Los juicios se verán por TV


Tu condena será televisada

Acordada de la Corte Suprema. El máximo tribunal de la nación resolvió permitir “la difusión radial y televisiva” de los procesos contra los represores de la última dictadura. El escrito, celebrado por los organismos de derechos humanos, invoca el “derecho a la información”.

La Acordada que lleva el número 29/08, fue rubricada ayer por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Entre los principales argumentos La Corte esgrimió que “la publicidad del procesos constituye uno de las condiciones fundamentales de legitimidad de la administración de justicia” y que “es preciso garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía”.

El escrito deberá disciplinar al conjunto de los juzgados federales de todo el país, que hasta el momento resolvían si se televisaba o no de acuerdo a su propio criterio; lo que había generado el enojo de numerosas organizaciones de derechos humanos.

La resolución señala muy claramente qué tipo de cuestiones son las que podrán difundirse por los medios de comunicación. En ese sentido se permitirá hacer públicos los “actos iniciales del juicio”, “la discusión final: los alegatos” y la “lectura de la sentencia en su parte dispositiva y fundamentos”.

La Acordada de la corte, publicada desde hoy en su página oficial, fue celebrada por los organismos de derechos humanos. La agrupación H.I.J.O.S. emitió un comunicado donde se celabra “esta reglamentación, porque toda la sociedad tiene derecho a conocer qué pasó en la historia reciente del país y ver las caras de los asesinos”. Para H.I.J.O.S. “los Juicios a represores son por delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, es innegable el interés masivo por verlos, que contribuye al fortalecimiento de la democracia y al ejercicio de la memoria”.

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La causa Fábrica Militar sumó nueva querellante


Una nueva querellante en la denominada causa Fábrica Militar (Domingo Matheu) se presentó en la mañana de ayer en los Tribunales Federales, ubicados en Oroño al 900. Se trata de la ex detenida política Olga Moyano que realizó la presentación acompañada por los abogados de la agrupación Hijos Rosario: Ana Oberlin, Nadia Schujman y Lucas Ciarniello, además de distintas agrupaciones de derechos humanos y de ex detenidos políticos. La causa tiene como eje delitos de lesa humanidad en Rosario durante el terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura militar, ya que se comprobó que en la ex Fábrica Militar de Lagos al 5200 funcionó un centro clandestino de detención. En el marco de la presentación, Moyano destacó la necesidad de aunar esfuerzos entre los organismos de derechos humanos ante “un reflote en sectores de extrema derecha de la teoría de los dos demonios, que busca justificar su horrendo accionar para impedir la voluntad de la sociedad de justicia y juzgamiento del terrorismo de Estado”, advirtió.
En el marco de la causa “Jordana Testoni y otros” –que según explicaron los abogados tiene en común al mismo grupo operativo de la Quinta de Funes– Moyano se presentó como nueva querellante en los Tribunales Federales. Así, se sumó a Juan Rivero, Ramón Verón, Adriana Arce, y a la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tambien es querellante.
Como relató en su declaración testimonial, el 11 de abril pasado, cuando declaró en la causa, Moyano –quien además fue testigo en el juicio a las Juntas– contó que el día 11 de mayo de 1978 fue secuestrada al salir de su trabajo como enfermera del sanatorio Plaza, aproximadamente a la una de la madrugada, en la intersección de las calles Laprida y Mendoza.Unos hombres la obligaron a subir a un auto, la golpearon e inmediatamente le pusieron una capucha y le ataron las manos. Luego de dar algunas vueltas en el vehículo, la llevaron a un lugar donde la torturaron con picana eléctrica y golpes.Según el testimonio de la mujer, en este mismo lugar estaban detenidos también ilegalmente Ariel Morandi y Susana Miranda –ambos se encuentran desaparecidos–, a quienes conocía porque eran compañeros de trabajo.En el transcurso de la mañana de aquella jornada, antes del mediodía, se les notificó que serían trasladados a otra “repartición” y a Moyano le entregaron un papel con membrete de la Policía de Rosario. Luego fue llevada a un lugar donde compartió cautiverio nuevamente con los ya mencionados y también con Ramón Verón, Antonio Rivero, Adriana Arce e Hilda Cardozo. Según declaró, la tuvieron cautiva en ese sitio hasta agosto de 1978 y después fue trasladada al Batallón 121, donde se reencontró con Verón, Rivero y Arce, quienes habían sido llevados allí con anterioridad.Como siniestro colofón, Moyano relató que en ese lugar la obligaron a firmar una declaración que luego utilizaron en su contra ante un Tribunal Militar que la terminó condenando a dos años y medio de prisión. En enero de 1979 fue trasladada a la cárcel de Villa Devoto hasta el 20 de noviembre de 1980, cuando obtuvo la libertad.
En tanto, desde Hijos Rosario emitieron un comunicado donde se destaca que “este proceso de condenas a los genocidas, no sólo se juzga a los responsables de las desapariciones, las torturas y el robo de bebés, sino a los culpables de los más terribles crímenes cometidos contra nuestro país, como lo fueron la sumisión al poder financiero y a las compañías multinacionales, la deuda externa, la destrucción de la industria, y la imposición del actual modelo cultural de consumo e individualismo”.
Nota de diario El Ciudadano

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"Los gobiernos sólo realizan lo que los pueblos piden con autoridad y firmeza" Scalabrini Ortiz