Amenazan a compañeros de H.I.J.O.S. en Cipolletti

Cipolletti, 19 de junio de 2008



Comunicado de Prensa



En el día de hoy hemos realizado una denuncia en la fiscalía de la ciudad, de lo que nosotros entendemos como un mensaje macabro tanto hacia nuestra organización como a todos los militantes y organizaciones de la zona y del país que luchamos contra la impunidad de los genocidas de ayer y de hoy.

Mientras nuestra organización participaba de una reunión, junto a otras organizaciones y estudiantes universitarios, con autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, en la exigencia de que la misma se presente como querellante en la causa por la desaparición de Sergio Ávalos, dejaron en la vereda de la casa de un integrante de H.I.J.O.S. alto valle, una bolsa vacía de cemento con un cráneo completo, el cual inclusive posee piezas dentarias.

Entendemos esto como un claro mensaje no solamente en la causa de la desaparición de Sergio Ávalos sino también en los restos óseos encontrados en predio del Ejercito de Neuquén (donde funcionó el campo de concentración “ La Escuelita ”) hace un mes y los cuales según “ la Justicia ” determinaron que no eran humanos, y en el comienzo en el mes de Agosto el juicio a 8 genocidas de la zona.

Un cráneo, que simboliza la muerte, en una bolsa de cemento, la cual simboliza la permanente desaparición de Jorge Julio López, compañero que es Albañil, la ausencia permanente de los restos de nuestros 30.000 padres y madres. Un mensaje claro de los personeros de la muerte.

En este sentido, también tenemos que mencionar los antecedentes nefastos de uno de los jueces, Luís María Fernández, que denunciamos públicamente desde nuestra organización y que en estos momentos participa del tribunal en la causa Fuentealba contra Darío Poblete, policía asesino de Sobich.

En el día de hoy decenas de organizaciones participaron de una reunión en la cual dieron su solidaridad y compromiso para los integrantes de nuestra organización y nuestras familias.

Contra la amenaza de los asesinos desde las sombras, respondemos con solidaridad y acompañamiento de los que, día a día, nos acompañan en esta lucha. Pero entendemos que el verdadero desafío es seguir con la lucha, con las denuncias, con los escraches, ya que la impunidad con la que se mueven es una clara muestra de que los genocidas y represores, de ayer y hoy, siguen en actividad, persiguiendo, reprimiendo, despareciendo y matando.

Más que nunca, a la impunidad y las amenazas, debemos oponerle la movilización y la lucha. Ninguna confianza podemos tener en gobiernos e instituciones que nada hacen para desmantelar los aparatos represivos y de inteligencia, que nada hacen para señalar a los genocidas que aun están en sus filas. El mismo poder que no duda en reprimir las luchas obreras y populares, hoy se encarga de encubrirlos con la impunidad y el silencio.



Una vez más H.I.J.O.S. Alto Valle no olvida, no traiciona, ¡NO CALLA!



H.I.J.O.S.

Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
ALTO VALLE

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Los represores Perez Blanco y Ariel Porra quedaron procesados



Aquel experimento de Galtieri


Es en la causa Quinta de Funes, donde se investiga el funcionamiento del centro clandestino de detención y será elevada a juicio oral este año. En el mismo expediente están procesados Amelong, Constanzo, Fariña y Pascual Guerrieri.

Los represores Jorge Walter Pérez Blanco y Ariel Porra, alias el Puma, fueron procesados por la justicia federal en la causa Quinta de Funes. Se investiga el funcionamiento del centro clandestino de detención y será elevada a juicio oral este año. En el mismo expediente están procesados Juan Daniel Amelong, Eduardo Constanzo, Rubén Fariña y Pascual Guerrieri por la privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio de quince militantes Montoneros desaparecidos, que habían sido recluidos en aquel centro clandestino de detención. En tanto Alberto Pelliza quien según Eduardo "Tucu" Constanzo era quien arrojaba detenidos en los llamados "vuelos de la muerte", será sometido a una junta médica que medirá su salud física. Porra también fue procesado por su participación en el centro clandestino Fabrica Militar de Armas Domingo Matheu.

Los tres represores habían sido detenidos por el juez federal Marcelo Bailaque la última semana de abril: Pérez Blanco, por ser jefe del servicio de calle del Destacamento de Inteligencia del Ejército. Fue docente de la Facultad de Medicina y desató una fuerte polémica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) al cobrar una indemnización, al desligarse de su cargo. En tanto junto Ariel Porra, -conocido en el ambiente futbolístico como Puma- habían sido trasladados a la sede local de la Prefectura mientras a Pelliza se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por consejo médico. Los tres se abstuvieron de declarar.

La detención del trío se había producido en el marco de la causa "Jordana Testoni sobre Privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y homicidio" en la que se investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino que funcionaba en la ex Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu", durante la última dictadura militar, a partir de una solicitud interpuesta por los querellantes Juan Rivero y Ramón Verón, patrocinados por Gabriela Durruty.

La orden de detención había sido firmada por el juez federal Nº 4 de Rosario Marcelo Martín Bailaque y correspondió en primera instancia a Porra como Pérez Blanco luego "de ser indagados por la comisión de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, cometidos contra Juan Antonio Rivero, Ramón Verón, Adriana Arce, Olga Cardozo, Ariel Morandi, Susana Miranda e Hilda Moyano, aplicación de tormentos contra todos ellos y los homicidios de Morandi y Miranda", según informó la abogada Gabriela Durruty. En tanto Pelliza no pudo ser indagado por razones de salud. No obstante "la orden de detención ya se efectuó", explicó Durruty

Sin embargo Perez Blanco fue desligado de esta causa e imputado en Quinta de Funes. Estos detenidos se suman a Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Pascual Guerrieri, Eduardo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano, contra quienes la querella requirió la elevación a juicio oral y público.

En el juicio a Porra por el centro clandestino de Fabrica Militar será importante el testimonio de Olga Moyano, enfermera de 51 años, quien recuerda claramente el rostro de su captores a pesar de los 30 años transcurridos desde mayo de 1978. Entonces junto a Susana Miranda y Ariel Morandi, dos enfermeros que también trabajaban en el sanatorio Plaza -se encuentran desaparecidos-, compartió el encierro. Fue hasta finales de junio del mismo año, aunque ella se quedó hasta mediados de agosto del 78 cuando cumplió 21 años.

Su testimonio es importante porque es quien más tiempo estuvo detenida en el centro clandestino de detención que funcionara en la "Domingo Matheu", tiempo en el que escuchó las voces de su carceleros y aprendió a descubrir sus rasgos físicos.

Por José Maggi/Rosario 12

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El caso de los secuestrados en la Ford



Son las esposas de dos trabajadores llevados de la planta de General Pacheco en 1976. Aquí, cuentan que vieron en manos militares la nómina de trabajadores que la empresa pedía que secuestraran los represores. Sus reclamos al teniente coronel Molinari.

El teniente coronel Antonio Francisco Molinari tenía quién le escribiera. Arcelia Luján de Portillo y Elisa Charlín de Troiani lo confirman sin vacilar: la Ford Motors de Argentina. Son las esposas de Vicente Ismael y Pedro respectivamente, dos trabajadores que fueron secuestrados en la fábrica de General Pacheco el martes 13 de abril de 1976. Ambas mujeres vieron la misma lista con el logotipo que caracteriza a la automotriz en dos dependencias distintas bajo el control del Ejército. La hoja tamaño oficio tenía el óvalo en la parte superior y la nómina que, según el militar, “nos dio la empresa con los trabajadores que querían que chupáramos”. Arcelia recuerda que el oficial se la mostró en su despacho de la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo y Elisa confirma que fijó su mirada en ella cuando aquél la recorrió con su dedo índice sobre un escritorio en la Unidad Regional de Tigre, y le informó: “Acá está su marido. Lo detuvimos por averiguación de antecedentes”.

La lista de la Ford, una prueba que incriminaría a los directivos de la compañía en aquella época, nunca apareció. En la Justicia fueron acusados Nicolás Enrique Courard (su presidente entre el 29 de noviembre de 1973 y el 1º de marzo de 1985), Pedro Muller (gerente de manufactura), Guillermo Galarraga (gerente de Relaciones Institucionales) y Héctor Francisco Sibilla (jefe de Seguridad de la planta). Pero con la muerte de Molinari, casi octogenario, se perdió la posibilidad de obtener un testimonio que habría resultado valioso para la causa que tiene en sus manos el juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo.

El matrimonio Portillo vive en la misma casa de Don Torcuato que habitaba en el ’76 y allí recibieron a los Troiani para dialogar sobre la lista, Molinari y la Ford, a instancias de PáginaI12. Arcelia tiene una memoria prodigiosa. Y recuerda cada detalle de un encuentro clave con el teniente coronel que la marcó para siempre: “Me dijo que era una persona de honor y que me iba a mostrar algo. Giró y ahora me acuerdo como si lo viera en una película, que con la mano izquierda abrió el cajón de un mueble enorme que tenía detrás del escritorio y sacó la lista, larga, escrita en una hoja tamaño oficio con el logotipo de la Ford impreso. ‘¿Ves esto? A mí me lo dio la fábrica. ¿Vos te pensás que yo, por su linda cara, por el nombre o el aspecto de tu marido fui y lo saqué? No, a mí la lista me la entregó la empresa. Por eso los chupamos.’ Esos fueron los términos que utilizó”.

Elisa tuvo una vivencia parecida y comprobó que la lista existía cuando, en su presencia, el militar la leyó en silencio hasta que encontró escrito en ella el apellido Troiani. “Ocurrió durante la primera semana de detención de Pedro. Yo la vi en la Unidad Regional de Tigre, que queda en la misma manzana de la comisaría 1ª donde alojaban a los trabajadores que secuestraban. Estaba sobre un escritorio, en la primera oficina a la derecha, donde me atendió Molinari vestido con su uniforme. Y ratifico que tenía el logotipo de Ford en el ángulo superior izquierdo.”

El teniente coronel era el jefe de operaciones del Area 410 que tenía jurisdicción sobre los partidos de Escobar, Tigre y General Pacheco. Arcelia mantuvo unos diez encuentros con él en su oficina de la Escuela de Ingenieros. Hasta allí solía ir con otros familiares a reclamar por la libertad de su esposo. Ahora recuerda que cuando le mostró la lista, se acercó lo más que podía para verla y “me di cuenta de que de todos los nombres que figuraban en ella había dos sin tachar: el de mi marido y el de Carlos Propatto. Eran justo los únicos que faltaba quedar libres. Nunca supe ni creo que vaya a saber por qué me mostró la lista a mí. Quizás haya sido porque fui la más insistente. Fui tantas veces a acusarlo”.

Las dos mujeres coinciden en que Molinari las atendía a solas y de uniforme, tanto en Campo de Mayo como en el Tigre. Elisa y Arcelia van más allá del militar y comprometen a la Ford cuando declaran. “Un ex gerente de Relaciones Laborales, Jorge Fernández, que también murió, me dijo una vez que lo fui a ver a la fábrica: ‘Señora, lo que hizo la empresa con esta gente es una injusticia. Yo les había avisado que se fueran antes del golpe, que tenían la indemnización a su disposición...’”, evoca la esposa de Troiani.

Arcelia señala con convicción: “La Ford o quienes eran sus directivos en ese momento, se merecen que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Deberíamos buscar que sean juzgados como corresponde porque evidentemente tuvieron responsabilidad. Los militares llevaron a cabo las acciones, pero la empresa fue la instigadora, o como dicen ahora, la autora intelectual de lo que pasó, ¿no?”.

Troiani y Portillo son dos de los 25 trabajadores de la automotriz norteamericana secuestrados tras el golpe del ’76. Los arrancaron de sus puestos de labor y pasaron por el quincho de la fábrica –en la zona del campo de deportes– donde funcionó un centro clandestino de detención. Estuvieron en promedio un año a disposición del PEN en diferentes comisarías o centros carcelarios. Sus nombres estaban en la lista con el logotipo del óvalo que le servía de referencia a Molinari para sus operativos. El teniente coronel zafó de prisión por la ley de Obediencia Debida y vivió sin que nadie lo molestara hasta septiembre del año pasado en la ciudad de San Nicolás (ver aparte). Se le imputaban quince privaciones ilegales de la libertad y un homicidio. Ellos, en cambio, continúan reclamando justicia hasta hoy.

Por Gustavo Veiga/Pagina 12

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"Los gobiernos sólo realizan lo que los pueblos piden con autoridad y firmeza" Scalabrini Ortiz