Ahora procesaron al ex comisario por homicidio


“Patti más al horno”

Un comunicado de H.I.J.O.S. Rosario dio a conocer la resolución del juez de San Martín, que le imputó el asesinato del militante peronista Gastón Goncalves.

Un nuevo revés judicial para el represor Luís Abelardo Patti. El juez Federal Alberto Suares Araujo –quien investiga entre otras la causa por el secuestro, torturas, desaparición y muerte del militante peronista Gastón Gocalves– lo procesó por homicidio. El juez tuvo que acogerse a una resolución de la Cámara Federal de San Martín que revocó la falta de mérito que Suarez Araujo había dictado a Patti y la agrupación H.I.J.O.S. Rosario había apelado.

“Nosotros desde siempre consideramos que hay prueba suficiente para imputar a Patti el homicidio de Goncalvez, por eso apelamos en su momento la falta de mérito que había dictado Suarez Araujo”, explicó Ana Oberlin, abogada de la agrupación H.I.J.O.S. Rosario y representante de la familia de Goncalvez. Mediante un comunicado, la agrupación explicó que “la Cámara federal de San Martín debió tratar el pedido de apelación presentado por H.I.J.O.S. y resolvió revocar la falta de mérito dictada por Suarez, haciendo lugar a nuestro reclamo”.

“El ocho de febrero –recordó el comunicado de H.I.J.O.S.– la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín había confirmado la prisión preventiva y el procesamiento de Luis Patti, –en el marco de la causa que investiga los secuestros del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto, de Gastón Goncalves y Carlos Daniel Souto–, por los delitos de "privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y allanamientos ilegales". Ahora también se lo procesa por el homicidio de Goncalvez, delito por el que el juez había dictado falta de mérito y que el equipo jurídico de H.I.J.O.S. –conformado por los doctores Lucas Ciarnello, Nadia Schujman y Ana Oberlin– oportunamente apeló.

“Ahora si se comienza a derribar la mentira de Patti” dijo la agrupación en el documento y agregó que “ya no podrá ocultar sus servicios de secuestros torturas y muertes que prestó Patti, a esa maquinaria montada por la dictadura para entregar el país al poder concentrado y desarticular los proyectos sociales que luchaban por la construcción de una Nación independiente e igualitaria”.

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Carnaval de Pocho Lepratti: Cronograma de actividades

7° CUMPLEAÑOS/CARNAVAL de POCHO LEPRATTI

Lugar: Plaza "Pocho Lepratti" (Vélez Sársfield y Liniers)
Barrio Ludueña, Rosario


Cronograma de actividades

Lunes 25: (de 16 hs a 24 hs)
• Pintadas y Murales Colectivos.
• Taller con los más chicos.
• Taller de Género (AMMAR).
• Bandas en vivo: Ángel Negro, El Riel, Eric, Eduardo Sánchez.
• Proyección de videos.

Martes 26: (de 15 hs a 24 hs)
• Taller sobre escritos de Pocho.
• Pintadas y Murales Colectivos.
• Bandas en vivo: Monchoí, Osmosis, Casaro, Gato a la Naranja, Var{on, Skatos, Juan, El Desierto, Perro e´Sulky, Farolitos, La Posilga, Cierre a toda cumbia: Ázucar Negra.

Miércoles 27: (de 14 hs a 24 hs)
• Feria-Muestra de Organizaciones Sociales/Culturales.
• Desfile y Actuacióon de las Murgas!!!!
• Proyección video documental: Pochormiga.
• Bandas en Vivo: Panchito Chéves, Joselo Shuap, Aerobola.
• Quema de Rey Momo.

Veníte, acercate!!
25, 26 y 27 de febrero de 2008
¡¡¡Cumpleaños/Carnaval de Pocho!!!
Vélez Sársfield y Liniers
Líneas que te dejan: 112, 101, 129, 141.

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"Barba" Cabrera: Un represor que reconoce a otro represor

Lo reconoció un ex miembro de la patota la "Quinta de Funes" y la secretaria de DD.HH admitió que trabajó en la Defensoría del Pueblo.
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, María Bressa confirmó ayer que Jorge Andrés Cabrera -alias Barba, señalado como un torturador de la Patota de Feced- ingresó en el año 1991 a la Defensoría del Pueblo de la mano de Norberto Nicotra. Y aseguró que se retiró en forma voluntaria en el año 2000. En tanto, el ex represor Eduardo "Tucu" Costanzo reconoció ayer en el juzgado federal a "el Barba Cabrera", en la foto de tapa de Rosario/12.

-¿Lo conoció a Cabrera?

-Conocí a un Andrés Cabrera, pero nunca vi su legajo. No olvidemos que esa persona ingresó a la Defensoría en la misma época que yo, cuando se creó la Defensoría. Yo ingresé como una abogada más con un staff administrativo que el primer defensor formó según su criterio.

-¿Quien fue el primer defensor del pueblo?

-Norberto Nicotra.

-¿En que año ingresó Cabrera?

-La Defensoría empezó a funcionar en noviembre o diciembre de 1991. Yo no tuve contacto con el que era una empleado administrativo, que se retiró en el año 2000 con un retiro voluntario, con una jubilación anticipada que se ofrecía a los empleados públicos. Allí se retiró y nunca más lo vi.

-¿Qué se comentó cuando Cabrera dejó la Defensoría?

-Absolutamente nada. Creo que en Rosario fue el único que se retiró.

-¿Cómo era Cabrera en el trato diario?

-Era común y silvestre y le repito no trabajaba conmigo.

-Usted tiene un doble rol porque además de haber sido directora de la Defensoría del Pueblo ahora es la responsable del área de derechos humanos de la provincia. ¿Que opina de lo que ocurrió con este hombre que siendo un represor recibe el cobijo de un trabajo en el propio estado?

-Uno piensa que no tendría que haber ocurrido, pero no puedo hablar porque no puedo decir lo que hicieron otras personas, y por qué lo hicieron. Digo en nombrar a una persona en un puesto si es que sabían que había hecho semejantes barbaridades, pero no puedo opinar cuando no fui yo la que tomó esa determinación. A nadie la cabe dudas que esta gente debió haber estado en otros lugares desde hace mucho, pero no puedo opinar sobre la razones o las no razones por las que entraron a la administración pública porque no soy yo la que los ingresó, ni tuve nada que ver.

-¿Qué rol debería tener la Secretaría de Derechos Humanos a su cargo en los juicios que se siguen por terrorismo de estado?

-Un rol activo: ya tenemos un Programa de protección de testigos y somos auxiliares de la justicia. En este punto tenemos un empleado en Santa Fe y otro en Rosario afectados a las causas y colaboramos con lo que se nos pide. También esta casi listo el Programa de protección de testigos y querellantes. Esto es el lo que nos toca, cuidado físico y psíquico de las víctimas.

-¿Cuántos se han acogido al Programa de protección?

-No, todavía nadie, solo preguntan y hablan. Vienen muchos a preguntar y ahora vamos a ver que cosas les podemos ofrecer, y sobre todo lo que quieren. La semana próxima haremos una ronda de charlas con víctimas y querellantes.

-Eduardo Costanzo denunció a un número importante de represores que caminan libres por las calles de la ciudad. ¿Usted cree que se está haciendo lo necesario para ponerlos tras las rejas?

-Yo no puedo juzgar a la justicia, creo que se está trabajando bien con un apoyo de todos los sectores. No tengo porque pensar que están trabajando mal. Pienso que no debería haber tantos represores sueltos y también que no van a tardar mucho en estar detenidos.

Fuente. Rosario 12 - José Maggi

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Novedades en causa Quinta de Funes: El represor "Barba" Cabrera

En la dictadura fue un "especialista en torturas", según lo denunció el Tucu Constanzo. En los 90' trabajó en Defensoría del Pueblo y vendía pochoclo en el parque. Pedido de informes.
Jorge Cabrera, también conocido como Andrés Cabrera, o por su alias el Barba tiene hoy sesenta años, un metro setenta de estatura, cabello canoso y bigote negro, tal como puede verse en la foto que ilustra la portada de Rosario/12 y que por primera vez se publica. Es el rostro del hombre señalado ante la Justicia Federal por Eduardo "Tucu" Costanzo como "el especialista en torturas" de la Patota de Feced. El que aplicó sus técnicas sobre Tito Mesziez, al igual que sobre Cambiasso y Pereira Rossi. Que de lunes a viernes era empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y los fines de semana se convertía en un inofensivo vendedor de pororó en Parque Sunchales. Al menos, hasta el año 2000.

Los dichos de Constanzo ante el juez federal subrogante Felix Angelini fueron la ratificación de la entrevista publicada por este diario: "Cabrera alias el Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que la torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas lo torturó, es el que tortura a Cambiaso y Pereira Rossi dentro del camioncito en bulevard Oroño al fondo, cuando estaban haciendo la avenida de Circunvalación. En democracia empezó a trabajar en la Defensoría del Pueblo, pero no trabaja más, no sé dónde anda", había dicho Constanzo, quien además había apuntado al entonces responsable de la Defensoría, Norberto Nicotra como quien le dio empleo.

Preocupado por el paso de Cabrera por el Estado, la diputada Alicia Gutiérrez (ARI en el Frente Progresista) solicitó se informe sobre el ingreso y actuación en la administración pública provincial de Cabrera, acusado judicialmente por su participación en la privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio de personas ocurridos en el centro clandestino Quinta de Funes.

Gutierrez pidió también "la fecha de ingreso a la Administración Pública Provincial, el listado de funciones asignadas, las fechas de ingreso, cese y responsables de las reparticiones administrativas en donde el represor Cabrera hubiere prestado servicios durante la vigencia de su relación laboral con el Estado Provincial, especificando particularmente las tareas desarrolladas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe".

Además, la diputada del ARI quiere saber si el represor "continúa en la actualidad percibiendo haberes o remuneraciones de cualquier naturaleza o cumpliendo funciones en la Administración Pública Provincial, y en caso negativo, se detalle la fecha y las causales de la extinción del vínculo laboral".

En la misma línea, la Agrupación H.I.J.O.S. interpuso una presentación ante el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, solicitando la indagatoria y detención de Cabrera. La agrupación reseña que "a partir de las declaraciones de Costanzo, detenido con prisión domiciliaria, y de investigaciones periodísticas que revelaron documentos de inteligencia mexicana, es posible determinar la participación de Cabrera en el 'Operativo México' en enero de 1978, que tenía por objeto secuestrar y asesinar a exiliados Montoneros en la Ciudad de México". Los documentos de inteligencia mexicanos constituirían prueba determinante para acreditar la responsabilidad penal de Jorge Cabrera, quien habría ingresado a México bajo la identidad de "Carlos Alberto Carabetta".

En su comunicado HIJOS recuerda que "el proyecto criminal de 'Operación México' fue impulsado por Leopoldo Galtieri, entonces jefe del II Cuerpo de Ejército y autor intelectual del centro clandestino de detención que funcionó en Quinta de Funes. Luego de que los militares argentinos fueran expulsados de México, acusados de espionaje ilegal, inmediatamente el centro clandestino de detención de la Quinta de Funes fue desmantelado y sus presos trasladados a otro centro".

Para HIJOS es grave que Cabrera haya sido empleado público. "La gravedad de la situación radica en que, a la impunidad de la que gozó el represor Cabrera hasta el presente, por la comisión de crímenes aberrantes durante el terrorismo de Estado, se suma el paradójico y triste amparo recibido del Estado provincial a partir de la restauración de las garantías constitucionales. Esto muestra cómo las instituciones bajo la dirección del poder político cómplice, en contados casos sirvieron de refugio de aquellos que fueron responsables del plan genocida instaurado por el último gobierno de facto".

Fuente: Rosario 12 - José Maggi

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Represores en el gobierno mendocino: Investigación de Horacio Verbitsky



Retoños de Seineldín

Un comando entrenado por Seineldín para el secuestro de personas, un funcionario de la dictadura bonaerense como jefe de asesores de Stornelli y operaciones de control ideológico con el pretexto de las drogas en la UFIDRO configuran el retorno de concepciones y ejecutores incompatibles con la seguridad democrática. La contradicción con su política de derechos humanos fuerza al gobierno nacional a una definición, por costosa que sea en términos políticos.

La designación como viceministro de seguridad de Mendoza del comisario Carlos Rico Tejeiro, entrenado como comando por el ex coronel Mohamed Ali Seineldín, a quien secundó en un organismo especial creado para desaparecer personas durante el campeonato mundial de fútbol de 1978; la designación como jefe de policía de Buenos Aires del comisario Daniel Salcedo, que entregó la formación de los futuros oficiales al ultramontano colaborador de la dictadura Fray Aníbal Fosbery; la creación de un comité asesor del ministro bonaerense de Seguridad Juan Carlos Stornelli, encabezado por el juez Alberto Durán, que fue funcionario del ministerio de gobierno durante la dictadura; los ataques de un funcionario entrerriano a las Abuelas de Plaza de Mayo y los HIJOS de desaparecidos, y las operaciones de espionaje ideológico realizadas con el pretexto de investigaciones sobre drogas por la unidad fiscal UFIDRO, confrontan a la democracia argentina con los peores fantasmas de una época que se resiste a pasar a retiro y generan una crisis similar a la que provocó el ex gobernador bonaerense Carlos Rückauf cuando dejó la seguridad en manos del también comando y líder carapintada Aldo Rico, quien se sostuvo apenas cuatro meses en el cargo, poco más de lo que lleva Rico Tejeiro en el suyo.

Aquel experimento no provocó disonancias con el gobierno nacional de entonces, porque el presidente Fernando de la Rúa era también muy conservador. Para el gobierno de CFK y para los proyectos de Néstor Kirchner de reorganizar el partido Justicialista como eje de una coalición progresista, constituye un serio escollo, porque los coloca en contradicción con su política de respeto a los derechos y garantías constitucionales frente a la protesta social y de justicia por las violaciones del terrorismo de Estado a los derechos humanos.

A patadas

Mendoza es una de las provincias donde la psicosis por la seguridad es mayor. Asociaciones de víctimas de delitos y de policías apoyan a los políticos conservadores que oponen la seguridad con el respeto por los derechos humanos, como si fueran valores opuestos y no dos requisitos imprescindibles y complementarios de la democracia. Pero el nuevo hombre fuerte de la seguridad cuyana ni siquiera es un especialista en la lucha contra el delito sino en la represión de las manifestaciones callejeras. Un ministro del gobierno nacional contó una escena vista por televisión, cuando varios señores vestidos con traje y corbata intentaron linchar a un joven en el centro de la ciudad. “Si no lo rescata la policía, lo mataban a patadas. Había arrebatado una cartera, no asesinado a una viejita”, dijo. Rico Tejeiro y los demás integrantes de la nueva cúpula de seguridad fueron pasados a retiro obligatorio en 1999 a raíz de una sublevación policial con armas, en reclamo de mejoras salariales.

Complicaciones políticas

El caso mendocino tiene severas complicaciones políticas, dado que las fuerzas alineadas con el gobierno nacional concurrieron a las elecciones provinciales en dos listas enfrentadas. Celso Jaque, del Partido Justicialista, obtuvo la gobernación en octubre, venciendo al radical César Bifi, candidato elegido por el vicepresidente Julio Cobos en la Concertación con un sector del kirchnerismo. Como ministro de Seguridad, Jaque designó al candidato a vicegobernador del Partido Demócrata, Juan Carlos Aguinaga, que con el 10 por ciento de los votos fue la tercera fuerza en octubre. Para agregar complejidad al caso, el gobierno de Jaque tiene dos alas enfrentadas. Por un lado los conservadores de Aguinaga, quien convocó a Rico Tejeiro y a otros policías de su grupo, y los funcionarios de derechos humanos Pablo Salinas y Diego Lavado, quienes antes de llegar al gobierno impulsaron los juicios por los crímenes de la dictadura en la provincia, en los que fueron detenidos algunos camaradas de Rico Tejeiro. Esas coaliciones se repitieron cuando la Legislatura trató un proyecto para separar a Rico Tejeiro. La moción requería dos tercios de los votos, que no se alcanzaron. Veintisiete legisladores del pejota y conservadores respaldaron al comando de Seineldín, mientras veinte kirchneristas, radicales de la Concertación y del ARI apoyaron su remoción.

La confusión

En su viaje a Mendoza la presidente CFK no recibió a los organismos de derechos humanos y delegó la audiencia en el ministro del Interior Florencio Randazzo, quien repitió el discurso del gobernador Jaque y dijo que el problema debía dirimirlo la justicia. Es una confusión inadmisible entre un juicio penal, en el que son necesarias pruebas irrefutables de la comisión de un delito para condenar a una persona, y una evaluación política acerca de la idoneidad para ocupar un cargo público. Con el criterio defendido por Jaque y Randazzo, el ex subcomisario Luis Patti estaría sentado hoy en una banca de la Cámara de Diputados. Fue después de su exclusión decidida por la Cámara que los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto consiguieron las pruebas necesarias para llevarlo a la cárcel por ese y otros secuestros y asesinatos. El Partido Demócrata cogobernó con los militares durante la dictadura de 1976 a 1983, a la que dio incluso varios ministros nacionales, como el de defensa Amadeo Frugoli. Un hermano del actual ministro, Alberto Aguinaga, era el ministro de gobierno el 29 de marzo de 1982, cuando la policía provincial que integraba Rico Tejeiro fue puesta a las órdenes del Ejército, igual que la Gendarmería. En respuesta a un paro general de la CGT con movilización en las calles, las tropas abrieron fuego sobre la multitud, causando la muerte del obrero minero José Benedicto Ortiz y heridas de bala a otros cinco manifestantes. En 1999 Ezequiel Aguinaga tuvo un incidente con dos limpiavidrios del centro. Su padre, Alberto, llegó al lugar y exhibió un arma. En 2001 presentó un proyecto de ley que castigaba con un mes de cárcel a limpiavidrios y vendedores ambulantes que ofrezcan sus servicios en forma insolente, que fue apoyado por la UCR. En 2003, cuando el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, visitó la Argentina, Juan Carlos Aguinaga pidió que fuera detenido y juzgado por la comisión de crímenes contra la humanidad. Tamaña ideologización de la política de seguridad puede incrementar el conflicto social, pero no disminuir la criminalidad.

La escuela de Seineldín

Los principales argumentos en contra de la designación del comando Rico Tejeiro provienen de su propia pluma y constan en su legajo. En diciembre de 1977, al negarle el ascenso al grado superior, la Junta de Calificaciones de la policía provincial señaló que Rico Tejeiro había hecho su carrera en Unidades Especiales, con escasos lapsos en comisarías en las que se desarrollara trabajo policial. En su exitoso pedido de reconsideración, narró los actos de su vida que consideraba relevantes. Para ejemplificar acerca de su aptitud física, consignó que fue propuesto por la Jefatura de Policía para realizar el curso de Comando Militar en la Escuela de Infantería del Ejército y “participar en la elaboración y ejecución” del Proyecto G.E.S. 78”. Según el ministro Aguinaga el único objeto de ese grupo era “resguardar la paz social” durante el Campeonato Mundial de Fútbol (sic). Pero un libro de alguien próximo a Seineldín (Héctor Simeoni: Línea de Fuego, Sudamericana 1991) reproduce el testimonio sobre aquella época de un coronel de los llamados nacionalistas, quien dice que el curso se empezó a dictar en Campo de Mayo. “La represión de la guerrilla ya había empezado antes de 1976. El Proceso oficializa nuestro curso y de esta manera sale a luz en toda su dimensión”, agrega. Luego Seineldín “nos llevó a un grupo con él a la Policía Federal. El general Cesáreo Cardozo le pidió que fuéramos a la policía porque había excesos, falta de honestidad. Nos llevó a varios de nosotros a hacer un curso de formación contrarrevolucionaria. Después se diseñó un cursillo de siete días, con aislamiento, con un alto contenido técnico y formativo especializado para actuar en cuestiones contra la subversión. De allí surgió una escuela especial que primero se llamó Centro de Instrucción Contrarrevolucionaria y luego CAEP (algo así como Centro de Actividades Especiales Policiales)”. En 2004 otro de los oficiales instruidos por Seineldín, el teniente coronel Guillermo Bruno Laborda, relató en qué había consistido el resguardo de la paz social durante el campeonato de 1978. Asignado a la custodia del centro de prensa de la sede cordobesa, transportó en una ambulancia a una mujer que el día anterior había dado a luz, desde el Hospital Militar Córdoba hasta el campo de la guarnición. Había sido “condenada a muerte debido a su probado accionar en actos de sabotaje en el desarrollo del mundial”. Su traslado “al campo de fusilamiento de la Guarnición fue lo más traumático que me tocó sentir en mi vida. La desesperación, el llanto continuo, el hedor propio de la adrenalina que emana de aquellos que presienten su final, sus gritos desesperados implorando que si realmente éramos cristianos le juráramos que no la íbamos a matar fue lo más patético, angustiante y triste que sentí en la vida y que jamás pude olvidar. Todos los oficiales designados, procedimos a fusilar a esta terrorista que, arrodillada y con los ojos vendados, recibió el impacto de más de veinte balazos de distintos calibres. Su sangre, a pesar de la distancia nos salpicó a todos. Luego siguió el rito de la quema del cadáver, el olor insoportable de la carne quemada y la sepultura disimulada propia de un animal infectado. Nunca supe el destino del niño o niña”.

Rico Tejeiro admite que esa especialidad define a quien la ha adquirido, “aunque ella no haya sido legal y organizadamente constituida” y se refiere a sí mismo como “un infante”. Después de los cursos, Rico Tejeiro y su colega Adolfo Siniscalchi fueron recomendados por el jefe que sucedió a Cardozo al frente de la Policía Federal, general Edmundo Ojeda, para integrar el centro antisubversivo mendocino y felicitados por su rendimiento, por el jefe de la Policía de la Provincia de Mendoza, comodoro Julio César Santuccione. Según el ministro Aguinaga, Santuccione le puso una bomba en su casa. Luego de cursar con Seineldín en ese Centro de Instrucción Contrasubversivo, CIC, Rico Tejeiro fue instructor en cursos de Infantería, Control de Disturbios y Lucha Contrasubversiva, según afirma en defensa de su también cuestionada aptitud intelectual. Como instructor del “Plan de Actividades Teóricas y Prácticas contra la Subversión”, Rico Tejeiro capacitó a Eduardo Smaha, detenido por el homicidio del poeta Paco Urondo.

Psicología de multitudes

También dice que representó a la policía de Mendoza ante el ministerio del Interior, a cargo del general Albano Eduardo Harguindeguy, donde “fue felicitado por su eficaz accionar”. Además fue profesor de oficiales de la Fuerza Aérea, de Gendarmería y de otras policías provinciales, en Estrategia y Técnica de Combate. Agrega que dictó clases de Acción Sicológica y Psicología de Multitudes, a las que llama “materias basales para la actividad policial”, imprescindibles en “rubros fundamentales como Control de Disturbios, Prevención de Disturbios, Contención de Multitudes, Agresivos y Compuestos Químicos como integrantes del arsenal policial”. Esas aptitudes son muy apreciadas bajo una dictadura militar que no permite manifestaciones en las calles pero no se advierte su utilidad en la represión del delito en el orden constitucional. En las acciones violentas, dice Rico, “se sale del terreno de lo inminentemente específico, para entrar en otro campo, como es la Táctica, la Psicología, la Técnica de Combate, la Estrategia”. En estas disciplinas “el elemento de su trabajo es el hombre”. Estas definiciones, vigentes en la doctrina de la seguridad nacional, son incompatibles con una concepción de seguridad democrática.

Para refutar que careciera de aptitud moral, Rico Tejeiro explicó que como Católico, Apostólico y Romano “profesa que la esencia de la moralidad consiste en la conformidad de la conducta humana con la Voluntad Divina. En consecuencia rechaza todo tipo de doctrina materialista”. Agregó que había dictado clases y conferencias de “Estrategia” y sobre “Intento de destrucción del valor espiritual a través del tiempo”, una de las obsesiones de Seineldín. Ello le permitía “desempeñarse con una tranquilidad mística”. En su pedido de investigación sobre Rico y sus colaboradores, los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza enumeraron una cadena de once secuestros que ocurrieron entre el 15 y el 29 de mayo de 1978, en pleno funcionamiento del Grupo Especial 78 G78. El estudiante universitario Juan José Galamba, era buscado por sus contactos con Montoneros, desde 1976, cuando eludió un operativo conjunto en el que fueron secuestrados amigos y parientes. Los desaparecidos en mayo de 1978 lo habían ayudado y alojado mientras escapaba. Margarita Dolz de Castorino fue secuestrada el 15 de mayo; Aldo Enrique Patroni, el 17. Luego fue el turno de Raúl Gómez Mazzola. El 22 desaparecieron Mario Guillermo Camín, amigo de Galamba, y su padre, Gustavo Camín, quien lo empleó en una cantera en San Juan. El 24 cayeron Daniel Romero y su hermano Daniel; el 25 Víctor Hugo Herrera e Isabel Membrive y el 28 Ramón Alberto Sosa y Juan José Galamba, el hermano del prófugo.

Otras joyas

Como para que no quede duda que se trata de una política, el gobierno mendocino también designó a los comisarios generales Pedro Chacón, como director de Investigaciones; Aníbal Gómez en la dirección de Logística; Vicente Chacón a cargo de los registros de armas y de agencias se seguridad privada y Raúl Vega como director de Recursos Humanos. Todos ellos participaron también en el Centro de Instrucción Contrasubversivo, CIC y Gómez se desempeñó en la temida dirección de inteligencia D2, donde se torturaba a los detenidos-desaparecidos. El ex subjefe de la Policía Federal, comisario general Antonio Mingorance, certificó que Vicente Chacón fue entrenado en “técnicas, procedimientos y métodos” y en “la afirmación de los valores por los cuales enfrentamos esta lucha común”, que facilitarán “la erradicación definitiva de la delincuencia apátrida”. Al asumir la gobernación, Jaque nombró a Pedro Chacón en Inteligencia, pero debió relevarlo cuando se supo que estaba produciendo informes de inteligencia sobre la actividad de diversos partidos políticos, algo prohibido por la ley de inteligencia nacional y por la legislación local. Sin embargo, Jaque lo designó entonces en Investigaciones. Además de su desempeño durante la dictadura, algunos de los policías del equipo de Aguinaga y Rico han sido objetados por temas más recientes. Vicente Chacón fue suspendido como director de Robos y Hurtos, por no informar las reiteradas inasistencias de subordinados que cobraban como si hubieran trabajado. Jaque lo puso a cargo del control de armas y de las agencias de seguridad privada. El nuevo director general de Policías, Jorge Alfredo Guerrero Escudero, persiguió en 2004 con dos patrulleros a un auto que había pasado un control fitosanitario sin abrir el baúl para su revisión. Los sospechosos debieron salir del auto rodeado por la policía con los brazos en alto. Recién en la comisaría primera les permitieron identificarse. Eran un juez federal, un fiscal, un defensor oficial y un secretario de la Justicia Federal de San Juan invitados a la asunción de un colega en Mendoza. El problema se reducía a que no llevaban la llave del baúl. Guerrero Escudero fue denunciado por privación ilegítima de la libertad. En conversaciones privadas, Kirchner ha cuestionado a “quienes creen que la inseguridad se combate designando asesinos” y dijo haber enviado señales a Jaque para que diera un corte rápido a la desgastante situación. Pero hasta ahora el Poder Ejecutivo nacional sólo se ha manifestado por medio de la desdichada frase de Randazzo. Esta abstención no podrá prolongarse mucho más.

La contradicción con su política de derechos humanos lo fuerza a una definición, por costosa que sea en términos políticos. En comparación, el agasajo protocolar a un dictador africano aparece como un pecado menor, convertido en un caballito de batalla por la misma prensa conservadora que no se desvela por la proliferación de los retoños de Seineldín con el pretexto de la inseguridad.


Si lo sabe cante
La existencia de la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado (Ufidro), cuya corta existencia se ha deslizado entre denuncias de espionaje político, de corruptela y nepotismo de sus funcionarios jerárquicos, hostigamiento al personal y violación de derechos y garantías en procedimientos penales en los que intervino sin tener competencia para ello, es motivo de análisis entre el gobierno nacional y la Procuración General de la Nación. También están a estudio los casos de otras fiscalías temáticas, como las que actúan en la Anses y el PAMI. Pero la Ufidro tiene mayor urgencia, porque la situación puede producir un escándalo de proporciones, con repercusión política. La unidad fue creada por un convenio especial entre el Procurador y el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández. El convenio está vencido y Fernández pasó al ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El jefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández, es partidario de disolver la Ufidro. En cambio, el Procurador General, Esteban Righi prefiere no renovar el convenio, convertirla en una fiscalía más del Ministerio Público con una sustancial reducción de personal y, eventualmente, reemplazar al fiscal Alberto Adrián María Gentili.

El ex presidente Néstor Kirchner había recibido sendos reclamos el año pasado de Adolfo Pérez Esquivel y Hebe Bonafini, dos de las personas investigadas por la Ufidro a partir de una denuncia anónima sobre drogas y su relación con la organización colombiana FARCEP. Ninguno de ellos quiso provocar un escándalo antes de las elecciones presidenciales, pero tampoco estuvieron dispuestos a pasar por alto esta grave violación de las leyes que prohíben realizar tareas de inteligencia sobre organizaciones políticas y sociales. Pasada la campaña electoral, Pérez Esquivel junto con dirigentes políticos, un abogado y un periodista presentó una denuncia penal contra el fiscal Gentili, por abuso de autoridad y violación de sus deberes funcionales, que quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío. La presidenta CFK desconocía hasta la existencia del organismo, entre cuyas originalidades está la convocatoria para dictar cursos sobre drogas al abogado Máximo Rosconi, defensor de los principales traficantes detenidos en el país, en la mayor causa por lavado de dinero habida aquí. La foto que ilustra esta nota muestra al fiscal Gentili y a uno de los seis secretarios de cámara de la Ufidro, Horacio García, durante una fiesta ofrecida por el defensor de otros traficantes, Julio Virgolini. La Ufidro nunca actuó en ninguna investigación compleja y se limitó a la persecución de pequeños consumidores de marihuana, en actuaciones anuladas por varios jueces en razón de su manifiesta ilegalidad. La última memoria anual de la Ufidro consigna que la unidad ha abierto “contacto con autoridades del Ministerio de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica”. Por su parte en el capítulo de Argentina de su informe de 2007, la DEA destaca la posible creación de un Grupo de Trabajo de la Triple Frontera en la provincia de Misiones y otro en el Puerto de Buenos Aires.

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Represores en Mendoza: denuncia de H.I.J.O.S. al gobierno provincial

Los organismos de DDHH mendocinos expresan su profunda preocupación frente a la crisis que el nombramiento de los policías retirados vinculados a la represión ha generado en el seno del Ministerio de Seguridad: el comisario Mayor (R) Carlos Rico, quien ocupa el cargo de subsecretario de seguridad, comisario inspector (R) Fernando Gómez, director de logística, junto a Pedro Chacón, Vicente Chacón y Raúl Vega

Obviar o minimizar la crisis que estos hechos significa, nos estaría situando en el lugar de la complicidad o lo que es mucho más grave, con la impunidad que los represores han estado acostumbrados ha actuar.

La incansable lucha por la verdad y la justicia por más de 30 años nos permiten hoy ir consolidando un país más democrático. El gobierno nacional acompaña los procesos de los juicios por la verdad que se suceden a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. Mientras que en nuestras provincia, no deja de impactarnos el retroceso que significa, que hombres fuertemente vinculados a la dictadura (que además se encargan de reivindicar el haber sido reconocidos por el asesino Santuccione) ocupen cargos relevantes en el ministerio anteriormente citado.

Todos sabemos que se hace indispensable alcanzar la seguridad como un bien común, basado en las garantías y derechos individuales y colectivos, en políticas que ayuden a achicar la brecha entre los excluidos y quienes todo lo tienen, dando mayores oportunidades, tanto en educación, salud, trabajo digno, para reconstruir el tejido social. Todos sabemos que necesitamos una policía capacitada y equipada, para actuar frente al delito...

No son estos hombres que hoy ocupan cargos estratégicos en el ministerio, quienes pueden llevar adelante, esas políticas basadas en los principios de equidad.

Por el contrario y como prueba de ello, ante la supuesta amenaza que pueda significar el aporte de un testigo, quien además ha actuado en el debido marco legal correspondiente, no dudan en investigarlo, pero fundamentalmente convertirlo en sospechoso difamándolo, como una forma de intentar callarlo.

Este hecho es una muestra de los valores que estos sujetos tienen, es lo que marca el retroceso, el que quiere silenciar. En definitiva, volver a generar el miedo.

La reciente desaparición de Julio López es una prueba que nos golpea a todos y que nos pone alerta frente al accionar del aparato represivo.

Nosotros no podemos permanecer al margen de estas actitudes, los organismos de DDHH estamos transitando todos los escenarios posibles: legislativo, judiciales y en el que se abra el debate de cara a la sociedad, como hace 32 años que lo venimos haciendo. No sólo por nuestra propia lucha, sino para garantizar la seguridad a cada uno de los ciudadanos que habitan en esta provincia.

Si no marcáramos enfáticamente este punto de inflexión, que constituye el nombramiento de estos represores como parte del ministerio de seguridad, si no denunciáramos quiénes son estos sujetos y la contradicción insalvable que esto genera, nuestra lucha quedaría reducida a una vacía consigna, a una descolorida bandera que habríamos bajado frente a un gobierno que, acabando de asumir por la voluntad de un pueblo, omite el principio basal de nuestra joven democracia que sostiene, que ningún individuo que haya sido miembro activo o colaboracionista de la última dictadura puede ocupar un cargo público. Esto es mucho más que una consigna, este es el principio ético que debe cumplir cada uno de los hombres y mujeres que desempeñándose en los cargos públicos lleven adelante el mandato que el pueblo les dio a través de su voto.


Madres de plaza de Mayo, H.I.J.O.S, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de detenidos y desaparecidos, Asociación de ex presas/os políticas, MEDH, Casa por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos , delegación San Rafael.

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Se trata del abogado Hugo Bernardo Midón quien señaló ayer en el juicio a Juan Carlos De Marchi, quien estaba sentado entre los imputados por crímenes de lesa humanidad. "Ese señor era el que comandaba los operativos y participaba de las sesiones de tortura", aseguró.

Un ex detenido político reconoció al capitán Juan Carlos De Marchi como a la persona que comandó operativos ilegales y torturas en un centro clandestino de detención en Corrientes, en el marco del juicio oral y público que se le sigue a ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad.

Se trata del abogado Hugo Bernardo Midón quien señaló durante la jornada del jueves en el juicio con autorización del tribunal, a De Marchi, quien estaba sentado entre los imputados.

Los jueces de la Cámara Criminal Federal, Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Carlos Navarro, desestimaron las objeciones de la defensa de De Marchi para que no se autorizara a Midón a decir si alguna persona presente en el juicio era la que participó de las sesiones de torturas y vejaciones.

Midón, de 53 años, se levantó de su silla y señaló a De Marchi. "Ese señor era el que comandaba los operativos y participaba de las sesiones de tortura", aseguró el abogado.

El testimonio de Midón, que fue el tercero en la quinta jornada que se celebró el jueves en la Cámara Criminal Federal de Corrientes, duró más de tres horas, tiempo durante el cual relató con lujo de detalles las reiteradas sesiones de tortura que sufrió cuando estuvo detenido en la sede de la Jefatura de Policía y en dependencias del Ejército.

También mencionó al coronel Rafael Julio Manuel Barreiro como otro de los miembros del Ejército que participaba de su traslado como detenido, cuando lo conducían a sesiones de tormentos.

La audiencia fue la primera de la ronda de testigos, de un total de 80 aportados por la querella, y además de Midón, declararon la psicóloga Marta Angélica Alvarez y el veterinario José Arnaldo Gómez.

Se trata del primer juicio oral y público que se realiza en Corrientes para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento 9 de Infantería que tenía asiento en esta ciudad.

Fuente : Telam

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Confirman la prisión preventiva y el procesamiento a Patti


H.i.j.o.s. Rosario celebró hoy el fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín que confirmó los procesamientos contra el ex intendendente de Escobar, en el marco de la causa que investiga los secuestros del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto, de Gastón Goncalves y Carlos Daniel Souto. El ex subcomisario fue detenido en diciembre último por delitos de lesa humanidad.

El equipo jurídico de la agrupación H.I.J.O.S. Rosario participa como querellante de la causa en representación de Manuel y Gastón Goncalves, hijos del militante desaparecido y posteriormente encontrado asesinado Gastón Goncalves.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó hoy la prisión preventiva y el procesamiento de Luis Patti, en el marco de la causa que investiga los secuestros del ex diputado peronista Diego Muñiz Barreto, de Gastón Goncalves y Carlos Daniel Souto, informaron fuentes judiciales.
El ex subcomisario e ex intendente del partido de Escobar fue detenido en diciembre del año último por "privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y allanamientos ilegales"; tras ser indagado por el secuestro y la desaparición de siete personas en la última dictadura militar

Ana Oberlin, abogada de H.I.J.O.S. explicó que “habíamos pedido la detención de Patti hace más de dos años, pero la causa pasó por diferentes jueces, hasta que a principios de este año llegó a Suares Araujo”. Desde H.I.J.O.S. Rosario expresaron que “a pesar de no haber visto la resolución de la Cámara el dato la confirmación de la prisión preventiva y el procesamiento de Luis Patti es una información que nosotros debemos celebrar desde la perspectiva de ir acercándonos de apoco a la Justicia”.

El magistrado procesó a Patti en el marco de la investigación de los crímenes que se cometieron en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo y en jurisdicción del Comando de Institutos Militares desde que la causa se reabrió como consecuencia de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Del viejo expediente de los años ’80, el juez rescató otros cuatro hechos en los que había sido denunciado Patti. Se trata de las detenciones ilegales de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti. Estos secuestros se produjeron en marzo de 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.

La defensa de Patti había pedido la anulación de lo actuado por el juez, argumentando que su cliente es “un diputado electo”, utilizando argumentos similares a los de quienes quisieron permitir que Patti ingresara a la Cámara de diputados, como la ex candidata a vicegobernadora de Santa Fe Alicia Tate. Pero la Camara de Apelaciones de San Martín confirmó lo hecho por el juez.

Estas no son las únicas causas abiertas contra el represor. Hace tiempo ya –demasiado– el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo debe resolver un pedido para reabrir la investigación por los asesinatos de Eduardo Pereira Rossi y Osvaldo Cambiasso. En La Plata también tiene cuentas pendientes.

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Piden 17 años de cárcel a un ex policía por robo de bebés

El fiscal federal Carlos Rívolo acusa a un ex oficial de inteligencia de retener, ocultar y falsificar datos de identidad de un recién nacido, hijo de padres actualmente desaparecidos, que fueron secuestrados en 1977.

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió este miércoles que un ex oficial de inteligencia de la Policía Federal sea condenado a 17 años de prisión como apropiador, hace casi tres décadas, de un recién nacido, hijo de padres entonces cautivos y actualmente desaparecidos.

Rivolo, en el marco de un proceso que se rige por el viejo Código Penal, acusó a Luis Falco por la retención, ocultamiento y falsificación de datos de identidad de quien había inscripto como hijo de su matrimonio con María Teresa Perrone, pero cuyos padres biológicos, según estudios de ADN, eran Damián Abel Cabandié y Alicia Elena Alfonsín, secuestrados a fines de diciembre de 1977.
Fuente: Telam

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"Los gobiernos sólo realizan lo que los pueblos piden con autoridad y firmeza" Scalabrini Ortiz