Bussi. Por Mario Wainfeld

De los votos a la cadena perpetua

Fue el represor que mejor libó las mieles de la democracia. Llegó a ser gobernador merced al voto popular. Ningún otro Señor de la Guerra orbitó tan alto. Aldo Rico y Luis Patti estuvieron muy a su zaga tanto en tiempos del terrorismo de Estado cuanto en las urnas. Esa afrenta a la dignidad colectiva (un genocida elegido por el pueblo) será cada vez más exótica: el paso del tiempo es inexorable, la revelación de la verdad tiene un peso inapelable. La condena a cadena perpetua, el consenso potente que le da contexto, conforman un cambio que va más allá de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Antonio Domingo Bussi acaba de entrar en el pasado.
La condena, en yunta con Luciano Benjamín Menéndez, agrega a la nómina de convictos a otra figura central del plan de exterminio. Las primeras sentencias recayeron sobre actores de reparto, no sobre oficiales de primer rango que infamaron su uniforme. Ese comienzo, que inspiraba el lógico recelo de que la Justicia rigiera sólo para la periferia de los genocidas, se va rectificando: el peso de la ley recae también sobre los más empinados. La ex plana mayor de la Armada viene zafando, de momento.
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Tras tantas idas y vueltas en la lucha por los derechos humanos, a veces es difícil registrar cuánto se ha avanzado por un camino que fue de todo menos sencillo y lineal. Nunca será bastante pero es mucho, si se lo compara con el pasado reciente o con la experiencia de otros países, en especial los vecinos.
Ahora funcionan muchos tribunales diseminados en toda la geografía nacional, el número de procesos y de sanciones crece en progresión geométrica. Se corresponde a esa tendencia que ayer Bussi haya recibido parte de lo que le corresponde: la máxima sanción legal posible, acompañada del masivo desprecio social. Hace quince años, hace diez o hace siete ese escenario parecía imposible.
El tribunal no terminó de darle sentido ejemplar a la sentencia. El mantenimiento de la prisión domiciliaria es injusto. El instituto, de clara raigambre garantista, podría llegar a ser admisible si fueran muy extremas las condiciones de salud del ex gobernador tucumano. Pero lo que ni aún en ese caso sería tolerable es que el genocida se estableciera en un country. Tamaña permisividad alienta la bronca de las víctimas sobrevivientes, de los familiares y de cualquier persona con apego a la ley.
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La magnitud de la segunda condena contra Menéndez y la primera contra Bussi es igualmente enorme, aun sin contar que les caerán bastantes más. Muchos otros juicios los esperan. Claro que esa multiplicidad debería (pre)ocupar a la Corte Suprema. Las causas están excesivamente dispersas. Es una dificultad creciente que la cabeza del Poder Judicial debería encarar de una buena vez: genera disfunciones, sobrecarga y expone demasiado a los testigos, ralenta los trámites.
Son avatares de un avance formidable, que se corresponde a una amplia victoria cultural. La perorata que vienen repitiendo los genocidas desde 1983 (“ganamos la guerra, los derrotados nos vencieron luego”) tiene una formulación falaz. Los criminales hablan de lo que no conocen: la opinión pública en una sociedad abierta. No yerran cuando registran la caída de su reputación al desprecio pero no saben percatarse de lo que realmente sucedió.
La necesidad de verdad y justicia, una consigna levantada por una vanguardia incomparable en términos históricos, los organismos de derechos humanos, se fue transformando en sentido común extendido. Lo que hace años predicaba un conjunto de personas nobles convenció a vastas capas sociales. La derogación de las leyes de la impunidad no llegó por un hecho aislado del príncipe, fue derivación de una seguidilla de luchas culturales y políticas internalizadas por millones de personas del común.
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Ese clima distinto, construido con herramientas democráticas y pacíficas, se ve alterado en los últimos meses por una sensación térmica digna de atención. El conflicto con “el campo” produjo escenas asombrosas. En algunos casos se trata de regresiones, de evocaciones reaccionarias, de tentativas de volver atrás: las cada vez más agresivas incursiones de Cecilia Pando son un ejemplo.
El cronista observa fenómenos aún más llamativos: su memoria no registra que, de 60 años para acá por lo menos, algún dirigente de partidos mayoritarios haya ganado consensos amplios asistiendo a la Sociedad Rural como Julio Cobos. El peso simbólico de esa ONG producía retracción, cuando no rechazo. La adhesión fervorosa a la dirigencia “del campo”, los actos masivos en pleno Barrio Norte depararon escenas inéditas, quizá no ponderadas aún en su real magnitud: jamás entre los argentinos la riqueza fue un imán proselitista. No hacía falta ser de izquierda o populista, el ideario de clase media imaginaba un límite con la riqueza, marcaba distancia con los bienes adquiridos por la pura herencia, hacía un culto de la movilidad social y de la educación como correa hacia el progreso.
Un imaginario edificado durante décadas fue sobresaltado en los meses recientes. Al tiempo, la corrección política ganada en los medios masivos abrió grietas inmensas al racismo y al clasismo explícitos, signos de intolerancia emitidos para un público de clase media por periodistas de clase media.
El lector preguntará cómo salda el cronista la tensión entre ese clima de avance cultural logrado en años de lucha y esa sensación térmica derechosa de este año. No se aventura a hacerlo, ni a anticipar desenlaces. Sólo sugiere que, aun con mucho terreno ganado, la lid continúa. Son datos que vale la pena analizar tras una jornada que, más allá de la inconsecuencia parcial del tribunal, quedará en la mejor historia de los argentinos.
Mario Wainfeld / Pagina 12

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Bussi y Menéndez a prisión perpetua



La Justicia de Tucumán condenó a Bussi y a Menéndez


Ambos represores fueron condenado hoy a prisión perpetua por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, en 1976. Tras conocerse la sentencia, se registraron incidentes en los alrededores de los Tribunales.

Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua e inabilitación absoluta y perpetua; por asociación ilícita; violación de domicilios y privación ilegítima de libertad; imposición de tormentos agravados; y homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado por la participación de dos o más personas con el fin de actuar con impunidad.

Los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, en cambio decidieron diferir el pronunciamiento sobre la forma de condena de prisión impuesta a los imputados, manteniéndose hasta esa instancia la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente que en el caso de Bussi es arresto domiciliario.

Esta situación causó malestar entre los manifestantes de derechos humanos que esperaban el fallo frente a la sede del Tribunal Federal Oral de Tucumán y que pretendían que se disponga el traslado de Bussi y de Menéndez al penal de Villa Urquiza para que cumplan la condena junto con presos comunes.

El tribunal, además, hizo lugar a los pedidos efectuados por el fiscal Alfredo Terraf y solicitó que se abra una investigación contra los testigos Roque Ramón Cabral y Raúl Ildefonso Molina por la presunta falsificación de instrumentos públicos, y contra José Víctor Jerez y Carlos Décima, por falso testimonio.

Durante la mañana, los represores defendieron su proceder durante los años ’70 y reiteraron que la Argentina "padecía una guerra", al hablar antes de escuchar la sentencia del juicio oral.

El primero en exponer fue Bussi, quien, dirigiéndose a los miembros del Tribunal aseguró: "Pese a no ser mis jueces naturales, tienen el honor de ser magistrados del lugar que fue cuna de la independencia y sepulcro de la subversión marxista-leninista".

"Junto a soldados combativos, derrotamos en la Sierra Maestra argentina la agresión que perseguía convertir al país en un satélite soviético.

Me siento un perseguido político de los derrotados de ayer en un combate justo", aseveró Bussi. Respecto de Vargas Aignasse, Bussi insistió en que nunca lo vio y volvió a aventar la tesis de que cuando el ex senador, el 5 de abril de 1976, era trasladado a su domicilio para ser puesto en libertad, fue secuestrado "por parte de aquellos a los que había delatado" en la cárcel de Villa Urquiza y agregó que "esa metodología era propia de los montoneros para los delatores".

Bussi reconoció que el 24 de marzo de 1976, día en que fue detenido Vargas Aignasse, recibió de la Junta de Comandantes "una orden de carácter inexcusable e insoslayable, pormenorizada hasta en sus menores detalles, que estaba destinada a prevenir cualquier tipo de reacción inmediata por parte de potenciales opositores, para consolidar a la junta en el ejercicio del poder político de la nación".

Seguidamente, habló Menéndez, que no se detuvo en ningún detalle de la causa y que se limitó a manifestar que, desde 1960, la Argentina "padece las consecuencias de la peor de las guerras, la silenciosa, la revolucionaria, que es global, inexorable y permanente".

"La Argentina ostenta el dudoso mérito de ser el primer país en la historia que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden y para sus compatriotas. Pero, como lo hizo recientemente un oficial uruguayo, con patético dolor, podemos preguntarnos: ’¿para quién ganamos la batalla?", preguntó.

El fiscal Terraf había solicitado que los represores fuesen condenados a prisión perpetua por haber formado parte de una tiranía que, tras el golpe de Estado de 1976, se dedicó a aniquilar a quienes pensaban diferente.

"La Argentina padeció una tiranía, que implementó un plan organizado de terror, que tenía por objetivo eliminar al que pensaba distinto de quienes ejercían el poder. Bastaba con la simple disidencia de pensamiento, no de acción, para ser víctima del terrorismo genocida", aseveró Terraf.

Al formular sus alegatos en el juicio oral por la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976, el fiscal requirió que los militares retirados cumplan la pena en la cárcel de Villa Urquiza, para lo cual deberían ser revocadas las detenciones domiciliarias de la que gozan en la causa.

Menéndez tiene una larga vinculación con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad local, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.

Bussi encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977, período durante el que desapareció Vargas Aignasse, y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas.

A pesar del fallo, la situación judicial de Bussi y Menéndez no termina ahora, porque ambos están imputados en otras 600 causas por violaciones a los derechos humanos.

(Fuente: extracto de cable de Telam)

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Trimarco se hace el gagá


El Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial determinó que el represor no puede declarar en la causa por robo de bebés
Una pericia plagada de irregularidades realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación determinó que el represor Juan Carlos Ricardo Trimarco está imposibilitado de declarar como imputado en la causa por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná y esa situación podría extenderse a las otras investigaciones por los crímenes cometidos durante la dictadura en Entre Ríos. Sin embargo, el informe fue impugnado por la querella porque el perito de parte no fue notificado aunque su nombre fue incluido falsamente en el documento remitido a la Justicia Federal.
El informe del Cuerpo Médico Forense determinó que Trimarco no podrá ser investigado en la causa por el robo de bebés, que se inició en mayo de 2005, a partir de la denuncia presentada en el Juzgado Federal de Paraná por Sebastián Álvarez, hijo de Raquel Negro, con el patrocinio de los abogados Marina Barbagelata, Marcelo Baridón y Gamal Taleb. Negro estaba secuestrada en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en Rosario, y en los primeros meses de 1978 fue trasladada al Hospital Militar de Paraná, donde dio a luz a mellizos. A Trimarco se le imputan dos delitos: sustitución de identidad prevista en el artículo 139 inciso 2 del Código Penal, que establece una pena de uno a cuatro años de prisión; y sustracción de menores de edad del artículo 146, que establece una pena de tres a diez años.
El informe médico dice: "Al momento del examen, Juan Carlos Ricardo Trimarco se encuentra clínicamente compensado en su estado de salud física aparente"; del examen neurológico se desprende que presenta una patología "compatible con encefalopatía vascular y deterioro cerebral cognitivo de patrón mixto (córtico subcortical), en correlación con los cambios vasculares cerebrales observados en RMN", que en términos coloquiales, significa que está disminuido en sus capacidades físicas y psíquicas tanto por su avanzada edad como por un problema circulatorio que hace que no tenga buena irrigación al cerebro; por lo que se concluye que "los hallazgos imposibilitan al demandado para declarar".
Sin embargo, la abogada Marina Barbagelata ya presentó un escrito solicitando que se declare la nulidad del estudio médico porque el perito de parte no fue notificado, como sí lo fue el experto designado por la defensa de Trimarco. Más aun, la letrada advirtió que en el informe presentado al juez se consignó falsamente la presencia del perito en el examen efectuado el 23 de abril.
Las conclusiones del informe de los peritos del Cuerpo Médico Forense consignan que "los hallazgos imposibilitan al demandado (Trimarco) para declarar". Un profesional paranaense –independiente del proceso judicial– explicó que del estudio se desprende que Trimarco se expresa en un tono de voz bajo, que tiene poco movimiento de la lengua y eso le genera dificultades para hablar –aunque el perito de la defensa admite que "su palabra es clara"–; además, le cuesta elaborar oraciones complejas y presenta una tendencia a repetir palabras y frases, pero remarcó que "se trata de patologías propias de la edad, cualquier persona de ochenta y tres años está disminuida en sus capacidades físicas y psíquicas, pero eso no le impide razonar". Sin embargo, advirtió que "la falta de irrigación sanguínea al cerebro ocasiona problemas para hablar, en los movimientos y también para pensar correctamente, entonces una persona con esta patología no puede recordar algunas cosas". Sin embargo, consideró que la negativa para realizar el estudio psicológico, "es otro elemento que revela que no se trata de una persona que está fuera de sus capacidades, porque en ese caso no podría comprender de qué se trata; y mucho menos 'alienada' –como planteó el perito de la defensa–, que en términos médicos es alguien que padece una afección que le produce incapacidad para actuar normalmente en la sociedad y eso lo convierte en extraño dentro de su grupo".
Juan Carlos Trimarco nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1925. Ingresó en el Ejército en febrero de 1944 y egresó en diciembre de 1947. Llegó a Paraná en 1975 como segundo de Abel Teodoro Catuzzi en la Segunda Brigada de Caballería Blindada y además era jefe de Estado Mayor de la Brigada de Caballería. El mismo 24 de marzo de 1976 juró como interventor militar en la provincia y a partir de entonces fue amo y señor en todo el territorio entrerriano. A partir de diciembre de 1976 pasó a ser comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada hasta enero de 1979; fue jefe del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario entre el 9 de diciembre de 1980 y el 2 de julio de 1982, como parte del premio por compartir tragos con Leopoldo Fortunato Galtieri, que por entonces decidió desplazar a militares que podían molestarle para su proyecto y ubicar a su alrededor a los hombres que conocía desde las noches rosarinas; y lideró el Primer Cuerpo de Ejército desde julio de 1982 hasta el final de la dictadura.
Fue el interventor militar en Entre Ríos en los primeros días de la dictadura y, aunque luego delegó la administración del gobierno, siempre detentó el poder desde el mando militar. A su llegada, Trimarco fue ubicando personal uniformado en diversas dependencias, pero también numerosos civiles con los que tenía afinidad. También tenía una estrecha relación con el arzobispo paranaense y vicario general castrense, Adolfo Servando Tortolo, que conocía todos los detalles del plan represivo que en la provincia ejecutaba Trimarco y hasta le había dado su bendición.
Pero también se dedicó a hacer negocios desde el poder, ya que allegados y parientes se beneficiaron con obras públicas que se realizaron en Entre Ríos y otras provincias del Segundo Cuerpo de Ejército y hasta realizó negocios inmobiliarios como consecuencia de la cosecha de bienes muebles e inmuebles de desaparecidos.

Fuente: semanario Análisis.

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Un tiro por la culata para la defensa de Bussi


Un testigo propuesto por los represores aseguró que a Vargas Aignasse lo llevaron a un centro clandestino


(Desde Tucumán)
El ex secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Tucumán Juan Antonio Palavecino fue convocado por los abogados del represor Antonio Domingo Bussi para que ratificara un acta fechada en julio de 1985 que lleva su firma. En ese escrito, Palavecino aseguraba que mientras estuvo detenido en el V Cuerpo de la Brigada y en el penal de Villa Urquiza, "recibió buenos tratos" de parte de sus captores. Pero la estrategia de la defensa no resultó como estaba previsto: el testimonio terminó perjudicando al acusado. "Nunca pude haber dicho eso, porque a mí me torturaron y me hicieron desaparecer. Me tuvieron 72 horas parado sin siquiera poder ir al baño", dijo el sindicalista ayer ante el tribunal. También aseguró que al senador Guillermo Vargas Aignasse lo llevaron a un centro clandestino de detención.

Lo cierto es que el ex dirigente sindical desmintió todo lo expuesto en aquella acta. "A mí me hicieron firmar eso. Yo nunca leí nada. El juez de ese momento me dijo que si yo firmaba le hacía una 'gauchada' (un favor) a un amigo suyo que estaba en problemas. Nunca pude haber dicho eso. Me tuvieron 72 horas parado sin, ni siquiera, poder ir al baño. Mi familia no sabía en dónde estaba", sostuvo. Los abogados Amelina Assaf (defensora de Bussi) y Horacio Guerineau (defensor de Luciano Benjamín Menéndez) no entendían nada. Es por eso que hoy, a partir de las 9.30, se llevará a cabo un careo entre el gremialista, el ex juez militar Roque Cabral y su secretario.

Palavecino aseveró que Guerineau, mientras era juez de Instrucción Provincial en la dictadura, visitó el penal de Villa Urquiza acompañado por Bussi.

"¿Se acuerda, doctor? Yo lo conozco bien y pensaba que éramos amigos, pero cuando le pedí que me ayudara a salir de la cárcel usted nos dijo, a mí y a otros presos, que esperemos que ya todo iba a pasar rápido." El abogado defensor salió del aprieto diciendo: "Yo en ese momento no conocía a Bussi".

Palavecino también aportó datos sobre Guillermo Vargas Aignasse, el senador por cuya desaparición están siendo juzgados Bu-ssi y Menéndez. Dijo que una vez realizado el segundo secuestro, cuando supuestamente lo liberaron del penal, en realidad fue llevado por personal del Ejército a un centro clandestino de detención ubicado en el parque 9 de Julio.

"El nos dijo que lo llevaron a la Escuela de Educación Física. Ahí lo torturaron y lo golpearon mucho. Lo picanearon en los testículos y en la lengua. Yo le vi las quemaduras. Luego lo llevaron a la V Brigada y a las pocas horas vino un oficial y dijo 'preparate pajarito que vas a ir a parar a El Cadillal', haciendo referencia al principal dique que tiene la provincia (ubicado al Norte) y donde, según testimonios de sobrevivientes de la dictadura, los represores tiraban desde helicópteros a sus víctimas.

El testimonio con mayor contenido político y hasta con una pizca de sarcasmo lo dio Rodolfo Vargas Aignasse, hermano del senador tucumano desaparecido la madrugada del 24 de marzo de 1976. Ayer, ante el tribunal, dijo que Bussi era conocido en la provincia, mientras era interventor militar, como "el loco jardinero, por su gusto a las plantas y a las flores". También aseguró que Bussi nunca "pisó" los montes tucumanos durante el Operativo Independencia y que ni siquiera empuñó un arma. "Usaba casco y uniforme, pero nunca los usó. Ni él ni Menéndez fueron valientes, como dijeron. Usaban los revólveres en la mesa de su oficina", señaló el político local mientras los hijos del represor seguían las instancias de su relato desde la primera fila.

Durante su testimonio, se dirigió directamente al represor, que lo escuchaba en una sala contigua. "Y le digo a Bussi que mi hermano no era funcionario de segunda línea. Debería tener mayor consideración, ¡carajo!", exclamó. Luego, el testigo pedido por el fiscal Alfredo Terraf anunció que iba a hablar sobre la condición sexual de Bussi.

"Se dijo hace un tiempo que yo dudaba de la sexualidad de este ex general...", empezó. Pero en ese momento la defensora oficial Amelina Assaf intervino diciendo que no era el tema para el que había sido convocado y se interrumpieron sus palabras.

El fiscal general federal de Tucumán llamó a testimoniar a Vargas Aignasse, ya que estuvo con su hermano el senador, antes y durante la desaparición. Incluso llegó a ver desde la ventana de su casa –contigua a la del senador– cómo se lo llevaban.

"Estábamos en el living de mi casa el 23 de marzo hablando de lo que debía hacer. Mi posición era firme de que se fuera y que denunciara en los medios de comunicación lo que estaba pasando. Pero no quiso dejar a su familia", dijo Vargas Aignasse. Según relató, un grupo del Comando de Operaciones Policiales (COP) de Tucumán ingresó en la casa del entonces senador y lo secuestró "llevándolo con una funda de almohada como capucha".

Ayer también declaró la actual pareja de Marta Cárdenas, esposa del senador Vargas Aignasse. Ernesto Nicolás Chávez se desempeñó durante la dictadura como Mayor del Ejército en la División II de Inteligencia. Chávez declaró ante los jueces no tener conocimiento de lo ocurrido la noche de la desaparición del senador peronista. "También quiero dejar en claro que no me unía ninguna relación con la señora Cárdenas en ese momento", recalcó.

Causó sorpresa a los jueces e indignación de parte de la familia Vargas Aignasse el pedido de la abogada Assaf para que se lea un anónimo incluido en el expediente en el año 2003. Ese papel dice que Cárdenas y Chávez mantenían visitas periódicas en el lugar de trabajo del ex militar y que ella era trasladada en un vehículo oficial hasta su casa. "Es una bajeza lo que hizo. No se puede dar explicaciones de un anónimo. Es una vergüenza agraviar a la familia. La invito a que lea el Código Procesal Penal", retrucó el fiscal Terraf. En ese momento, las hijas del dirigente desaparecido comenzaron a llorar. Un simpatizante del represor aprovechó para reivindicar a los gritos el accionar de la dictadura. Fue sacado por la fuerza por personal de Gendarmería Nacional.

Para hoy, a partir de las 9.30 (además del careo), se espera el testimonio del teniente coronel retirado Alberto Cerusico, quien tenía acceso directo a la Casa de Gobierno mientras el represor era gobernador de facto. "Queremos saber todo lo que este ex militar pueda saber sobre los hechos", dijo a Páginai12 el fiscal Terraf. Luego hizo un breve balance del día: "Fue una jornada trágica para los defensores de Bussi y Menéndez. Sus comportamientos no fueron los mejores".

Por Ramiro Rearte / Página 12

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Fuera Casanello del Comité Olímpico



Julio Casanello fue intendente de facto de Quilmes durante la dictadura y hoy es el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) que encabeza la delegación argentina en Beijing.

Casanello fue intendente de Quilmes desde el 1° de octubre de 1979 hasta
fines de 1982, y como tal es responsable de todo el accionar represivo cometido allí, y por tal de la desaparición de Francisco Romeo Barreta en Junio del 1980 y de Lindolfo Pablo Gómez el 11 de junio de 1981.

En la Intendencia de Quilmes sucedió al Coronel Osvaldo Gally, de quien manifestó el día de su asunción que "es un hombre de bien y por cuyos valores morales es mi obligación destacarlo en mi calidad de vecino".

Cabe aclarar que durante el período de la dictadura militar en Quilmes funcionaron varios Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio , entre los que se destacan "El Pozo de Quilmes" y "Puerto Vasco", En este periodo hubo en Quilmes 370 detenidos-desaparec idos. También hay que resaltar que el Hospital Municipal Isidoro Iriarte de Quilmes funcionó como una Maternidad Clandestina, donde se apropiaron de niños de detenidas desaparecidas.

En su asunción también lo felicitó y estuvo presente el entonces gobernador de facto Ibérico Saint Jean, quien fuera el que afirmó "Primero mataremos a todos los subversivos luego mataremos a sus colaboradores después a sus simpatizantes enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos."

Por otra parte cabe resaltar que entre sus principios rectores, la Carta Olímpica Internacional señala que "el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales y agrega que garantizar la dignidad del individuo es un requisito fundamental de las Olimpíadas." Julio Casanello por su tenebroso pasado, no reúne ninguno de estos requisitos para seguir ejerciendo la presidencia del COA.

La representació n olímpica oficial de los atletas argentinos ante el mundo debe ser ejercida por una persona cuya trayectoria demuestre el respeto por los derechos humanos y democráticos.

Por eso exigimos al COA que desplace a este personaje y a la justicia que lo investigue por su accionar durante la dictadura.

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

MADRES DE PLAZA DE MAYO-Linea Fundadora.

H.I.J.O.S.-Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS

BUENA MEMORIA

CELS

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Trasladarán al ex juez Brusa a una cárcel común



Era hora


El ex juez federal de Santa Fe Víctor Hermes Brusa y el ex agente de inteligencia Eduardo Curro Ramos serán trasladados en los próximos días desde el Cuartel de Bomberos a una cárcel común (Las Flores o Coronda) para proseguir cumpliendo la prisión preventiva que se les dictara en el marco de la causa que investiga graves violaciones a los derechos humanos en tiempos de la última dictadura militar.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de la capital santafesina ante un planteo de los apoderados de víctimas y querellantes en la sonada causa donde Brusa y Ramos se encuentran procesados y a punto de ser sometidos al primer juicio oral por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en la historia de la Justicia federal santafesina.

El ex magistrado y el ex agente de inteligencia se encuentran detenidos por disposición de la Justicia federal de la capital provincial desde principios de 2005 en dependencias de la Agrupación Cuerpo de Bomberos local, situada frente a la céntrica plaza San Martín y a 100 metros de la Jefatura de Policía.

Dicha dependencia había notificado al tribunal oral federal, a propósito del planteo formulados por los querellantes, que "las situaciones edilicias y de logística no eran las apropiadas para hacerse cargo de presos de estas características".

Buscando un lugar. A su vez el Tribunal Oral Federal, constituido por los conjueces Andrea Alberto de Creus, Martín Gutiérrez y Carlos Renna, antes de dictar su resolución requirió días pasados una serie de informes al Servicio Penitenciario de la provincia para que adecue espacios en unidades penales que permitan alojar a los dos detenidos.

Aunque aún no se ha tomado ninguna medida, trascendió extraoficialmente que Brusa y Ramos serían trasladados a la cárcel de Las Flores o a la de Coronda.

Basándose en una resolución del Ministerio de Justicia de la Nación luego de la fuga de Julián Corres de la delegación bahiense de la Policía Federal, el tribunal también desechó un pedido de la defensa del ex juez Brusa para que éste cumpliera la prisión preventiva en la sede Santa Fe de la Policía Federal.

En la causa elevada a juicio en enero de este año por el conjuez Leandro Corti se encuentran procesados, además de Brusa y Ramos, ex jefe de la comisaría 4ª de policía y ex titular de la comuna de Rincón Mario Facino, el ex director de Drogas Peligrosas, Héctor Pollo Colombini; el ex titular de la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Calixto Perizzotti; el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército, comisario Domingo Marcellini, y la ex carcelera María Eva Aebi.
Ayer, el abogado querellante Horacio Coutaz se notificó de la decisión del Tribunal Oral. "Hay un pedido al Servicio Penitenciario de la provincia para que arbitre las medidas necesarias ante un posible traslado de Ramos y Brusa", dijo Coutaz a Rosario/12. "También hay un pedido de Brusa para que se lo traslade a la Policía Federal. Vamos a ver qué pasa. Pero, en principio, nosotros entendemos que no puede ir a la Policía Federal porque estaría en las mismas condiciones que hoy tiene en el Cuartel de Bomberos, y además, porque hay una expresa resolución del ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que no pueden recibir este tipo de presos", explicó.

Brusa y Ramos están detenidos en los altos del Cuartel de Bomberos desde febrero de 2005. Pero después del revuelo de julio, el jefe de la unidad informó que el cuerpo carece de "las condiciones edilicias y logística apropiadas para hacerse cargo de presos de estas características".

Por lo tanto, el Tribunal Oral ponderó este informe de Bomberos y pidió al Servicio Penitenciario de la provincia que "arbitre las medidas necesarias" para alojar a Brusa y Ramos, con lo cual, se especula que podrían terminar en la cárcel de Las Flores o Coronda.

En Las Flores, ya están alojados dos presos por delitos de lesa humanidad: el ex comisario Roberto "Morrongo" Martínez Dorr y el ex agente civil del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Horacio "Quique" Barcos. Los demás detenidos en ésta y otras causas gozan de prisión domiciliaria: los coroneles José María González, Juan Orlando Rolón, Domingo Manuel Marcellini y los ex comisarios Colombini, Juan Calixto Periozzoti y Mario José Facino, quien también fue presidente comunal de San José del Rincón.

"Esto es lo que sabemos hasta ahora, que el Cuerpo de Bomberos no está en condiciones de alojar presos de este tipo (como Brusa y Ramos), pero todavía no hay una decisión firme de traslados y fechas", dijo Coutaz.

-¿Y qué resolvió el Tribunal sobre las otras medidas que pidieron? -preguntó Rosario/12.

-Sobre la situación de Colombini habíamos pedido que se revoque la prisión domiciliaria, el Tribunal decidió convocar a una junta médica para que dictamine sobre su estado de salud.

-¿Están conformes con estas decisiones?

-No, si se traslada a Brusa a la sede de la Policía Federal porque estaría en las misma situación que hoy está en Bomberos -contestó el abogado que patrocina a las querellantes Patricia Traba, Stella Vallejos y Anatilde Bugna.

En su escrito al Tribunal Oral, Coutaz dijo que la detención de Ramos y Brusa en el cuerpo de Bomberos era un privilegio que no tenían otros presos de lesa humanidad en Las Flores, que también estaban a disposición de la Justicia Federal. "No es dato menor que dichos detenidos también fueron agentes de la Policía de la provincia por lo que le asisten los mismos motivos de seguridad esgrimidos para la detención de Ramos en Bomberos. Obvio resulta entonces que no existen razones ni de seguridad personal ni de trascendencia pública que puedan invocarse válidamente para que Ramos se encuentre detenido en el Cuartel de Bomberos. Un privilegio de este tipo es inconciliable con el estado de derecho", concluyó.

Fuentes: Rosario 12 y La Capital
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/index-2008-08-08.html
http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2008/08/08/noticia_5240.html

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Corrientes: Sociedad Rural y Dictadura



Los represores involucrados en el juicio



Juan Carlos De Marchi, capitán retirado del Ejército. Ex presidente y aún directivo de la Sociedad Rural de Corrientes. Sus camaradas lo apodaban “El Electricista” por su buen manejo de la picana eléctrica durante las sesiones de tortura. Era jefe de inteligencia del área militar 231. Fue condenado a 25 años de prisión en una cárcel común.

Julio Rafael Manuel Barreiro, coronel retirado del Ejército. Estuvo en actividad en el Regimiento de Monte Caseros hasta su detención. Fue condenado a prisión perpetua como coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Rómulo Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos.

Horacio Losito, coronel retirado del Ejército. Estuvo en actividad como agregado militar en la Embajada de Italia hasta su detención en 2003. Fue condenado a 25 años de prisión en una cárcel común por asociación ilícita más diez secuestros y tormentos agravados. Mientras cumpla su condena, volverá a ser juzgado por la Masacre de Margarita Belén, en Chaco.

Raúl Alfredo Reynoso, oficial retirado de Gendarmería. Se ganó el apodo “El Astiz correntino” por infiltrarse en la familia de Rómulo Artieda, secuestrado gracias a su trabajo, luego torturado y asesinado. Fue condenado a 18 años de prisión como partícipe necesario en seis casos de secuestros y tormentos agravados, y coautor de un séptimo.

Carlos Roberto Píriz, sargento retirado del Ejército. El tribunal lo absolvió de culpa y cargo por motivos que se conocerán el 17 de septiembre cuando trasciendan los fundamentos del fallo. La absolución será apelada por las querellas ante la Cámara de Casación. La fiscalía había solicitado 25 años de prisión y la querella particular, 18 años

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Juicios en Corrientes: el decadente show de Pando



“Te voy a matar con mis propias manos”

La defensora mediática de los represores acusó a los jueces de “cobardes” y amenazó al secretario de Derechos Humanos y a la diputada Victoria Donda, luego de que un tribunal correntino condenara a tres militares y a un ex gendarme por crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó ayer a tres oficiales retirados del Ejército y a un ex comandante de Gendarmería por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 9 durante la dictadura. El empresario ganadero y ex presidente de la Sociedad Rural de la provincia, capitán Juan Carlos De Marchi, apodado “El Electricista” por sus destrezas con la picana, pasará 25 años en una cárcel común como cualquier hijo de vecino. La sentencia incluyó la absolución de un suboficial del Ejército, la segunda desde la reapertura de las causas, y un espectáculo dantesco de la militante por los derechos de los genocidas Cecilia Pando, que incluyó amenazas de muerte a los jueces, a la diputada Victoria Donda y al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

El juicio tuvo un gran ausente: el general Cristino Nicolaides, comandante de la Brigada de Infantería VII de la que dependía el Regimiento donde se cometieron los crímenes. El ex jefe del Ejército fue condenado a 25 años de prisión en diciembre por los secuestros y desapariciones de cinco militantes montoneros que ingresaron al país en 1979. La salud le evitó una segunda condena segura. Aún goza de prisión domiciliaria en su casa del barrio Cerro de las Rosas, en Córdoba.

Los represores correntinos fueron juzgados por el homicidio de Rómulo Artieda, la desaparición forzada de Juan Ramón Vargas y una veintena de secuestros y tormentos agravados. Luego de su cautiverio en el Regimiento 9, Artieda fue asesinado y enterrado en una fosa común del cementerio de Empedrado. De allí lo exhumó el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La pena mayor, prisión perpetua, recayó sobre el coronel Julio Rafael Manuel Barreiro. El tribunal que preside Víctor Alonso e integran Lucrecia Rojas de Bardaró y Guillermo Navarro lo consideró autor del delito de asociación ilícita, coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos.

De Marchi y el coronel Horacio Losito, agregado militar en Italia hasta 2003, fueron condenados a 25 años de prisión por asociación ilícita más once y diez secuestros y tormentos respectivamente. El gendarme Raúl Alfredo Reynoso, alias “El Astiz correntino” por infiltrarse en la familia de Artieda, fue condenado a 18 años de prisión como partícipe necesario en seis casos y coautor de un séptimo. Sólo resta definir si cumplirán sus penas en Marcos Paz o en Resistencia.

El absuelto de culpa y cargo es el sargento retirado Carlos Roberto Píriz. Los motivos de la absolución, que las querellas van a recurrir ante la Cámara de Casación, se conocerán el 17 de septiembre cuando el tribunal dé a conocer sus fundamentos. “La absolución demuestra que las sentencias no están escritas de antemano, que los juzgamientos no son políticos y que estamos transitando el camino de la justicia y la verdad. Píriz llegó a juicio porque había pruebas suficientes. Que un tribunal imparcial pueda valorar la prueba y resolver lo contrario forma parte de las reglas de un estado de derecho”, sintetizó el abogado Mario Bosch, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Un día histórico

Si bien la sentencia a Menéndez & Cía. en Córdoba fue la primera del interior del país (Miguel Etchecolatz y el cura Christian von Wernich fueron condenados en La Plata, que para el interior profundo es un anexo de Buenos Aires), el primer juicio oral y público en comenzar, a principios de febrero, fue el de Corrientes.

La previa de ayer arrancó, pese al frío, con una vigilia de pibes de Barrios de Pie y agrupaciones estudiantiles en la esquina del tribunal, en La Rioja y Carlos Pellegrini. Con el correr de la mañana llegaron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, militantes y familiares de Misiones, Chaco y Entre Ríos, funcionarios nacionales, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, y la diputada nacional Victoria Donda.

Pando correteó ante la indiferencia generalizada y desparramó panfletos con una frase que habría suscripto el ex presidente de Peugeot Argentina y actual embajador argentino en Francia, Luis Ureta Sáenz Peña, en la cual se expresaría “reconocimiento y solidaridad” a quienes “derrotaron a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista”.

La actitud humilde de los familiares del suboficial Píriz contrastó con la arrogancia y la pilcha de los críos de los oficiales. “Entran con chalecos antibalas los héroes de Malvinas”, arengó un hijo de Losito cuando ingresaron a la sala. Un segundo después de que el juez Alonso, con la cruz sobre su cabeza, terminara de leer la sentencia, Pando se paró sobre una silla y empezó a gritar desaforada. “Ustedes van a pagar por lo que están haciendo. Juzguen al terrorismo, no sean cobardes”, les gritó a los jueces mientras se retiraban de la sala.

A diferencia de Córdoba, donde los familiares de los imputados le exigieron no hacer papelones y acató sin chistar, en Corrientes nadie intentó contenerla. En línea con el alegato del condenado Menéndez y sin disimular sus desequilibrios, Pando reiteró varias veces el típico gesto de degüello mientras gritaba “¡Asesinos! ¡Terroristas! ¡Falsificadores!” a sobrevivientes y familiares que se abrazaban. “¡Te voy a matar con mis propias manos!”, amenazó al secretario Duhalde. “¡Son jueces parciales! ¡Se les ha pagado a todos!”, agregó una cuarentona indignada. A la hora de insultar también sobresalieron la esposa y un hijo de Losito, educado “en la moral cristiana” según el coronel. “Les ponemos los micrófonos y somos sujetos de agresiones. Todos los medios recibimos patadas y cachetazos”, relató en vivo un corresponsal de televisión. La respuesta de quienes supieron esperar justicia durante treinta años no se hizo esperar:

–¡¿Rómulo Artieda?!

–¡Presente!

–¡¿Juan Vargas?!

–¡Presente!

Alguien aconsejó “un psiquiatra” para Pando y un coro de voces comenzó a celebrar. “Como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.” Las amenazas siguieron fuera de la sala. “¡Nos la vas a pagar!”, le gritó el hijo de De Marchi al fiscal Oscar Resoagli, que intervino en la primera etapa de la causa. En la calle, medio millar de personas que escucharon la sentencia en vivo seguían celebrando.

Diego Martínez / Pagina 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-109212-2008-08-07.html

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Juicios Corrientes: Se acerca el final



Última jornada de la "Causa RI9"


Ross es el abogado de Reynoso, el único gendarme imputado en la Causa RI9. Culpó indirectamente al fallecido Arrúa al minimizar el poder de decisión de "el Astíz correntino", y recurrió para graficarlo a una frase de su cliente: "Arrúa nos tenía en un puño".
Insistió una y otra vez con argumentos varios en la inexistencia de autonomía por parte del ex-Jefe de Inteligencia de la Gendarmería Nacional. "Reynoso no se manejaba solo cuando hacía inteligencia" dijo, reconociendo que efectivamente hacía ese trabajo, pero responsabilizando hacia arriba en la escala de mandos.
Quiere que sea tenida en cuenta la predisposición de su cliente y cierra con el mismo respeto por las víctimas con el que alegó, sin golpes bajos, negándose a asimilarse a su cliente.

Los imputados

Píriz y Reynoso, cada uno a su turno se niegan a hablar por última vez, tal como les permitía las normas del debido proceso.

Barreiro

Haciendo uso del derecho de decir sus últimas palabras en el debate, el imputado más comprometido cargó contra Nicolaides y se auto exculpó nuevamente.
"La peor situación que he vivido es ésta" señala. "Mis últimas palabras son de agradecimiento...a ustedes (el Tribunal) por la paciencia y a mi familia porque son un ejemplo de amor" concluyó, sin ninguna línea para referirse a las víctimas.

De Marchi

Señala casi con fastidio por tener que hablar, pero con pretendida indiferencia en relación a la gravedad de su situación, que está orgulloso de ser militar. Rechazó las acusaciones que pesan en su contra "por injuriosas".
"Toda la comunidad de Corrientes sabe perfectamente lo que soy capaz de hacer" dijo, y varias de sus víctimas y familiares asentían con ironía. Saben bien lo que es capaz de hacer quienes lo conocían por el apodo de "el electricista" por su presunta destreza con la picana.
Luego continuó la frase "...y lo que nunca haría".
Su alocución duró escasos cinco minutos, sin piadosas consideraciones hacia ningún testigo, despreocupado, insensible para con su propia situación incluso, inescrutable.
De Marchi no es partidario de reivindicarse a sí mismo, tampoco elige el burdo recurso de intentar dar pena, no se califica a sí mismo como "un viejito", tal como lo hicieran Barreiro y Losito. Sabe bien que las acusaciones son graves y las pruebas contundentes, y pese a eso sus gestos intentan demostrar que nada hace mella en su espíritu.
La actitud del ex-Capitán es la de alguien que interpreta todo como una batalla más de una guerra inconclusa, un Juego de Teg en el que la serenidad y la audacia cuando ésta fuera necesaria, son vitales, y nada de mostrar emociones al enemigo.
En una nota publicada en un diario local firma como P.G. (prisionero de guerra). Una especie de Sub-Teniente Hiroo Onoda, que pasó treinta años creyendo que la Segunda Guerra Mundial continuaba, sólo que nuestra versión local de Onoda quedó imaginariamente en "la guerra fría". Nunca explicó de quién es "prisionero de guerra" para poder deducir contra quien pelea, si es contra la democracia o solo contra las instituciones de la justicia.

Losito

Como siempre, el discurso de Losito tiene todos los matices que la oratoria aconseja. Está tan entusiasmado que no puede evitar ser vehemente; y expresa, con ese estado de ánimo, su "indignación e impotencia". "Es más fácil dividir un átomo que romper un prejuicio" dice, y explica a su público que "25 años de confusión generan el germen propicio para los enfrentamientos", en una frase a la vez premonitoria y amenazante.
Se queja de los golpes bajos a la familia de "supuestos testigos víctimas" que lo exponen al escarnio. Pero a renglón, seguido afirma que no cree que hayan mentido, "el problema es que ellos mismos creen esa historia que han venido a contar acá", afirma.
Adhiere al planteo de su defensor Gesino, quien hábilmente planteó que lo que se castiga en éstas causas es un símbolo (el genocida) y no la persona concreta. "Confío plenamente que el Tribunal no nos verá como un símbolo, sino como personas" dice.
El problema de éste planteo para Losito es que no hay heroicidad en la exculpación, ¿cómo se puede ser un héroe si ni siquiera se combatió?
Entonces afirma "combatí donde el Ejército me envió a hacerlo, y en el marco de lo más sagrado de la carrera militar: el estricto cumplimiento de las órdenes". La frase refiere a "otra guerra", por ejemplo la de Malvinas de la que formó parte, o es una extemporánea confesión de su implicancia en los hechos que se le imputan y que los considera parte de una "guerra sucia".
"Señores jueces, yo estoy convencido que ustedes saben que enfrente suyo no hay un delincuente, sino un soldado que ha formado, junto a su esposa, una familia educada en la moral cristiana" dice.
Concluye su elocuente discurso con un "ruego a Dios, que jamás se vuelva a repetir una guerra entre hermanos...", sin admitir, claro está, que esa "guerra" haya contado con sus servicios.
Queda solo dictar sentencia, y el Tribunal Oral Federal de Corrientes, fija ese momento histórico a las 12,00 hs. del 6 de agosto, fecha que será un hito en la historia de nuestra provincia. Atrás quedaron las palabras, después de mañana, nada será igual.

Fuente:

http://www.cpdhcorrientes.com.ar/index.html

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Juicios en Salta: Acusan a un transportista salteño de "facilitar" secuestros



Un delator suelto en la ruta


Ex empleados de La Veloz del Norte acusaron al dueño Marcos Levín de complicidad con la policía durante la dictadura.
Tres hombres que durante la dictadura trabajaban en La Veloz del Norte vincularon al dueño de la transportista con los policías salteños que los secuestraron. Según los testimonios que aportaron a la Justicia, los trabajadores fueron torturados para que se declararan culpables de una supuesta estafa a la compañía. En la causa se investiga el asesinato de Martín Cobos, en 1976.

En las tres declaraciones se mencionó el vínculo entre el dueño de la empresa, Marcos Levín, y el ex subcomisario Víctor Hugo Bocos –denunciado por torturas– quien "entraba y salía de la empresa como si fuera el dueño". "Lo que está claro es que, por lo menos, Levín les facilitó el movimiento dentro de La Veloz para secuestrar a trabajadores.

Una prueba de cómo accionaron las empresas como cómplices de la mano armada del terrorismo", denunció a Crítica de la Argentina Cristina Cobos, hermana de un joven asesinado y querellante. "Bocos entraba y salía de la empresa como si fuera el dueño. Cada vez que yo llegaba de hacer un viaje lo encontraba allí", testimonió el ex delegado gremial de La Veloz Víctor Manuel Cobos, ante el juez federal de Salta Miguel Medina. Junto a otros cinco trabajadores, Víctor Cobos fue secuestrado en diciembre de 1976 y llevado a la Comisaría 4ta de Salta, donde los torturaron una semana y los obligaron a firmar documentos en los que reconocían haber cometido un fraude contra la empresa.

Durante su cautiverio, Víctor Cobos reconoció a Bocos como el policía que en medio de los tormentos le advirtió que le iba a suceder "lo mismo" que a su hermano. Martín, de sólo 18 años, había sido asesinado tres meses antes –el 25 de septiembre– cuando un grupo de 15 personas entró a su casa en busca de Enrique, otro de los hermanos, militante de la Juventud Peronista.

"Tenían orden de llevarse o matar a alguno de la familia. Martín logró escaparse pero en la calle lo balearon", recuerda Cristina. En esa investigación, el juez Medina le tomó testimonio a los ex trabajadores de La Veloz. En su relato, Cobos también contó que supo que "abusaron de las azafatas de la empresa a quienes sometieron a vejámenes" y que hubo otros "detenidos torturados" a los que dejaron en libertad "a pedido de Levín porque si no se quedaban sin choferes".

El jueves pasado el que volvió a nombrar a Levín fue Juan Alberto Alonso. El ex empleado de 70 años ratificó la presencia constante de Bocos en la empresa. El ex policía Bocos declaró en la causa en octubre pasado como testigo y no como imputado. A diferencia de los testimonios que lo señalan como subcomisario, dijo que en 1976 era empleado de seguridad de la empresa y administrativo de la Comisaría 4ta. Levín nunca fue citado por la Justicia. Actualmente, es socio del Grupo Empresario La Veloz.


Fuente:

Martina Noailles

www.criticadigital.com

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"Los gobiernos sólo realizan lo que los pueblos piden con autoridad y firmeza" Scalabrini Ortiz