido 22 delitos durante su actuación como oficial de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2. En los archivos del Nunca Más aparece como responsable de las desapariciones de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de los familiares de los desaparecidos secuestrados en la iglesia Santa Cruz, en diciembre de 1977. También aparece como responsable del homicidio de los curas palotinos Pedro Duffau, Salvador Barbeito, Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y José Barbeti. Sus apodos eran “Rata”, “Trueno” y “Martín”, y tenía documentos falsos a nombre de Antonio Gaimar. Fue beneficiado por la ley de obediencia debida y estaba en actividad cuando la prensa difundió su prontuario, junto al de Juan Carlos Rolón, y así se trabó su ascenso. Durante la Guerra de Malvinas fue jefe del Batallón de Infantería de Marina BIM5.


- General de brigada Mario Benjamín Menéndez.



Sobrino del represor Luciano Benjamín Menéndez, que reside en Córdoba. Desde enero de 1979 fue jefe del área 460 y por lo tanto responsable de todos los secuestros, asesinatos y demás delitos cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad en esa jurisdicción creada por la dictadura. Fue beneficiado con la ley de punto final. Fue gobernador de las Malvinas durante el conflicto y protagonizó la rendición en Puerto Argentino.
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“Fue la continuidad de los centros”


Denunciarán en la Justicia Violaciones a los Derechos Humanos en la Guerra de Malvinas

Los ex combatientes denunciarán en la Justicia federal casos de torturas y abusos cometidos contra conscriptos durante el conflicto de 1982. Entre los hechos que llevarán a Tribunales hay incluso cinco muertes. Sostienen que en la guerra se continuó la represión iniciada por la dictadura.

El acto más importante fue en Ushuaia, pero los ex combatientes se reunieron en todo el país para conmemorar el aniversario.
Subnotas

Por Laura Vales

Los ex combatientes de Malvinas denunciarán ante la Justicia federal casos de torturas y abusos cometidos por militares contra conscriptos durante la guerra. Las demandas están siendo preparadas por soldados de la provincia de Corrientes y de la ciudad de La Plata, quienes revelaron los vejámenes que sufrieron hace 25 años, en las islas. Entre los hechos que llevarán a los tribunales hay incluso cinco muertes, una por fusilamiento y cuatro por inanición.

Las denuncias están agrupadas en dos paquetes y apuntan contra oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, a quienes acusan de haber cometido delitos de lesa humanidad, que no pueden ser dados por prescriptos. “Consideramos que las torturas que hubo en Malvinas, los estaqueamientos, todo ese tipo de accionar de los militares, fueron la continuidad de lo que ellos practicaban en los centros clandestinos de detención”, dijo ayer Orlando Pascua, uno de los querellantes.

Pascua es correntino. En Malvinas, vio el estaqueamiento de un soldado chaqueño de apellido Ferreyra, contó. “Lo castigaron por orden de un oficial de la Infantería de Marina, (Julio César) Binotti, por un supuesto acto de indisciplina. Lo ataron al suelo por los pies y las manos y le tiraron encima una lona, que no lo dejaba ver qué podían hacerle.” Lo tuvieron así desde la mañana hasta la media tarde, durante siete horas”. El oficial Binotti “después de la guerra siguió cumpliendo funciones en la ESMA”, donde se ganó fama de torturador inclemente.

Pascua y sus compañeros correntinos investigaron durante los últimos dos años los vejámenes cometidos en Malvinas. El Centro de ex Combatientes, que está integrado sólo por ex conscriptos, trabajó junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes para reunir los testimonios que ahora llevarán a la Justicia. Grabaron cien declaraciones de las que seleccionaron 23 que encuadran con delitos imprescriptibles. El lunes que viene, una vez terminada la Semana Santa, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Vassel, ingresará la denuncia en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, elegido por una cuestión simbólica, ya que es el que tiene jurisdicción sobre las islas.

El secretario de Derechos Humanos detalló que “entre los 23 testimonios figura el caso de un soldado asesinado por un superior, cuatro que murieron hambre –aunque los anotaron como caídos en combate– y quince por estaqueamiento”.

En eso consiste la primera denuncia. La segunda será presentada en los tribunales federales de La Plata a fines de abril o principios de mayo, según confirmó a Página/12 Ernesto Alonso, de los ex combatientes de esa ciudad. La semana pasada, Alonso, sus compañeros de La Plata y una delegación de Corrientes se entrevistaron con la ministra de Defensa, Nilda Garré. Le dejaron una copia de las pruebas reunidas y le pidieron que el Estado los ayude en la investigación. Por ejemplo, “creando una comisión como la Conadep y levantando el secreto militar”, señaló el ex combatiente.

¿A qué apunta el pedido de levantar el secreto militar? Alonso responde: “Al volver de Puerto Madryn, a los conscriptos del Ejército nos llevaron a Campo de Mayo. Nos daban de comer ocho veces por día, teníamos baños y ropa limpia: querían que mejoráramos nuestro aspecto. En esos días me interrogó personal de inteligencia militar, a mí y a todos los demás, con un listado de preguntas sobre lo que había pasado en las islas. Cuando terminó el cuestionario me advirtieron que no tenía que hablar, que era secreto militar y que contar lo que había pasado me podía causar inconvenientes. Esas fichas todavía existen y queremos conocerlas, porque esos hechos nunca fueron investigados”.

Alonso trabajó en la investigación de la película Iluminados por el fuego, que sirvió como punto de partida de estas investigaciones. “Iluminados... fue un canal para mostrar qué habíamos vivido allá, esa situación de estar entre dos frentes, de tener que soportar a los militares y a los enemigos-enemigos, los ingleses”.

Entre los represores que llevaron sus prácticas a las Malvinas, Alonso mencionó a Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Mario Benjamín Menéndez, Horacio Losito y el ya nombrado Binotti (ver aparte).

Alonso hace un parangón entre la investigación de Malvinas y los Juicios por la Verdad. “Desde que volvimos de Malvinas estamos pidiendo que se forme una comisión investigadora, y también que nos den garantías para poder declarar. Lo que hay que romper es el silencio de muchos compañeros, que se vayan animando a hablar.”

Hasta ahora, sólo hubo una comisión militar en 1983, encabezada por el general Benjamín Ra-ttembach, que juzgó la actuación de cada una de las fuerzas durante los 74 días en que se extendió la guerra de Malvinas y que previsiblemente no incluyó estos temas.

Uno de los problemas es que muchos de los militares a quienes deberán denunciar siguen teniendo poder. “Hay un testigo que contó que el subteniente Taranto lo sometió a un submarino, metiéndole la cabeza en el agua helada de Malvinas. Resulta ser que este suboficial retirado hoy tiene un programa en Radio 10. Y otros, como Mario Benjamín Menéndez, que no podía desconocer lo que pasaba, siguen cobrando una pensión por sus servicios.”

Fuente: Página 12

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"Los gobiernos sólo realizan lo que los pueblos piden con autoridad y firmeza" Scalabrini Ortiz